El 17 de octubre se suspendió indefinidamente el proceso de negociación, que se desarrollaba en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Venezuela.
A partir de ese punto, Maduro intentó reiniciar el diálogo, para trasladar las conversaciones a Caracas e incluir en el proceso a sectores políticos que no cuestionan necesariamente su permanencia en el poder, pero que abiertamente se oponen a integrantes de la Plataforma Unitaria Venezuela, conformada principalmente por los partidos históricos de oposición y el Gobierno interino de Juan Guaidó.
No obstante, la invasión de Rusia a Ucrania y su impacto en el tablero geopolítico mundial aceleró los intentos de la administración de EEUU por acercarse a Maduro sin la intermediación de la oposición venezolana, poco efectiva en concretar los objetivos que se trazó en febrero de 2019 cuando Guaidó se juramentó como presidente interino del país hasta la celebración de nuevas elecciones presidenciales.
Antes de la suspensión del proceso en 2021 las delegaciones habían alcanzado dos acuerdos parciales.
Primero, las partes acordaron «la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba» y en segunda instancia «las partes acordaron la necesidad de rescatar y recuperar los activos pertenecientes a Venezuela, así como el dineros y riquezas que se encuentran en el exterior, necesarios para la recuperación económica en la post pandemia». Los recursos serían así destinados en materia de salud: dotación de hospitales, compra de vacunas contra el COVID-19, rehabilitación de hospitales, etc.».
Sin embargo, la visita de Juan González a Caracas, asistente especial del presidente Joe Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental, para reunirse con Maduro el 11 de marzo reactivó los esfuerzos por reanudar las conversaciones en México, al tiempo que se desactivó la estrategia de Maduro de controlar a los asistentes y los temas que se discutirán en el proceso que pensaba desarrollar en Caracas.
No obstante, encausar a Maduro en el proceso de México tiene un precio alto para la administración de Biden e incluso para la oposición venezolana, especialmente por las supuestas flexibilizaciones de sanciones impuestas a Venezuela como incentivos para que el chavismo regrese a la mesa de negociación promovida por Noruega.
Michael Penfold, profesor de políticas públicas y asociado del Wilson Center recordó en Twitter que los anuncios de flexibilización de sanciones “se dieron por filtraciones a medios internacionales. ¿Habrá algún anuncio formal que corrobore? Ojalá. La Casa Blanca ha guardado silencio. La Plataforma dijo que las solicitó y desmintió. La credibilidad pasa por internalizar los costos. No es banal (…) Un anuncio similar para Cuba lo hizo el mismo presidente Biden poco antes de Venezuela. En nuestro caso retractarse pareciera más costoso políticamente o quizás todavía rondamos la especulación. Igual el chavismo se da por enterado a través de las cableras y toma nota”.
Penfold sostuvo: “Afortunadamente tenemos la foto de (Jorge) Rodríguez y (Gerardo) Blyde. Histórica a mi juicio. Pero tampoco dice en qué consiste la oferta. Habla solo de conversaciones formales para restaurar el “espíritu” de México. En palabras llanas: un diálogo serio, pero todavía preliminar (…) Para mi queda claro que esa oferta será pública solo si hay negociación en México: todo condicionado a otra foto aún más importante allá en tierra azteca. Estamos en los albores, pero el asunto sigue entre Caracas y Washington. Los grandes términos están claros, pero aún faltan detalles”.
Aún se negocia en Caracas
Desde la fotografía con la que los jefes de los grupos negociadores de Maduro y la Plataforma Unitaria anunciaron el restablecimiento formal de las conversaciones, para acordar en cuáles términos se reanuda México, poco se ha avanzado públicamente.
Solo se conoce extraoficialmente que probablemente el nuevo proceso se de en dos etapas, comenzando en junio y culminando en octubre la primera fase, en la que se espera se aborden temas sociales y relacionados con la emergencia humanitaria compleja que sufre el país.
Según Penfold “para reanudar la negociación pareciera haber disposición -medidas unilaterales de ambas partes para que se restablezca México- pero el compromiso todavía es frágil: nadie entrega nada definitivo que los ate a ese proceso. El objetivo ahora es fortalecerlo para que dé resultados”.
En estas medidas unilaterales destacan las petroleras Eni, Repsol y especialmente Chevron.
Según informaciones de la agencia Reuters, el Departamento del Tesoro de EEUU se está preparando para renovar en los próximos días la licencia de Chevron Corp. para operar en Venezuela, pero probablemente sin los términos más amplios que la petrolera estadounidense buscaba.
En este momento se espera que la licencia se renueve tal como está o se devuelva a algunos de los términos que tenía en 2020, que no limitaban la perforación, el procesamiento o el envío de petróleo de Chevrón desde Venezuela”.
Esta nueva licencia le permitiría a Chevrón cobrar con cargamentos de crudo la deuda que Venezuela mantiene con la empresa y volver a invertir.
Esta posible flexibilización y la supuesta promesa -no confirmada oficialmente por EEUU- de levantar las sanciones que pesan sobre Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y extesorero de PDVSA, han incentivado al chavismo a retomar las conversaciones para regresar a México. Sin embargo, a la fecha ninguno de estos dos incentivos se ha materializado.
Adicionalmente Jorge Rodríguez, tras su reunión con el jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, indicó que espera que se tome en cuenta a Alex Saab -detenido en EEUU por blanqueo de capital- para cualquier acuerdo en el marco de la reactivación del diálogo.
Por ahora, la reanudación del diálogo en México depende de que se concreten las supuestas ofertas hechas por EEUU a Maduro, y que se conozca lo que se ha exigido a cambio al sector reformista del gobierno venezolano, que trasciende el hecho de regresar a la mesa de negociación.