Antonio de la Cruz,
Hemos dicho basta y echado a andar,
con el fuego en el pecho, sin miedo al final.
Hemos dicho basta y echado a andar,
con el grito en el viento y la fuerza de amar.
Inspirado en la canción “Hemos dicho basta” de Tiemponuevo, 1971
En un régimen totalitario, el miedo es una constante. Sin embargo, la respuesta que se tiene ante él define la esencia de la resistencia. En Venezuela, la sociedad ha aprendido a transformar el miedo en acción, mostrando una resiliencia que ha sido clave para mantener viva la lucha democrática. Luego del triunfo de Edmundo González Urrutia en las urnas el pasado 28 de julio, la represión ha alcanzado niveles sin precedentes, con más de 1.400 detenidos y más de 2 decenas de muertos. Ahora ni siquiera es que sean aprehendidos en la calle por reclamar sus derechos; el desespero ha hecho que encapuchados y sin orden alguna vayan a las casas de los testigos electorales y los secuestren para tratar de acallar una verdad que los atormenta. Pues bien, sorprende que en lugar de replegarse, como sería lógico en un entorno tan hostil, los ciudadanos que aspiran a un cambio (70% del país) han plantado esta vez cara a los violentos y han actuado con inteligencia, con estrategias que han tomado a aquellos desprevenidos. ¿No tienen miedo los venezolanos? Claro que sí, pero no han permitido que los paralice.
Ante la nueva crisis presidencial que ha captado la atención internacional se vuelven a retomar las negociaciones para buscar una solución. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, el optimismo que rodea estas conversaciones es cauteloso, y por buenas razones. La participación de los gobiernos de México, Brasil y Colombia, así como de Estados Unidos, ha sido clave en esta nueva negociación, pero los resultados concretos siguen siendo esquivos. Nicolás Maduro ha traicionado los acuerdos desde 2014, ganando tiempo para seguir en el poder.
Entonces, es esencial examinar el contexto y las dinámicas en juego para comprender por qué esta vez no se han logrado cambios significativos hasta ahora. Primero, la falta de independencia judicial en Venezuela ha sido un obstáculo insuperable. Informes de la ONU y la Corte Penal Internacional han documentado sistemáticamente la colusión entre jueces y fiscales. Lo que socava cualquier intento de resolver la crisis de legitimidad de origen mediante un dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta realidad plantea preguntas fundamentales sobre la efectividad de las negociaciones si el sistema judicial al que recurrió Maduro luego de haber sido proclamado ganador el 29 de julio en la madrugada está corrompido hasta la raíz.
Además, la comunidad internacional debe reconocer que, en esta oportunidad, la crisis en Venezuela no es simplemente un caso de fraude electoral, sino que tiene todas las características de un golpe de Estado a la soberanía popular. Esta distinción es crucial porque cambia el enfoque de la solución: no se trata solo de repetir elecciones bajo supervisión internacional o conformar un gobierno de coalición, como propuso el presidente de Brasil, Lula da Silva, sino de restaurar el orden democrático y constitucional en un país donde se ha concentrado todo el poder en manos de una banda criminal que ocupa Miraflores.
La Organización de Estados Americanos, aunque ha tenido un papel activo, enfrenta un desafío significativo dado que el régimen de Maduro ha rechazado su legitimidad. A pesar de ello, la OEA tiene una responsabilidad clara y legal de hacer cumplir la Carta Democrática Interamericana, un compromiso que va más allá de la mera pertenencia formal de un país a la organización. Este marco jurídico internacional impone obligaciones a todos los Estados miembros, y su incumplimiento no debe ser tolerado, independientemente de las maniobras diplomáticas del régimen venezolano.
