Venezuela se encamina a ser un país sin ninguno de sus poderes públicos legítimamente constituido. La Asamblea Nacional electa en el año 2015 y presidida por Juan Guaidó culmina su mandato constitucional el 5 de enero de 2021 y la elección convocada por la cúpula que encabeza Nicolás Maduro para escoger un nuevo Parlamento, no solo ha sido desconocida por la oposición, también por los gobiernos de EEUU y los países integrantes de la Unión Europea que se han pronunciado en contra de la legitimidad de este evento y de los diputados que sean electos.
Según el más reciente estudio de la firma Datanálisis apenas 8,8% de los venezolanos dicen estar “muy dispuestos” a votar en los comicios parlamentarios que la autoridad electoral designada por Nicolás Maduro convocó para el 6 de diciembre.
A este grupo de venezolanos se le une un 25% que dice estar algo “dispuesto” a participar. En total, se trata de un potencial de participación de 34%, el más bajo del país de los últimos 10 años. En las elecciones parlamentarias del año 2010 acudieron a las urnas 65% de los electores habilitados para sufragar, mientras que en las elecciones parlamentarias del año 2015 ejercieron su derecho al voto 76% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral. Resultado de estos comicios salió electa por voto popular la actual Asamblea que preside Juan Guaidó.
A este grupo de venezolanos se le une un 25% que dice estar algo “dispuesto” a participar. En total, se trata de un potencial de participación de 34%, el más bajo del país de los últimos 10 años. En las elecciones parlamentarias del año 2010 acudieron a las urnas 65% de los electores habilitados para sufragar, mientras que en las elecciones parlamentarias del año 2015 ejercieron su derecho al voto 76% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral. Resultado de estos comicios salió electa por voto popular la actual Asamblea que preside Juan Guaidó.
La asistencia más baja
Si la disposición a participar se analiza por autodefinición política se encuentra que la gran mayoría de quienes están dispuestos a votar el 6D se identifican con el chavismo. Entre quienes se definen como revolucionarios o se identifican con la Revolución Bolivariana, la disposición a votar es de 88%, mientras que en el segmento de los independientes apenas alcanza 29%. Entre quienes se dicen opositores, solo 18% dice estar dispuesto a votar el 6 de diciembre.
Hay que remontarse hasta las elecciones parlamentarias del año 2005 para encontrar un nivel de participación tan bajo. En ese momento solo acudieron a votar 26% de los venezolanos inscritos para sufragar. En ese proceso no participaron los principales partidos de oposición que se retiraron de la contiendan por el sistema de sobre representación que le permitiría al partido de gobierno acumular mas cargos que votos y por las sospechas de que el secreto del voto podía ser vulnerado; a pesar que los técnicos acreditados por el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea no encontraron evidencia de que el sistema automatizado de votación podía develar por quién votaban los venezolanos.
Aunque la tesis principal de la oposición fue que la ausencia de las principales organizaciones políticas y la escasa concurrencia de votantes deslegitimaría al Parlamento electo en el año 2005, no ocurrió así. La Asamblea Nacional (sin representantes de la oposición) avanzó en la aprobación de leyes que blindaron el paso del chavismo como un gobierno de autoritarismo competitivo a un sistema totalitario.
Sin embargo, las condiciones políticas (nacionales e internacionales) de 2005 son muy diferentes a las de 2020. En aquel momento el chavismo y Hugo Chávez tenían el respaldo casi unánime de toda la región y de la Unión Europea; mientras en este momento el chavismo y Nicolás Maduro solo cuentan con el respaldo incondicional de los gobiernos de Cuba y Nicaragua y en menor medida del gobierno de Alberto Fernández en Argentina.
Sin condiciones
Primero Estados Unidos y después los países de la Unión Europea han expresado su rechazo a la realización de los comicios parlamentarios del de 6 de diciembre.
