BOGOTÁ.- Un escándalo por el supuesto espionaje ilegal a magistrados de la Corte Constitucional salpica al gobierno de Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, negó este lunes usar los servicios de inteligencia para esos fines.
El fin de semana, la revista Semana reveló que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez interpuso una denuncia ante la Fiscalía porque presuntamente «organismos de inteligencia del Estado» interceptaron sus comunicaciones.
Petro negó esos señalamientos a través de la red social X: «Desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes», escribió.
Ibáñez asegura que algunos de sus magistrados auxiliares también han sido interceptados y no descarta que otros de sus colegas en la Corte Constitucional estén siendo igualmente afectados.
La Fiscalía anunció la apertura de una investigación ante las supuestas «chuzadas», como se les conoce en Colombia a las interceptaciones.
Control sobre la Corte
«Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos (…) por fuera de los marcos jurídicos», escribió Ibáñez en una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y filtrada por Semana.
En su defensa, Petro asegura que el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) «no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada». Sin embargo, la Presidencia anunció una «investigación interna».
La revista Semana asegura que un general le confirmó bajo anonimato «que tales interceptaciones sí se han hecho».
Las denuncias contra el gobierno ocurren en momentos que Petro insiste en la idea de convocar a una asamblea para modificar la Constitución.
Qué hay detrás de las «chuzadas»
La oposición asegura que el mandatario intenta saltarse el poder de los altos tribunales.
El expresidente Iván Duque (2018-2022), por ejemplo, sostiene que Petro quiere controlar la Corte Constitucional para que avale un cambio en la Carta Magna y así extender su mandato más allá de agosto de 2026. Actualmente la ley prohíbe la reelección.
En febrero, seguidores del gobierno bloquearon los alrededores la sede de la Corte Suprema de Justicia cuando sus magistrados debían elegir un nuevo fiscal general entre una terna presentada por el presidente. Los jueces del máximo tribunal denunciaron un «asedio» por parte de los manifestantes.
En el pasado, los servicios de inteligencia han sido señalados de «chuzar» a políticos de izquierda, representantes de organizaciones sociales, periodistas y también magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El posible espionaje resultaría una paradoja para Petro, pues en 2020 un tribunal determinó que el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) hizo escuchas ilegales en su contra entre 2006 y 2009, cuando era senador opositor.
Inspección
Este lunes se abrió un nuevo capítulo en otro escándalo por presunto espionaje del gobierno: La Fiscalía General Penal Militar y Policial informó en un comunicado que realizó una inspección judicial en la Casa de Nariño, la sede de gobierno en Bogotá.
Los agentes buscaron «material probatorio y evidencia física» en el marco de una investigación por las presuntas escuchas ilegales el año pasado a Marelbys Meza, niñera de la mano derecha del presidente, Laura Sarabia.
Tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia, Meza terminó interrogada con polígrafo en la sede presidencial y luego fue víctima de interceptaciones a sus conversaciones telefónicas, aparentemente con la venia del gobierno de Petro.
El Ejecutivo hizo uso de un informe falso de la policía que la vinculaba con narcotraficantes, según reveló la fiscalía a mediados de 2023. El caso sigue sin ser esclarecido.
Sarabia, quien fungía como jefa de gabinete de Petro, dejó su cargo semanas después de esas revelaciones, pero en febrero pasado fue nombrada al frente del Departamento de Prosperidad Social, una entidad que maneja un vasto presupuesto del Estado.