MIGUEL ÁNGEL MARTIN,
El régimen de Maduro sigue pasos firmes en su estrategia para alcanzar la legitimidad, y para ello sigue el patrón del grupo guerrillero “FARC” que lograba beligerancia porque el gobierno de Colombia lo reconocía en las negociaciones, con la diferencia que las FARC no era gobierno, y en el caso de Maduro es un gobierno de facto reconocido por el sector de la oposición.
La beligerancia lograda en Barbados
Hasta el momento el régimen ha conseguido actos de beligerancia por parte de la oposición venezolana cuando en sus acuerdos, como el ultimo celebrado en Barbados heredera de Republica Dominicana, se les acepta como “el gobierno”, lo cual origina que algunos países del occidente también lo reconozcan, más los intereses que rodean los negocios de oro y petróleo venezolano.
Debemos recordar que la gobernanza de Maduro descansa en una ilegitimidad, por unas elecciones presidenciales que no fueron reconocidas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varios países de la comunidad internacional, que declararon formalmente que las elecciones del 2018 no fueron honestas. Ahí comienza su pérdida de legitimidad cómo presidente de Venezuela. La mayoría de los partidos y movimientos de oposición decidieron no participar en las elecciones presidenciales del 2018, planteando una estrategia de sostener la distopia de un gobierno interino que terminó cuestionado por escándalos e irregularidades, sucumbiendo hoy en el desprestigio de quienes formaron parte, repito de esa distopia.
Después, en las elecciones nacionales del 2021 para elegir gobernadores, alcaldes y representantes de los cuerpos legislativos regionales y municipales, la mayoría de los partidos de oposición cambian su estrategia y deciden participar, regresando del exilio algunos diputados elegidos en el 2015, aspirando cargos de gobernadores y alcaldes. Aquí el régimen de Maduro logra darle una paliza a la oposición, que seguía sin entender que solo una alianza de partidos podría hacerle frente al régimen.
Este evento electoral marcó un hito para el Madurismo en su estrategia de lograr su legitimidad, ya que la oposición formal había entrado en el juego electoral y reconoció las instituciones controladas por el régimen y también reconoce los resultados electorales, pero debemos tener muy claro que Maduro no logra la legitimidad, que solo se obtiene de actuaciones dentro del marco de la democracia y por supuesto del Estado de derecho, lo cual no ha ocurrido, y en todo caso, solo alcanza tener beligerancia, entiéndase, reconocimiento como poder de facto.
Elecciones sin integridad
También se consolida la presencia de la Unión Europea cómo observador electoral, desplazando a la OEA, que ha venido asumiendo una posición firme exigiendo que las elecciones se deben realizar bajo los estándares de la democracia institucional. La experiencia de la Misión Especial de la Unión Europea produce un documento que contiene recomendaciones para “mejorar” las condiciones electorales en Venezuela, y este documento es utilizado por el Madurismo y la comunidad internacional cómo una guía para las próximas elecciones presidenciales, circunstancia que nos obliga hacer una revisión tangencial del mismo.
Anticipamos, que en este año 2024 se vence el periodo asumido de manera ilegitima por Maduro, y hasta la fecha transcurre sin las condiciones mínimas aseguradas, es decir, no hay integridad electoral, y el escenario país se encuentra agravado por la mala calidad de vida de la gente, frente a las elites del gobierno y una clase económica naciente alrededor del régimen.
La Misión Especial de la Unión Europea y las recomendaciones
En este orden, la Misión Especial presentó su informe final sobre las elecciones generales del 21 de noviembre de 2021, con 23 recomendaciones sobre posibles reformas en futuros procesos electorales del país, y aquí solo nos referimos a algunas de las recomendaciones.
La primera recomendación: “Reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral”. El Madurismo cambió la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, disminuyendo el número de los cargos de magistrado, y selecciona magistrados repitiendo viejos jueces del régimen e incorporando nuevos jueces con orígenes del partido de gobierno y sumisos al poder del régimen. Todo esto se ejecuta con el contubernio de diputados de la oposición, destacándose el vicepresidente del Comité de postulaciones judiciales (encargado de seleccionar los magistrados), el cual había formado parte de los diputados que seleccionaron a los magistrados elegidos en el 2017. Aunque parece un mal chiste, realmente vemos como algunos “opositores” pueden ser peor que los integrantes del régimen. Todo esto le sirve al régimen para vender que han cumplido con la recomendación de la Unión Europea y que tienen un nuevo poder judicial.
Era solo cuestión de tiempo para que estos pseudo magistrados demostraran su lealtad y sumisión al poder del régimen, y ello lo vemos en las actuaciones para inhabilitar aspirantes a cargos de elección, así como en sus discursos, por ejemplo en la apertura del año judicial en 2024, donde el orador de orden expone: “con la Constitución y el proyecto político bolivariano se cierra el proceso político que estaba convirtiendo al Estado venezolano en un Estado rehén, sometido a la voluntad de los grupos políticos transnacionales y nacionales muy poderosos”.
Como prueba de la sumisión también afirma: “Venezuela vive un conflicto entre dos bandos. El proyecto chavista que siempre se ha sustentado con el amplio apoyo y la legitimidad de los votos populares, por un lado; y por el otro lado, está el bloque opositor conducido por la clase dominante transnacional, dominada por los aparatos militares y diplomáticos de EE.UU. y Europa. Este bloque histórico está representado por los partidos políticos de oposición, los sindicatos patronales, la CTV, los medios de comunicación, la tecnocracia de Pdvsa, profesores, investigadores, lideres estudiantiles de la UCAB e IESA y otras universidades privadas, por el Grupo Cedice, Santa Lucia, Roraima, por el alto clero de la Conferencia Episcopal, el Opus Dei (…) las academias: la godarria”.
Mas claro imposible, la justicia en Venezuela sigue siendo la justicia chavista, cambiando solo los nombres de los abogados que han destruido el Estado de derecho, y no tienen reparo en comportarse como un bufete del régimen. En definitiva, no existe independencia del sistema judicial y no existen garantías jurídicas para que realicen elecciones con integridad. Nuestra advertencia es que no se ha cumplido con la recomendación de la Misión Especial de la Unión Europea.
Habilitaciones e inhabilitaciones con discrecionalidad
Otra recomendación: “Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa”.