La Unión Europea intentó, incluso, que el régimen de Maduro aceptara posponer las elecciones al menos 6 meses. No obstante, este exhorto fue rechazado por el canciller de Maduro quien recordó que Venezuela invitó al bloque hemisférico a ser acompañante internacional de las elecciones y “ante la invitación que le hiciera formalmente el Poder Electoral (…) es lamentable que la Unión Europea responda con un pliego de condicionamientos con la pretensión de desconocer incluso taxativos mandatos constitucionales (…) lo que refleja la posición sesgada que tiene la Unión Europea sobre las condiciones del llamado a las urnas y es un acto inadmisible, que no se corresponde con el espíritu de la invitación realizada», expuso el representante del dictador para argumentar su negativa.
Según el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, el rechazo de Maduro a posponer las elecciones “solo empeorará la situación” en el país.
“El comunicado de prensa del régimen de Maduro en el que se niega a aplazar las elecciones, argumentando que no puede por mandato constitucional, solo sirve para empeorar la situación política en Venezuela”, explicó Borrell ante el Parlamento Europeo.
Acuerdo bipartidista en EEUU contra las elecciones
El pasado 20 de octubre el subsecretario Interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos, el embajador Michael G. Kozak, dijo que el ejecutivo norteamericano confía en que la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) no reconozca las elecciones a la Asamblea Nacional
“Estados Unidos espera que la OEA apruebe una resolución de condena y que no reconozca sus elecciones ilegítimas para el 6 de diciembre”.
Por otra parte los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL) y Bob Menéndez (D-NJ) presentaron una resolución en el Senado condenando los esfuerzos en curso por parte del régimen de Maduro de convocar las elecciones del 6 de diciembre.
La resolución bipartidista reconoce que de acuerdo con la constitución venezolana, y como presidente actual de la Asamblea Nacional, el presidente interino Juan Guaidó es el líder legítimo del país en ausencia de un presidente electo democráticamente en Venezuela. La resolución también denuncia los esfuerzos del régimen de Maduro por realizar elecciones fraudulentas y reafirma que la política de EEUU hacia Venezuela se basa en promover un proceso electoral democrático donde el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus líderes.
La resolución es patrocinada por los senadores Ted Cruz (r-TX), Dick Durbin (D-IL), Rick Scott (r-FL), Ben Cardin (d-MD) y Tim Kaine (d-VA).
“Nadie debe ser engañado: el objetivo de Maduro, a través de estas llamadas elecciones legislativas, es silenciar las voces de los integrantes de la Asamblea Nacional electa democráticamente”, dijo Rubio mientras el senador Durbin explicó: “Dos años después de unas elecciones desacreditadas, Maduro está impulsando otra elección fraudulenta para tratar de desmantelar la Asamblea Nacional, una de las últimas instituciones democráticas legítimas de Venezuela»,
No obstante, aunque existe consenso en EEUU y en la comunidad internacional en no reconocer los resultados del 6 de diciembre, a la fecha aún no es clara la posición que tomará la comunidad internacional sobre mantener o no el reconocimiento al Parlamento electo en el año 2015, aunque ese periodo constitucional culmine el próximo 5 de enero de 2021.
Por lo pronto, la mayoría de los analistas coinciden en que el Parlamento que busca imponer Maduro solo repetirá el error de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo colegiado que solo es reconocido por el propio grupo que permanece ilegítimamente en control del país y algunos de sus aliados, pero que no tiene presencia en el escenario internacional.
Desde la organización Acceso a la Justicia recuerdan que en más de tres años de labores, la Asamblea Constituyente ha destituido a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz e intervenido al Ministerio Público. Asimismo, ha designado al contralor general y al defensor del pueblo, con lo cual se ha arrogado funciones de la AN. También se ha inmiscuido en labores del Parlamento cuando ha dictado leyes cuestionadas como la que castiga al Odio, la de Precios Justos, Presupuestos y una amnistía; y ha levantado la inmunidad parlamentaria de veintidós diputados.
