No hay vuelta atrás para la investigación contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. El proceso avanza sin obstáculos pues, por ahora, los argumentos de la dictadura no son aceptados. Así lo deja claro el fiscal Karim Khan en la respuesta que da al régimen venezolano ante el intento de desestimar el proceso con «peticiones sin fundamento», tal como son calificadas en el informe fechado el 30 de marzo y que se dio a conocer este sábado.
Además de evidenciar que el Estado venezolano no ha investigado los delitos de lesa humanidad cometidos en el país, la CPI denuncia que, por el contrario, el régimen chavista puso en marcha un plan sistemático de ataque, encarcelamiento y tortura de opositores y al sociedad civil. El informe es contundente y no deja cabida a las interpretaciones:
«La comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) sistemática, y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales».
Los hechos denunciados por la Fiscalía del máximo tribunal internacional se habrían cometido al menos desde abril de 2017 en adelante, cuando –según señala el informe– «miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual incluida la violación».
Sin embargo, el documento aclara que la Fiscalía observa que «el alcance de la situación remitida a la Corte abarca presuntos delitos de competencia de la Corte presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014».
Entre la «amplia gama de actos criminales» detallados por la Fiscalía se incluyen «palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños al bienestar mental y físico».
Por los casos identificados de «gravedad suficiente» y al haber corroborado que el régimen «no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte», la Fiscalía justifica la adopción de nuevas medidas por parte de la Corte Penal Internacional, reiterando su solicitud de que «la Sala ordena reanudar la investigación sobre la situación de Venezuela», según se lee en el numeral 58 y último del informe.
De esta manera, el proceso avanza con un revés para la dictadura chavista que pretendía desmeritar al ente investigador, acusando al despacho del fiscal Karim Khan de supuestamente tener vínculos con organizaciones no gubernamentales, lo que se califica como señalamientos «sin fundamento» en el informe de la CPI.