El presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializó el inicio de conversaciones con la narcoguerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para un «proceso de paz» que se llevará a cabo en Caracas, teniendo entre los principales garantes a los dictadores Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y Nicolás Maduro, de Venezuela, con la «imparcialidad» de que el primero se negó a extraditar a Colombia a los cabecillas del ELN que protegió luego del atentado a la Escuela de Cadetes de Bogotá que dejó 23 muertos en enero de 2019, y el segundo ha permitido la presencia de esta organización terrorista en casi una veintena de municipios venezolanos.
Aún con el enorme prontuario de crímenes del ELN, el mandatario izquierdista decidió reactivar los diálogos a partir de noviembre como parte de su promesa de alcanzar la «paz total». Según lo anunciado, a las dictaduras de Cuba y Venezuela se suma Noruega como garante. Un proceso que, según Petro, «es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz».
Las organizaciones terroristas han demostrado que no cumplen lo acordado en diálogo estériles, y estos solo se traducen en impunidad. Ya ocurrió con el Acuerdo de Paz de La Habana, firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el cual solo permitió que esta narcoguerrilla se dividiera en dos facciones: una con curules garantizados en el Congreso y otra que, autodenominándose «disidencias», retomó las armas para seguir delinquiendo. Todo sin que haya habido reparación a las víctimas.
Delegación del ELN en Venezuela
La política de Petro respecto a los grupos guerrilleros era previsible. Durante la campaña, el exmiembro del M-19 recibió el apoyo de Comunes (antes partido FARC, que cambió su nombre para intentar borrar su pasado), mientras el ELN expresaba su respaldo a su fórmula para vicepresidente, Francia Márquez. Una vez llegó a la Casa de Nariño puso manos a la obra. Para mediados de agosto, con apenas una semana en el poder, anunció la suspensión de las órdenes de captura y extradición contra miembros del ELN.
Respecto a la nueva mesa de negociación, trascendió que una delegación del grupo terrorista que estaba en Cuba, llegó a Venezuela para «tomar decisiones frente a lo que sería un inminente proceso de negociación», según informó El Espectador. Por su puesto, el ELN aprovechó la ocasión para arremeter contra la pasada administración de Iván Duque, al responsabilizarlo «por burlar las obligaciones contraídas con el ELN y con la comunidad internacional».
Lo que el ELN evita mencionar es que aquellos «diálogos de paz» quedaron sin efecto cuando esta organización criminal ejecutó —y posteriormente admitió— el atentado con un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, que cobró la vida de 23 personas —incluido el atacante— y dejó más de 100 heridos. El entonces presidente Iván Duque canceló de inmediato las conversaciones y reactivó las circulares rojas de la Interpol contra 10 miembros que integraban la delegación en Cuba. El régimen de la isla se negó a entregarlos a la justicia colombiana.
El inocultable prontuario del ELN
El dictador venezolano Nicolás Maduro también busca su cuota política en estos nuevos diálogos con el ELN. Por ello se ofreció como «garante» desde que Petro asumió la Presidencia. Lo hace obviando investigaciones independientes que señalan sus vínculos con este grupo irregular, el cual tendría presencia en «19 de los 20 municipios venezolanos que limitan con Colombia», de acuerdo con InSight Crime.
Ni las FARC han dejado de delinquir después del Acuerdo de Paz de La Habana ni el ELN ha cesado sus actividades criminales. En diciembre de 2021, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, responsabilizó a las «disidencias» de las FARC y al ELN por un acto terrorista en el aeropuerto de Cúcuta que dejó tres muertos. Luego, en enero de este año, trascendió que ambas organizaciones retomaron el reclutamiento de menores en la frontera colombo-venezolana.
En pocas palabras, el nuevo proceso de negociación con el ELN que se llevará a cabo en Caracas por decisión del presidente Gustavo Petro no será otra cosa que la reedición del Acuerdo de Paz de Juan Manuel Santos con las FARC, el cual sin lugar a dudas derivará en los mismos resultados: impunidad, víctimas sin reparar y la guerrilla nuevamente en armas bajo la figura de «disidencias» divididas en facciones como la de ‘Gentil Duarte’ y la ‘Segunda Marquetalia’, mientras Estados Unidos saca a las FARC de la lista de terroristas y la prensa internacional se refiere a este grupo criminal como «extinta» guerrilla.