Pero este organismo no solo se ha inmiscuido en labores del Legislativo, sino también del Poder Electoral, pues ha convocado elecciones como las de gobernadores y alcaldes de 2017 y las presidenciales de 2018.
Además, suprimió las alcaldías Metropolitana de Caracas y Apure. En el caso de la capital, la decisión se tomó, pese a que el artículo 18 de la Carta Magna vigente señala que «una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda». Dicha ley la dictó la anterior Constituyente y ella creó la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
En 2018 se filtró un supuesto proyecto de Constitución, el cual recogía parte de las propuestas que el fallecido Hugo Chávez trató de incorporar a la Carta Magna en la fallida reforma constitucional que impulsó. Sin embargo, desde el oficialismo pronto se apresuraron a negar su veracidad. «No hay ningún proyecto de Constitución. Ideas sí hay, las comisiones están desplegadas en toda Venezuela, pero no existe nada plasmado», aseguró el presidente de la instancia, Diosdado Cabello.
Maduro necesita un nuevo Parlamento
A pesar de no contar con el aval internacional Maduro necesita un nuevo Parlamento. Según el informe de coyuntura política de la firma CarpeDiem correspondiente al mes de octubre “el intento de convertir al evento parlamentario del 6 de diciembre en una elección que permitiese iniciar el proceso de reinstitucionalización del país en el marco de un acuerdo político amplio con el aval de la Unión Europea fracasó momentáneamente”.
Este fracaso -se explica en el informe- implica que los comicios parlamentarios “terminarán repitiendo las consecuencias de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, convirtiendo al nuevo parlamento en una estructura que no le servirá al país y que, en caso de realizarse la elección, le rendirá muy pocos frutos a Nicolás Maduro (…) Maduro necesita legalidad y legitimidad internacional para avanzar en los siguientes temas: reformas económicas, entre las cuales se incluye la apertura en sectores energéticos y de industrias básicas, incentivos para inversiones en determinadas actividades, traspasos de activos hoy en manos del Estado, e incluso una nueva política tributaria”.
En el análisis de escenarios del informe se indica que “es previsible que en 2021 la crisis obligue a Maduro a avanzar en un escenario en donde el Estado disminuya su rol de empresario, pero manteniendo su línea de control social (…) El escenario ideal para Maduro era avanzar en estos cambios a través de una Asamblea Nacional con reconocimiento internacional, o al menos de la Unión Europea. Sin embargo, para obtener este reconocimiento era indispensable suspender las elecciones y ceder en puntos de honor sobre la organización de los comicios (…) No obstante, la posibilidad que puedan realizarse los comicios del 6 de diciembre aún es incierta. No porque Maduro esté dispuesto a ceder en la petición de posponer, sino por el posible colapso técnico del evento.
Fuente: Diario las Américas
Si la disposición a participar se analiza por autodefinición política se encuentra que la gran mayoría de quienes están dispuestos a votar el 6D se identifican con el chavismo. Entre quienes se definen como revolucionarios o se identifican con la Revolución Bolivariana, la disposición a votar es de 88%, mientras que en el segmento de los independientes apenas alcanza 29%. Entre quienes se dicen opositores, solo 18% dice estar dispuesto a votar el 6 de diciembre.
Hay que remontarse hasta las elecciones parlamentarias del año 2005 para encontrar un nivel de participación tan bajo. En ese momento solo acudieron a votar 26% de los venezolanos inscritos para sufragar. En ese proceso no participaron los principales partidos de oposición que se retiraron de la contiendan por el sistema de sobre representación que le permitiría al partido de gobierno acumular mas cargos que votos y por las sospechas de que el secreto del voto podía ser vulnerado; a pesar que los técnicos acreditados por el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea no encontraron evidencia de que el sistema automatizado de votación podía develar por quién votaban los venezolanos.
