La gobernanza criminal que se extiende por varias zonas de Venezuela le sirve de excusa a Nicolás Maduro para continuar con su estrategia de control político y territorial.
Hace dos semanas, mientras Maduro ascendía a 174 oficiales militares a los grados de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a solo 4,5 kilómetros del Palacio de Miraflores, la gobernanza criminal de la banda de Carlos Luis Revete, alias el Koki mostraba una parte de su poder de fuego.
La banda de alias el Koki afecta a un número significativo de personas. En concreto, los habitantes de siete parroquias están sometidos a su control. Se trata de las parroquias El Valle, La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan, Coche y San Pedro. En total en estas parroquias habitan 700.000 personas según los datos del último censo. Una parte significativa de estas personas tuvieron que desalojar sus casas en los últimos días como desplazados por el conflicto entre la banda de alias el Koki y otros grupos irregular.
Esta mega banda no surgió en 2021 como pretende hacer creer Maduro. Es un grupo delictivo que apareció en 2014 y se consolidó a través de un plan del Gobierno de Nicolás Maduro llamado “zonas de paz”. De hecho, en las siete parroquias que están bajo control de la banda se encuentra, entre otras sedes militares y policiales, la Comandancia General de la GNB, la Comisaría del CICPC de La Vega, la Comisaría de El Paraíso y Eje de Homicidios del CICPC, la Comandancia General de la Policía Municipal de Caracas, las entradas a las instalaciones militares de Fuerte Tiuna y la sede del SEBIN en el Helicoide.
A pesar de la cercanía con el Palacio de Miraflores y todas las sedes militares y policiales en la zona, la mega banda de el Koki ha extendido paulatinamente su gobernanza criminal.
Recompensa por el Koki
Como parte de las acciones “contundentes” asumidas por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro para tratar de disminuir el control de alias el Koki en la zona se anunció una recompensa de 500.000 dólares a quienes ofrezcan información que permita la captura de ese cabecilla y sus dos lugartenientes Carlos Calderón Martínez (alias Vampi) y Garbis Ochoa Ruiz (conocido con el remoquete del Galvis).
Además, la ministra de Interior y Justicia Carmen Meléndez prometió que los organismos del Estado “permanecerán en combate el tiempo que sea necesario” para enfrentar a las bandas armadas que operan en la Cota 905 y zonas aledañas.
Meléndez también insistió en asegurar que estos grupos “contaban con apoyo logístico, comunicacional y financiero, con el objetivo de causar el caos y afectar la estabilidad de Venezuela”. Días después, la policía política de Maduro arrestó al parlamentario Freddy Guevara acusándolo se ser parte de la mega banda de alias el Koki.
Paradójicamente la gobernanza criminal de el Koki se ha afianzado por la política de Maduro al crear las llamadas zonas de paz.
De hecho, en los últimos años se han hecho frecuentes las fotos con integrantes de la banda repartiendo comida, e incluso juguetes, a los habitantes de la Cota 905.
Además, ejerce cierto control sobre la venta de alimentos del programa estatal Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y es frecuentemente convocado por los habitantes de la zona para la resolución de conflictos vecinales, y evitar invasiones.
Armas y delitos de todo tipo
Desde 2014 a esta banda se le responsabiliza por delitos de extorsión, microtráfico de drogas, comercialización de alimentos regulados, secuestros, homicidios y minería ilegal a través de alianzas criminales con mega bandas en la zona del estado Bolívar.
Entre los armamentos que suelen utilizar se encuentran pistolas, fusiles AR-15, AK-47 y AK-103, FAL, granadas, RPG y Barret.
Según ha explicado en sus redes Andrei Serbin, director de CriesLac y consultor especializado en temas de política exterior, defensa y seguridad “que el régimen de Maduro diga que el Koki tenía apoyo de Colombia porque tenía fusiles colombianos es tan absurdo como Colombia diciendo que los que atentaron contra (Iván) Duque tenían apoyo venezolano porque usaron fusiles de la FANB”.
Después de analizar las fotos que circulan en redes sociales sobre las armas y municiones incautadas tras el operativo del gobierno de Maduro en la Cota 905, Serbei indicó que en las municiones incautadas se encuentran cajas de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que describió como “munición rusa reempaquetada”.
Serbin también destacó la fotografía de un lanzador RShG-2, que aseguró es parte de un lote de armas compradas recientemente por el gobierno venezolano.
“Estos los compró la FANB hace muy poco y solo para algunos grupos especiales. Tiendo a pensar que o lo han usado en este operativo, o plantaron el lanzador usado”, afirmó el especialista.
Adicionalmente se refirió al fusil en calibre .50 (12,7×99) “es un Barret M99. Es la opción de bajo costo que ofrece Barret para el mercado civil norteamericano siendo un fusil monotiro a cerrojo. Cuesta la mitad o menos que un Barret de primera línea como los M82, M107 o M95”.
Todo nace en las zonas de paz
Las zonas de paz fueron anunciadas en septiembre de 2013 por el Movimiento por la Paz y la Vida, una instancia perteneciente al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que coordinaba el viceministro José Vicente Rangel Ávalos.
