Un cambio económico sin cambio político puede estar en marcha en Venezuela. El desmantelamiento coyuntural del modelo económico chavista puede deberse a múltiples factores: agotamiento de la renta petrolera, impacto del COVID-19 y un efecto inesperado de las sanciones internacionales.
En la práctica, el régimen de Nicolás Maduro se ha visto forzado a comenzar un oscuro proceso de privatizaciones de empresas públicas, desregular coyunturalmente la economía y abrir el mercado interno.
El economista Víctor Álvarez, exministro de Industrias Básicas de los gobiernos de Hugo Chávez, insiste en que las sanciones internacionales, especialmente las impuestas a partir de 2017, han propiciado un viraje económico.
“El desmantelamiento del modelo estatista y rentista de Venezuela se le debe, y en parte fue acelerado, por las sanciones de Estados Unidos (…) Las sanciones tenían por fin estrangular financieramente al gobierno de Maduro, pero lo que vimos fue lo contrario porque su supervivencia lo obligó a abrirse a la inversión privada (…) La realidad está mostrando que se está migrando de un modelo estatista y controlador a uno de apertura y desregulación”, ha insistido Álvarez en diversas foros públicos.
Según el ex ministro de Industrias Básicas, si bien las sanciones han generado daños que afectan al país, también “han sido burladas”.
¿Sanciones impactan a los venezolanos?
Sin embargo, a pesar de la ilusión de apertura económica que ha creado el régimen, el impacto de las sanciones sigue en discusión.
Hasta la fecha el gobierno de EEUU, a través del Departamento del Tesoro, ha aplicado sanciones a 159 individuos y a varias instituciones públicas, incluyendo Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Banco Central de Venezuela y el Bandes entre otros.
Abraham F. Lowenthal, fundador-director del Diálogo Interamericano y del Foro Latinoamericano en el Wilson Center explica que, las sanciones “para inducir a Nicolás Maduro a dimitir han fracasado”. Sobre el reinicio de una agenda de negociación Lowenthal sostiene que esta estrategia “sólo podría tener éxito cuando un sector dominante del gobierno y una oposición en gran parte unificada, reconozcan que ninguno puede lograr sus objetivos centrales sin un genuino dar-tomar y compromisos dolorosos».
Para el economista Omar Zambrano las sanciones han generado un efecto diferente al pensando, aunque considera que es erróneo atribuirles un impacto directo en los venezolanos.
Zambrano recuerda que “existe relativo consenso” con relación a que la economía venezolana atravesaba una profunda crisis antes de 2017. “Para el momento en que se inicia este ciclo de sanciones, la economía venezolana tenía 14 trimestres consecutivos de contracción económica”.
Según ha explicado Zambrano el país se encontraba en caída libre antes de las sanciones, por esto es difícil distinguir “cuál pudo haber sido el efecto de estas medidas, si es que lo hubo”.
El economista considera que, si el Gobierno de Maduro “se vio obligado por las circunstancias a liberar la economía como respuesta a la presión ejercida por las sanciones, estaríamos en presencia de una consecuencia indirecta (y tal vez no prevista) de la política de sanciones”.
Los cambios a partir de 2017
Según los resultados de la investigación titulada: «Impacto de las Sanciones Financieras Internacionales contra Venezuela: Nueva Evidencia» a partir de agosto de 2017, se observa un aumento en las importaciones mensuales de alimentos en el orden de 44 millones de dólares; de la misma manera, las sanciones coinciden con el aumento de las importaciones mensuales de medicamentos de 21 millones de dólares.
En este análisis -del que Zambrano es coautor- se concluye que adicionalmente, a partir del punto de corte, se observó una disminución en la velocidad mensual de caída en las importaciones de alimentos en el orden de 6,5 millones de dólares por mes, y de las importaciones de medicinas en 5,8 millones de dólares por mes”.
También se concluye que a partir de las sanciones se observa una especie de “estabilización” en el consumo externo de bienes humanitarios esenciales.
