CARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro anunció este jueves la suspensión de las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ordenó la salida de Venezuela de sus 13 funcionarios en un plazo de 72 horas.
El canciller Yván Gil comunicó que se inició una revisión exhaustiva de los términos de cooperación técnica establecidos en el acuerdo firmado en 2019 con la ACNUDH. Además, instó a los funcionarios de la oficina a abandonar Venezuela hasta que rectifiquen públicamente su postura, que el régimen venezolano calificó como colonialista, abusiva y contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», precisa un comunicado.
El hecho se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos en el país, particularmente tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, quien fue detenida y acusada de estar involucrada en un presunto plan para atentar contra la vida de Maduro.
En este sentido, el régimen de Maduro a la oficina de mantener «una postura claramente sesgada y parcializada» y de «generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados» contra la soberanía del país, así como contra su Constitución.
Asimismo, el texto precisa que las instituciones venezolanas priorizaron «la vía del diálogo», intentando «reconducir el accionar de la oficina» hacia «el respeto a la verdad», si bien ésta prefirió exacerbar «los ataques contra Venezuela».
ONU exige liberación de Rocío San Miguel
El martes, la ACNUDH expresó en su cuenta oficial en la red social X su profunda preocupación por la detención de Rocío San Miguel, señalando que su paradero era desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada, y exigió su liberación inmediata.
Antes de las declaraciones del canciller venezolano, la oficina del comisionado Volker Türk también emitió un comunicado en la misma plataforma, confirmando que el lugar de detención de San Miguel había sido identificado y que cuatro familiares habían sido puestos en libertad condicional. Sin embargo, reiteraron la necesidad de respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.
El fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó las acusaciones de violaciones al debido proceso y desaparición forzada, asegurando que San Miguel contaba con una orden de aprehensión desde enero y que su detención se realizó conforme a la ley.
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en torno al caso de San Miguel han generado una ola de condenas tanto dentro como fuera de Venezuela.
Maduro muestra «desesperación»
El opositor venezolano, Antonio Ledezma, señaló que el régimen de Maduro está demostrando signos de «desesperación» al expulsar a organismos internacionales como la ACNUDH. «Nunca antes había visto a los líderes del régimen tan desesperados, dando golpes sin sentido y cometiendo errores una y otra vez», expresó.
El líder opositor afirmó que la expulsión de la ACNUDH es un claro ejemplo del aislamiento de Maduro en la comunidad internacional. «Ya no queda duda alguna en ningún rincón del mundo de que el régimen de Maduro encarna la esencia de un Estado fallido, donde no existen instituciones independientes y se cierran las vías para una solución negociada y pacífica», declaró Ledezma.
Además, Ledezma criticó la hipocresía del régimen al buscar participar en organismos internacionales mientras incumple sus compromisos, refiriéndose al acuerdo de Barbados de 2023. «Son los mismos que buscan ocupar cargos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y van a foros internacionales a pedir audiencia, cuando en realidad ni siquiera cumplen los acuerdos que firmaron», señaló.
En cuanto al impacto de las sanciones internacionales, Ledezma sostuvo que el régimen de Maduro y sus aliados pueden sobrevivir gracias a su acceso a dólares y privilegios, mientras que la gran mayoría de los venezolanos sufre las consecuencias. «El 98% de la población no puede sobrevivir bajo las sanciones, a diferencia de aquellos que están alineados con el régimen», afirmó.
Por último, Ledezma denunció el uso indebido de los fondos obtenidos durante las flexibilizaciones de las sanciones. «Es importante que la gente sepa que, durante esta semana de flexibilización, Maduro pudo acumular miles de millones de dólares, pero en lugar de mejorar la situación del país, ese dinero se destinó a la corrupción y al fortalecimiento de los grupos de persecución política», concluyó.