La postura de países clave como Brasil y Colombia también debe ser reevaluada. Si bien han participado en las negociaciones, lo han hecho más como acompañantes que como verdaderos facilitadores. Esta postura pasiva podría tener consecuencias devastadoras, no solo para Venezuela sino también para la región, dado el potencial aumento de la migración masiva si la crisis política no se resuelve -más del 40% de los venezolanos piensa en emigrar, según la más reciente encuesta de Meganálisis-. Es imperativo que estos países comprendan que la estabilidad regional está en juego y que asumir un papel más activo en la defensa de la democracia en Venezuela no es solo un deber moral, sino también un interés estratégico.
Asimismo, la administración Biden-Harris debe recalibrar la política de sanciones. Ante la decisión de Maduro de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, incluso derramamiento de sangre, las medidas deben ser aplicadas por las democracias de Occidente, a tenor de las que impusieron a Rusia cuando invadió a Ucrania, desde sacarlo del sistema SWIFT hasta suspender la compra de crudo de sangre. Las exportaciones de petróleo de Venezuela son insignificantes, en el suministro mundial equivalen a 0,7% y de las importaciones totales de Estados Unidos 2,6%; y en cuanto a la producción mundial corresponde el 0,8% y del total de Estados Unidos 6%. Pero para el régimen de Maduro las divisas por exportaciones son indispensables para mantener el aparato represivo y el control social de la población.
Otra acción fundamental que contribuye con la presión al régimen a aceptar los resultados del 28 de julio es que de una vez por todas el fiscal de Corte Penal Internacional emita órdenes de detención contra los responsables de los presuntos crímenes de lesa humanidad porque, con este ejemplo, las fuerzas armadas no obedecerían la orden de reprimir un pueblo sin armas que reclama la validez del triunfo de Edmundo González Urrutia.
Cabe destacar el papel de los militares en este contexto. El hecho de que permitieron la entrega de las actas electorales al cierre de las mesas sugiere que hubo desobediencia de los miembros del Plan República a la orden impartida por el CNE de retenerlas, lo que evidencia un quiebre en el apoyo militar a Maduro. Esto indica que hubo fisuras en el supuesto apoyo monolítico a Maduro esa noche y podría ser un indicio de que un importante sector castrense está del lado de la soberanía popular. Y la comunidad internacional debe estar atenta a estas señales para apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela.
Por otro lado, uno de los logros más significativos de este proceso electoral ha sido la superación de la polarización. La sociedad venezolana, que durante años estuvo dividida en partes más o menos iguales, ha encontrado un punto de unión en su deseo de libertad, 7 de cada 10 venezolanos. Este proceso es crucial para la reconstrucción de la democracia en Venezuela. La creación de un movimiento transversal, de abajo hacia arriba, que rechaza la humillación y se cohesiona en torno a valores universales como la dignidad humana y la igualdad ante la ley, ha sido clave para este logro.
La presión internacional, aunque necesaria, no es suficiente. Es crucial que la oposición mantenga una narrativa unificada y precisa. En el pasado, la diversidad de voces ha llevado a mensajes contradictorios, debilitando su capacidad para movilizar tanto a la comunidad internacional como a la población interna. Ahora, con un liderazgo cohesionado alrededor de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, existe una contra-narrativa poderosa que desafía la propaganda del régimen de Maduro y está movilizando tanto a los venezolanos como a los actores internacionales en la lucha por la restauración democrática.
En conclusión, la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada crítica en su respuesta a la crisis venezolana que ha alcanzado un punto álgido, en el que las dinámicas internas y externas se entrelazan en un complejo entramado de legitimidad, resistencia y poder. Las negociaciones actuales, aunque necesarias, deben ir acompañadas de una comprensión profunda de las dinámicas internas del país y de un compromiso firme con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Occidente debe asumir un papel más activo y decisivo, reconociendo que la crisis nacional no es solo un problema electoral, sino una manifestación en rechazo de un golpe de Estado a la soberanía popular, que requiere una respuesta integral y coordinada. La estabilidad de la democracia en la región y la dignidad del pueblo venezolano dependen de ello.