CARACAS.- El dictador Nicolás Maduro calificó este jueves de «modelo colonial» las condiciones que otorga Estados Unidos para negociar crudo venezolano, las cuales prohíben pagos en dinero a empresas estatales del país caribeño.
«¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se puede llamar eso? Una burla a los países soberanos del mundo. Yo llamo a los países soberanos y a los gobiernos soberanos de América Latina y del Caribe a denunciar ese modelo colonial de la OFAC», criticó Maduro.
Estados Unidos impuso una batería de sanciones a Venezuela con las que buscó presionar la caída del dictador chavista, que incluyó la prohibición de comercializar petróleo de la nación caribeña desde 2019. Sin embargo, en medio de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, la Casa Blanca ha tenido acercamientos con Maduro y flexibilizado ese embargo.
La estadounidense Chevron recibió en noviembre una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para retomar operaciones en Venezuela, con la condición de que el dinero producto de las ventas sea utilizado para el pago de deuda que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene con el gigante energético. Antes, en marzo, empresas europeas como Eni y Repsol también recibieron luz verde para operar en el país caribeño con las mismas condiciones.
Trinidad y Tobago fue autorizado a desarrollar un proyecto gasífero con Venezuela «con condiciones específicas que deben ultimarse», según Puerto España.
Sanciones amenazan el diálogo
Recientemente, Maduro condenó «enérgicamente» la nueva ley aprobada el viernes por el Congreso estadounidense que prohíbe a las agencias federales norteamericanas hacer negocios con cualquier compañía que respalde a su dictadura.
El régimen de Maduro consideró que se trata de una norma «abusiva» que «demuestra, una vez más, el ensañamiento de sectores ultraconservadores y golpistas en la política estadounidense» en su intento de «derrocar al Gobierno venezolano y de dinamitar cualquier ruta posible al diálogo y a las relaciones constructivas entre ambos países», según precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen venezolano en un comunicado.
El Ministerio se refiere así a la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, Bolívar, por sus siglas en inglés, y que prevé sanciones para las empresas que mantengan tratos comerciales con Venezuela.
El ‘argumento’ del régimen de Caracas fue: «Este instrumento, contrario al derecho internacional y concebido desde los sectores extremistas de la política en Estados Unidos, vulnera la integridad del pueblo soberano de Venezuela así como la de las mismas empresas estadounidenses, al colocarlas en riesgo de ser penalizadas, de manera arbitraria, injusta e ilegalmente, al ejercer su derecho al libre comercio mediante contrataciones con el Gobierno Bolivariano».