Aunque la tesis principal de la oposición fue que la ausencia de las principales organizaciones políticas y la escasa concurrencia de votantes deslegitimaría al Parlamento electo en el año 2005, no ocurrió así. La Asamblea Nacional (sin representantes de la oposición) avanzó en la aprobación de leyes que blindaron el paso del chavismo como un gobierno de autoritarismo competitivo a un sistema totalitario.
Sin embargo, las condiciones políticas (nacionales e internacionales) de 2005 son muy diferentes a las de 2020. En aquel momento el chavismo y Hugo Chávez tenían el respaldo casi unánime de toda la región y de la Unión Europea; mientras en este momento el chavismo y Nicolás Maduro solo cuentan con el respaldo incondicional de los gobiernos de Cuba y Nicaragua y en menor medida del gobierno de Alberto Fernández en Argentina.
Sin condiciones
Primero Estados Unidos y después los países de la Unión Europea han expresado su rechazo a la realización de los comicios parlamentarios del de 6 de diciembre.
La Unión Europea intentó, incluso, que el régimen de Maduro aceptara posponer las elecciones al menos 6 meses. No obstante, este exhorto fue rechazado por el canciller de Maduro quien recordó que Venezuela invitó al bloque hemisférico a ser acompañante internacional de las elecciones y “ante la invitación que le hiciera formalmente el Poder Electoral (…) es lamentable que la Unión Europea responda con un pliego de condicionamientos con la pretensión de desconocer incluso taxativos mandatos constitucionales (…) lo que refleja la posición sesgada que tiene la Unión Europea sobre las condiciones del llamado a las urnas y es un acto inadmisible, que no se corresponde con el espíritu de la invitación realizada», expuso el representante del dictador para argumentar su negativa.
Según el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, el rechazo de Maduro a posponer las elecciones “solo empeorará la situación” en el país.
“El comunicado de prensa del régimen de Maduro en el que se niega a aplazar las elecciones, argumentando que no puede por mandato constitucional, solo sirve para empeorar la situación política en Venezuela”, explicó Borrell ante el Parlamento Europeo.
Acuerdo bipartidista en EEUU contra las elecciones
El pasado 20 de octubre el subsecretario Interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos, el embajador Michael G. Kozak, dijo que el ejecutivo norteamericano confía en que la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) no reconozca las elecciones a la Asamblea Nacional
“Estados Unidos espera que la OEA apruebe una resolución de condena y que no reconozca sus elecciones ilegítimas para el 6 de diciembre”.
Por otra parte los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL) y Bob Menéndez (D-NJ) presentaron una resolución en el Senado condenando los esfuerzos en curso por parte del régimen de Maduro de convocar las elecciones del 6 de diciembre.
La resolución bipartidista reconoce que de acuerdo con la constitución venezolana, y como presidente actual de la Asamblea Nacional, el presidente interino Juan Guaidó es el líder legítimo del país en ausencia de un presidente electo democráticamente en Venezuela. La resolución también denuncia los esfuerzos del régimen de Maduro por realizar elecciones fraudulentas y reafirma que la política de EEUU hacia Venezuela se basa en promover un proceso electoral democrático donde el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus líderes.
La resolución es patrocinada por los senadores Ted Cruz (r-TX), Dick Durbin (D-IL), Rick Scott (r-FL), Ben Cardin (d-MD) y Tim Kaine (d-VA).
“Nadie debe ser engañado: el objetivo de Maduro, a través de estas llamadas elecciones legislativas, es silenciar las voces de los integrantes de la Asamblea Nacional electa democráticamente”, dijo Rubio mientras el senador Durbin explicó: “Dos años después de unas elecciones desacreditadas, Maduro está impulsando otra elección fraudulenta para tratar de desmantelar la Asamblea Nacional, una de las últimas instituciones democráticas legítimas de Venezuela»,
No obstante, aunque existe consenso en EEUU y en la comunidad internacional en no reconocer los resultados del 6 de diciembre, a la fecha aún no es clara la posición que tomará la comunidad internacional sobre mantener o no el reconocimiento al Parlamento electo en el año 2015, aunque ese periodo constitucional culmine el próximo 5 de enero de 2021.