Zambrano insiste en que la estrategia de sanciones “puede ser responsable -solo parcialmente- de la caída en la producción petrolera, pero no existe evidencia de que hayan tenido un efecto negativo sobre la disponibilidad de insumos humanitarios básicos como alimentos y medicinas. Todo lo contrario”.
En sus declaraciones Zambrano ha admitido que la identificación causal del estudio presentado puede estar “contaminada por la omisión de otro evento importante: la liberalización de la economía venezolana, que ha ocurrido luego del fin de los controles de precios, de cambios y la libre importación de bienes”.
Sobre este tema ha indicado que es posible “argumentar que el cambio de orientación de políticas del gobierno también puede ser consecuencia del endurecimiento de las sanciones, por lo que la importación de alimentos y medicinas sería consecuencia de las sanciones, al menos de manera indirecta”.
Revierten expropiaciones
En medio del debate público sobre el impacto de las sanciones en la población el gobierno de Maduro ha desarrollado un plan de privatización de empresas que en el pasado fueron expropiadas para pasar a control del Estado. En este caso, no se trata de devolver el control a los antiguos propietarios, sino de otorgarlos en su mayoría a los nuevos grupos económicos que han surgido en Venezuela durante la etapa de la llamada Revolución Bolivariana, y especialmente desde la llegada de Maduro al poder.
El Observatorio de Propiedad Privada de Cedice estima que entre los años 2005 y 2018 los gobiernos de Chávez y Maduro expropiaron 1.359 empresas.
El proceso de reprivatización del gobierno de Maduro se ampara en la Ley Antibloqueo, una Ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente a finales del año 2020, creada para “evadir las sanciones y estimular la inversión nacional y extranjera en el país”.
Con esta Ley se faculta a Maduro, y a su tren ministerial “a otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia”.
Además, la Ley define como “secreto y reservado” cualquier procedimiento, acto y registro de privatización de las empresas del Estado.
Lácteos Los Andes, centrales azucareros en el estado Portuguesa, Agropatria, Café Fama de América y Abastos bicentenarios son algunas de las industrias de producción de bienes y productos de consumo masivo que fueron expropiadas por el chavismo y ahora han sido vendidas a privados, todo en medio de la denuncia de un bloque por parte de la administración de Maduro, mientras avanza en un proceso de liberalización de la economía.
Fuente: Diario las Américas
“El desmantelamiento del modelo estatista y rentista de Venezuela se le debe, y en parte fue acelerado, por las sanciones de Estados Unidos (…) Las sanciones tenían por fin estrangular financieramente al gobierno de Maduro, pero lo que vimos fue lo contrario porque su supervivencia lo obligó a abrirse a la inversión privada (…) La realidad está mostrando que se está migrando de un modelo estatista y controlador a uno de apertura y desregulación”, ha insistido Álvarez en diversas foros públicos.
Según el ex ministro de Industrias Básicas, si bien las sanciones han generado daños que afectan al país, también “han sido burladas”.
¿Sanciones impactan a los venezolanos?
Sin embargo, a pesar de la ilusión de apertura económica que ha creado el régimen, el impacto de las sanciones sigue en discusión.
Hasta la fecha el gobierno de EEUU, a través del Departamento del Tesoro, ha aplicado sanciones a 159 individuos y a varias instituciones públicas, incluyendo Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Banco Central de Venezuela y el Bandes entre otros.
Abraham F. Lowenthal, fundador-director del Diálogo Interamericano y del Foro Latinoamericano en el Wilson Center explica que, las sanciones “para inducir a Nicolás Maduro a dimitir han fracasado”. Sobre el reinicio de una agenda de negociación Lowenthal sostiene que esta estrategia “sólo podría tener éxito cuando un sector dominante del gobierno y una oposición en gran parte unificada, reconozcan que ninguno puede lograr sus objetivos centrales sin un genuino dar-tomar y compromisos dolorosos».
Para el economista Omar Zambrano las sanciones han generado un efecto diferente al pensando, aunque considera que es erróneo atribuirles un impacto directo en los venezolanos.