Las primeras zonas de paz se crearon en el estado Miranda: cuatro municipios de Barlovento y seis de los Valles del Tuy. Actualmente hay zonas de paz en Miranda, Zulia, Táchira, sur de Aragua, Guárico y Gran Caracas.
El objetivo de las de zonas de paz era lograr la pacificación de bandas delictivas, mediante un pacto de no agresión. El gobierno de Maduro se comprometía a entregar recursos económicos y materiales de construcción a las bandas a cambio de la entrega de sus armas y la promesa de que los cuerpos de seguridad no entrarían a patrullar en las zonas de paz. Maduro entregó el dinero a cambio de las armas, pero estos recursos se utilizaron para comprar armamento de mayor poder de fuego, según explican especialistas en el seguimiento de seguridad ciudadana como la periodista Ronna Rísquez.
En esencia, las zonas de paz se han convertidos en territorios liberados que se utilizan para distintos tipos de negocios, incluyendo servir como refugio a delincuentes evadidos de las cárceles o solicitados por las autoridades. Así, que los grupos que dominan las zonas de paz terminan imponiendo normas a los residentes de las zonas que ellos controlan. Los “sometidos” son víctimas de cuatro controles básicos que se ejercen dentro de la gobernanza criminal: control territorial (es el espacio donde opera la organización), control económico (son los negocios ilícitos del grupo), control social (regulan la participación y conducta de las comunidades, además del suministro de algunos servicios), y control político-electoral (está referido a la influencia que ejercen estos grupos en los procesos electorales locales de algunos países).
El acuerdo de convivencia de la zona de paz de la Cota 905 fue interrumpido por la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017. A partir de 2017 se dio un nuevo acuerdo entre el gobierno de Maduro y la banda del Koki: La reducción de los secuestros y el control social de estas zonas, en momentos cuando se desarrollaba una ola de protestas contra el Gobierno.
Marcaje de municiones y armas
A través de un comunicado promovido por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y respaldado por una veintena de organizaciones de derechos humanos se indica que el Estado venezolano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana.
Según Provea las políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), sólo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento. Ante este fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía.
Por otra parte, “urge asimismo el control de porte de armas entre la población y realizar una investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales, situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos”.
Provea sostiene que es fundamental retomar las recomendaciones elaboradas durante el proceso de reforma policial y de la comisión para el desarme, en especial, el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles, fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas.
A pesar de toda la información pública disponible sobre la banda de alias el Koki, y el operativo policial de 48 horas en donde se incautó armamento y fueron abatidos, según la versión del gobierno de Maduro, 20 antisociales, los principales cabecillas de la banda se encuentran en libertad. No obstante, el gobierno de Maduro decidió apresar al diputado Freddy Guevara como “principal responsable” de dotar de armas y recursos a la mega banda de alias el Koki. Guevara es acusado por Maduro de asociación para delinquir, terrorismo y traición a la patria.
Fuente: Diario las Américas
Esta mega banda no surgió en 2021 como pretende hacer creer Maduro. Es un grupo delictivo que apareció en 2014 y se consolidó a través de un plan del Gobierno de Nicolás Maduro llamado “zonas de paz”. De hecho, en las siete parroquias que están bajo control de la banda se encuentra, entre otras sedes militares y policiales, la Comandancia General de la GNB, la Comisaría del CICPC de La Vega, la Comisaría de El Paraíso y Eje de Homicidios del CICPC, la Comandancia General de la Policía Municipal de Caracas, las entradas a las instalaciones militares de Fuerte Tiuna y la sede del SEBIN en el Helicoide.
A pesar de la cercanía con el Palacio de Miraflores y todas las sedes militares y policiales en la zona, la mega banda de el Koki ha extendido paulatinamente su gobernanza criminal.
Recompensa por el Koki
Como parte de las acciones “contundentes” asumidas por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro para tratar de disminuir el control de alias el Koki en la zona se anunció una recompensa de 500.000 dólares a quienes ofrezcan información que permita la captura de ese cabecilla y sus dos lugartenientes Carlos Calderón Martínez (alias Vampi) y Garbis Ochoa Ruiz (conocido con el remoquete del Galvis).
Además, la ministra de Interior y Justicia Carmen Meléndez prometió que los organismos del Estado “permanecerán en combate el tiempo que sea necesario” para enfrentar a las bandas armadas que operan en la Cota 905 y zonas aledañas.
Meléndez también insistió en asegurar que estos grupos “contaban con apoyo logístico, comunicacional y financiero, con el objetivo de causar el caos y afectar la estabilidad de Venezuela”. Días después, la policía política de Maduro arrestó al parlamentario Freddy Guevara acusándolo se ser parte de la mega banda de alias el Koki.
Paradójicamente la gobernanza criminal de el Koki se ha afianzado por la política de Maduro al crear las llamadas zonas de paz.
De hecho, en los últimos años se han hecho frecuentes las fotos con integrantes de la banda repartiendo comida, e incluso juguetes, a los habitantes de la Cota 905.
