CARACAS/ESPECIAL./ El gobierno interino de Juan Guaidó fue privado de sus funciones, por encima de lo que ello pudiera representar para el futuro de Venezuela, pero el debate continúa en la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Alejados del día a día de los venezolanos, los argumentos de los diputados a favor de mantener o eliminar el gobierno interino, a la par de la administración de Nicolás Maduro, se centran en la defensa de los activos venezolanos que están congelados en el exterior, principalmente en EEUU, Portugal e Inglaterra.
Muchos preguntan si a acabar con el interinato de Guaidó facilitará que Maduro tome control de estos activos.
Desde la perspectiva de Guaidó y los diputados de Voluntad Popular, que trataron de mantener el gobierno interino, no existe duda que la decisión solo beneficia a Maduro.
Ellos sostienen que a partir del 5 de enero (momento en que desaparece legalmente el interinato) comenzará la pérdida de vigencia de todos los entes creados por el gobierno encargado desde 2019, incluyendo las juntas que supervisaban PDVSA y PDV Holding. En esta advertencia se incluye a la directiva de Citgo; además de eliminar el reconocimiento de la representación del gobierno encargado ante cortes y tribunales extranjeros donde se disputa la protección de activos.
Guaidó y sus respaldos políticos comparten la idea de que, con esta decisión, se pondrá fin de la titularidad reconocida al gobierno encargado sobre activos específicos, como el oro que se encuentra en Inglaterra.
Sin embargo, hasta ahora la decisión tomada por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional recibió el respaldo de EEUU, el principal aliado de la oposición venezolana.
Según el economista Leonardo Vera el riesgo que los activos en el exterior pasen a manos del gobierno de Maduro o de algunos de los múltiples acreedores de la República y de PDVSA está vinculado al reconocimiento político que reciba o no la Asamblea Nacional, que antes fue reconocida por más de 50 países.
Vera recuerda que los activos internacionales están representados primeramente por CITGO (un complejo refinador de crudo, que además es comercializador de productos derivados del petróleo) y por las 30 toneladas de oro mantenidas como depósitos por el Banco Central de Venezuela en el Banco de Inglaterra.
Pero, en segundo término, está dado por un conjunto de cuentas de mayor liquidez bloqueadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o protegidas en bancos en Europa y en las islas del Caribe, cuyo monto total no se conoce con exactitud.
¿Cuál es el riesgo real de que estos recursos sean controlados por Maduro? Según Vera es necesario mencionar “al menos tres elementos de juicio importantes para comprender que el riesgo ha sido exagerado”.
El economista sugiere que, en primer lugar, “vale señalar que la misma Asamblea Nacional de 2015 acaba de aprobar una reforma del estatuto que rige la transición a la Democracia”, donde se crea un Consejo de Administración y Protección de Activos, integrado por cinco miembros, entre los cuales se nombrará un coordinador.
Este consejo “tendrá entre sus atribuciones la administración de los recursos según lo que procede de acuerdo con esa ley. En consecuencia, hay una titularidad que puede ser perfectamente reconocida por aquellos que (por el momento) custodian esos activos”, añadió.
En segundo término, explicó Vera, “no parece haber una disposición clara y concreta ni del gobierno de EEUU, ni del Reino Unido, de reconocer al gobierno de Maduro, la titularidad de esos recursos”, en tanto que los motivos fundamentales para su no reconocimiento siguen presentes (el menoscabo de las garantías democráticas y de los derechos humanos).
Vera es enfático al afirmar que “son las decisiones políticas de estos dos gobiernos lo que, en definitiva, marcarían la pauta sobre el destino de los activos. En tanto que, bajo su jurisdicción, reposan la mayor parte de los activos de Venezuela”.
Decisión política
Analistas consultados por DIARIO LAS AMÉRICASsostienen que el traspaso de los activos sería una potestad política de los gobiernos, y mientras exista la posibilidad de desarrollar negociaciones, como las llevadas a cabo en México, la entrega sin condicionamientos o garantías de los activos de la nación al gobierno de Maduro o a los acreedores luce lejana.
Por otra parte, en el informe de coyuntura de la firma Carpe Diem se explica que en el contexto de la crisis social y humanitaria compleja “el Acuerdo número 2 de las negociaciones desarrolladas en México vislumbra un mecanismo internacional para que la oposición y el chavismo busquen una salida conjunta al problema de los activos”.
En este sentido se recuerda que las partes (Plataforma Unitaria y Gobierno de Maduro) han decidido actuar conjuntamente para tener acceso a los activos.
“Así que en la medida que la Plataforma Unitaria contribuya a fortalecer las negociaciones en México, estarán consolidando una fórmula que garantiza un mejor uso de los activos de la nación”, explicaron los analistas de la firma.
El Tesoro
Francisco Rodríguez, economista y profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Denver, explicó que aún es necesario que el Departamento del Tesoro de EEUU anuncie su decisión de reconocer a la Asamblea Nacional como interlocutor del Estado venezolano.
“La sección 25B de la Ley de la Reserva Federal (de EEUU) estipula que los activos de un Estado, en poder de la Reserva Federal, solo pueden ser manejados por un representante de tal estado extranjero certificado como tal por el secretario de estado de EEUU (…) Por lo tanto, la capacidad de los representantes de la Asamblea Nacional 2015 para manejar activos venezolanos dependerá de la voluntad del secretario de estado de EEUU de certificarlos como representantes de un Estado extranjero”.
Los integrantes de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional confían en que, este reconocimiento, ocurra en las próximas semanas.
Sin embargo, Rodríguez advierte que “el manejo de los litigios de PDVSA en el exterior puede hacerse más complejo. En estos casos, la Asamblea Nacional plantea nombrar una nueva directiva ad hoc de PDVSA. Pero esta directiva tendrá que obtener reconocimiento para representar a la compañía en las cortes de EEUU”.
En este caso, Rodríguez consideró que es “altamente probable que representantes, tanto de Maduro como de los acreedores, disputen la validez de estos nombramientos con el argumento de que no han sido nombrados por un gobierno de Venezuela reconocido como tal por EEUU (…) El problema tiene que ver con que las cortes estadounidenses han reconocido a la Junta Ad Hoc de PDVSA como válida dado el reconocimiento que EEUU hizo del gobierno interino como gobierno de Venezuela. No queda claro que harán lo mismo con nombramientos hechos por la Asamblea Nacional 2015”.
Desde su perspectiva, la Asamblea Nacional tiene que convencer a las cortes estadounidenses de que, para efectos jurídicos, es un gobierno con la autoridad para nombrar una directiva de PDVSA (…) Un problema similar emerge en el caso de la disputa por el oro en el Banco de Inglaterra, donde ha sido clave el reconocimiento del gobierno interino para que las cortes apoyen la posición del BCV ad hoc nombrado por la Asamblea Nacional”.