Zambrano recuerda que “existe relativo consenso” con relación a que la economía venezolana atravesaba una profunda crisis antes de 2017. “Para el momento en que se inicia este ciclo de sanciones, la economía venezolana tenía 14 trimestres consecutivos de contracción económica”.
Según ha explicado Zambrano el país se encontraba en caída libre antes de las sanciones, por esto es difícil distinguir “cuál pudo haber sido el efecto de estas medidas, si es que lo hubo”.
El economista considera que, si el Gobierno de Maduro “se vio obligado por las circunstancias a liberar la economía como respuesta a la presión ejercida por las sanciones, estaríamos en presencia de una consecuencia indirecta (y tal vez no prevista) de la política de sanciones”.
Los cambios a partir de 2017
Según los resultados de la investigación titulada: «Impacto de las Sanciones Financieras Internacionales contra Venezuela: Nueva Evidencia» a partir de agosto de 2017, se observa un aumento en las importaciones mensuales de alimentos en el orden de 44 millones de dólares; de la misma manera, las sanciones coinciden con el aumento de las importaciones mensuales de medicamentos de 21 millones de dólares.
En este análisis -del que Zambrano es coautor- se concluye que adicionalmente, a partir del punto de corte, se observó una disminución en la velocidad mensual de caída en las importaciones de alimentos en el orden de 6,5 millones de dólares por mes, y de las importaciones de medicinas en 5,8 millones de dólares por mes”.
También se concluye que a partir de las sanciones se observa una especie de “estabilización” en el consumo externo de bienes humanitarios esenciales.
Zambrano insiste en que la estrategia de sanciones “puede ser responsable -solo parcialmente- de la caída en la producción petrolera, pero no existe evidencia de que hayan tenido un efecto negativo sobre la disponibilidad de insumos humanitarios básicos como alimentos y medicinas. Todo lo contrario”.
En sus declaraciones Zambrano ha admitido que la identificación causal del estudio presentado puede estar “contaminada por la omisión de otro evento importante: la liberalización de la economía venezolana, que ha ocurrido luego del fin de los controles de precios, de cambios y la libre importación de bienes”.
Sobre este tema ha indicado que es posible “argumentar que el cambio de orientación de políticas del gobierno también puede ser consecuencia del endurecimiento de las sanciones, por lo que la importación de alimentos y medicinas sería consecuencia de las sanciones, al menos de manera indirecta”.
Revierten expropiaciones
En medio del debate público sobre el impacto de las sanciones en la población el gobierno de Maduro ha desarrollado un plan de privatización de empresas que en el pasado fueron expropiadas para pasar a control del Estado. En este caso, no se trata de devolver el control a los antiguos propietarios, sino de otorgarlos en su mayoría a los nuevos grupos económicos que han surgido en Venezuela durante la etapa de la llamada Revolución Bolivariana, y especialmente desde la llegada de Maduro al poder.
El Observatorio de Propiedad Privada de Cedice estima que entre los años 2005 y 2018 los gobiernos de Chávez y Maduro expropiaron 1.359 empresas.
El proceso de reprivatización del gobierno de Maduro se ampara en la Ley Antibloqueo, una Ley aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente a finales del año 2020, creada para “evadir las sanciones y estimular la inversión nacional y extranjera en el país”.
Con esta Ley se faculta a Maduro, y a su tren ministerial “a otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia”.
Además, la Ley define como “secreto y reservado” cualquier procedimiento, acto y registro de privatización de las empresas del Estado.
Lácteos Los Andes, centrales azucareros en el estado Portuguesa, Agropatria, Café Fama de América y Abastos bicentenarios son algunas de las industrias de producción de bienes y productos de consumo masivo que fueron expropiadas por el chavismo y ahora han sido vendidas a privados, todo en medio de la denuncia de un bloque por parte de la administración de Maduro, mientras avanza en un proceso de liberalización de la economía.
Fuente: Diario las Américas