Además, ejerce cierto control sobre la venta de alimentos del programa estatal Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y es frecuentemente convocado por los habitantes de la zona para la resolución de conflictos vecinales, y evitar invasiones.
Armas y delitos de todo tipo
Desde 2014 a esta banda se le responsabiliza por delitos de extorsión, microtráfico de drogas, comercialización de alimentos regulados, secuestros, homicidios y minería ilegal a través de alianzas criminales con mega bandas en la zona del estado Bolívar.
Entre los armamentos que suelen utilizar se encuentran pistolas, fusiles AR-15, AK-47 y AK-103, FAL, granadas, RPG y Barret.
Según ha explicado en sus redes Andrei Serbin, director de CriesLac y consultor especializado en temas de política exterior, defensa y seguridad “que el régimen de Maduro diga que el Koki tenía apoyo de Colombia porque tenía fusiles colombianos es tan absurdo como Colombia diciendo que los que atentaron contra (Iván) Duque tenían apoyo venezolano porque usaron fusiles de la FANB”.
Después de analizar las fotos que circulan en redes sociales sobre las armas y municiones incautadas tras el operativo del gobierno de Maduro en la Cota 905, Serbei indicó que en las municiones incautadas se encuentran cajas de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que describió como “munición rusa reempaquetada”.
Serbin también destacó la fotografía de un lanzador RShG-2, que aseguró es parte de un lote de armas compradas recientemente por el gobierno venezolano.
“Estos los compró la FANB hace muy poco y solo para algunos grupos especiales. Tiendo a pensar que o lo han usado en este operativo, o plantaron el lanzador usado”, afirmó el especialista.
Adicionalmente se refirió al fusil en calibre .50 (12,7×99) “es un Barret M99. Es la opción de bajo costo que ofrece Barret para el mercado civil norteamericano siendo un fusil monotiro a cerrojo. Cuesta la mitad o menos que un Barret de primera línea como los M82, M107 o M95”.
Todo nace en las zonas de paz
Las zonas de paz fueron anunciadas en septiembre de 2013 por el Movimiento por la Paz y la Vida, una instancia perteneciente al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que coordinaba el viceministro José Vicente Rangel Ávalos.
Las primeras zonas de paz se crearon en el estado Miranda: cuatro municipios de Barlovento y seis de los Valles del Tuy. Actualmente hay zonas de paz en Miranda, Zulia, Táchira, sur de Aragua, Guárico y Gran Caracas.
El objetivo de las de zonas de paz era lograr la pacificación de bandas delictivas, mediante un pacto de no agresión. El gobierno de Maduro se comprometía a entregar recursos económicos y materiales de construcción a las bandas a cambio de la entrega de sus armas y la promesa de que los cuerpos de seguridad no entrarían a patrullar en las zonas de paz. Maduro entregó el dinero a cambio de las armas, pero estos recursos se utilizaron para comprar armamento de mayor poder de fuego, según explican especialistas en el seguimiento de seguridad ciudadana como la periodista Ronna Rísquez.
En esencia, las zonas de paz se han convertidos en territorios liberados que se utilizan para distintos tipos de negocios, incluyendo servir como refugio a delincuentes evadidos de las cárceles o solicitados por las autoridades. Así, que los grupos que dominan las zonas de paz terminan imponiendo normas a los residentes de las zonas que ellos controlan. Los “sometidos” son víctimas de cuatro controles básicos que se ejercen dentro de la gobernanza criminal: control territorial (es el espacio donde opera la organización), control económico (son los negocios ilícitos del grupo), control social (regulan la participación y conducta de las comunidades, además del suministro de algunos servicios), y control político-electoral (está referido a la influencia que ejercen estos grupos en los procesos electorales locales de algunos países).
El acuerdo de convivencia de la zona de paz de la Cota 905 fue interrumpido por la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017. A partir de 2017 se dio un nuevo acuerdo entre el gobierno de Maduro y la banda del Koki: La reducción de los secuestros y el control social de estas zonas, en momentos cuando se desarrollaba una ola de protestas contra el Gobierno.
Marcaje de municiones y armas
A través de un comunicado promovido por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y respaldado por una veintena de organizaciones de derechos humanos se indica que el Estado venezolano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana.
Según Provea las políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), sólo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento. Ante este fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía.
Por otra parte, “urge asimismo el control de porte de armas entre la población y realizar una investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales, situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos”.
Provea sostiene que es fundamental retomar las recomendaciones elaboradas durante el proceso de reforma policial y de la comisión para el desarme, en especial, el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles, fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas.
A pesar de toda la información pública disponible sobre la banda de alias el Koki, y el operativo policial de 48 horas en donde se incautó armamento y fueron abatidos, según la versión del gobierno de Maduro, 20 antisociales, los principales cabecillas de la banda se encuentran en libertad. No obstante, el gobierno de Maduro decidió apresar al diputado Freddy Guevara como “principal responsable” de dotar de armas y recursos a la mega banda de alias el Koki. Guevara es acusado por Maduro de asociación para delinquir, terrorismo y traición a la patria.
Fuente: Diario las Américas