Por lo pronto, la mayoría de los analistas coinciden en que el Parlamento que busca imponer Maduro solo repetirá el error de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo colegiado que solo es reconocido por el propio grupo que permanece ilegítimamente en control del país y algunos de sus aliados, pero que no tiene presencia en el escenario internacional.
Desde la organización Acceso a la Justicia recuerdan que en más de tres años de labores, la Asamblea Constituyente ha destituido a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz e intervenido al Ministerio Público. Asimismo, ha designado al contralor general y al defensor del pueblo, con lo cual se ha arrogado funciones de la AN. También se ha inmiscuido en labores del Parlamento cuando ha dictado leyes cuestionadas como la que castiga al Odio, la de Precios Justos, Presupuestos y una amnistía; y ha levantado la inmunidad parlamentaria de veintidós diputados.
Pero este organismo no solo se ha inmiscuido en labores del Legislativo, sino también del Poder Electoral, pues ha convocado elecciones como las de gobernadores y alcaldes de 2017 y las presidenciales de 2018.
Además, suprimió las alcaldías Metropolitana de Caracas y Apure. En el caso de la capital, la decisión se tomó, pese a que el artículo 18 de la Carta Magna vigente señala que «una ley especial establecerá la unidad político territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda». Dicha ley la dictó la anterior Constituyente y ella creó la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
En 2018 se filtró un supuesto proyecto de Constitución, el cual recogía parte de las propuestas que el fallecido Hugo Chávez trató de incorporar a la Carta Magna en la fallida reforma constitucional que impulsó. Sin embargo, desde el oficialismo pronto se apresuraron a negar su veracidad. «No hay ningún proyecto de Constitución. Ideas sí hay, las comisiones están desplegadas en toda Venezuela, pero no existe nada plasmado», aseguró el presidente de la instancia, Diosdado Cabello.
Maduro necesita un nuevo Parlamento
A pesar de no contar con el aval internacional Maduro necesita un nuevo Parlamento. Según el informe de coyuntura política de la firma CarpeDiem correspondiente al mes de octubre “el intento de convertir al evento parlamentario del 6 de diciembre en una elección que permitiese iniciar el proceso de reinstitucionalización del país en el marco de un acuerdo político amplio con el aval de la Unión Europea fracasó momentáneamente”.
Este fracaso -se explica en el informe- implica que los comicios parlamentarios “terminarán repitiendo las consecuencias de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, convirtiendo al nuevo parlamento en una estructura que no le servirá al país y que, en caso de realizarse la elección, le rendirá muy pocos frutos a Nicolás Maduro (…) Maduro necesita legalidad y legitimidad internacional para avanzar en los siguientes temas: reformas económicas, entre las cuales se incluye la apertura en sectores energéticos y de industrias básicas, incentivos para inversiones en determinadas actividades, traspasos de activos hoy en manos del Estado, e incluso una nueva política tributaria”.
En el análisis de escenarios del informe se indica que “es previsible que en 2021 la crisis obligue a Maduro a avanzar en un escenario en donde el Estado disminuya su rol de empresario, pero manteniendo su línea de control social (…) El escenario ideal para Maduro era avanzar en estos cambios a través de una Asamblea Nacional con reconocimiento internacional, o al menos de la Unión Europea. Sin embargo, para obtener este reconocimiento era indispensable suspender las elecciones y ceder en puntos de honor sobre la organización de los comicios (…) No obstante, la posibilidad que puedan realizarse los comicios del 6 de diciembre aún es incierta. No porque Maduro esté dispuesto a ceder en la petición de posponer, sino por el posible colapso técnico del evento.
Fuente: Diario las Américas