CARACAS.- Al menos 106 presos políticos recluidos en calabozos policiales en el estado Apure, en el centro occidente de Venezuela, son obligados a someterse a extorsiones y pagar hasta 15,000 dólares a personal del sistema de justicia regional para no ser trasladados a cárceles de máxima peligrosidad, denunció la periodista Sebastiana Barráez, con base en informes de ONG.
Además, a todos los detenidos se les impide designar abogados de confianza, violando su derecho a la defensa, y se les obliga a aceptar a la defensora pública Ana Karina Ramírez, a quien se señala como “pareja sentimental” del subjefe del SEBIN en Apure.
Ya 19 de estas personas apresadas por las protestas contra el fraude electoral desde el 29 de julio pasado, fueron llevadas a las peligrosas cárceles de Tocuyito y Tocorón, ubicadas en el centro del país. Entre estos hay 15 mujeres.
“Todos los presos políticos han sido víctimas de un círculo corrupto de la justicia en el que participan jueces de Control, fiscales del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y ministerio del Servicio Penitenciario”, según Barráez.
“Los carceleros entre quienes estarían jueces, fiscales, defensores y policías tendrían una red de sobornos, tortura, trato cruel inhumano y degradante hacia los privados de libertad de forma arbitraria”, informó la periodista basada en el reporte de la ONG “también perseguida”, pero de la que se reservó el nombre.
Presos políticos, coacción y pago en dólares
Entre las 15 presas políticas se encuentra la abogado María Isabela García, una docente que fue coordinadora de Educación y militante del partido Primero Justicia (PJ), además de miembro del voluntariado de Mujeres con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en Elorza, según la denuncia de Bárraez.
A García, recluida en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana, le imputaron delitos de terrorismo e incitación al odio por administrar un grupo de Whatsapp, pero según la ONG ese chat por la plataforma es “solo una excusa”, dijo Barráez. La coaccionaron para que grabara un video de inculpación, pero estaba tan nerviosa que no pudo grabarlo.
Otro caso emblemático, citado por Barráez, es el del gerente de una estación de gasolina en Apure, quien fue detenido también por las protestas poselectores y procesado por terrorismo.
“Rubén ha pagado 15,000 dólares porque lo amenazaron con trasladarlo a Tocorón; sigue detenido en San Fernando de Apure”, dijo la periodista.
El régimen de Venezuela ha sido denunciado por la represión sin precedentes, de acuerdo con el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos en el país de las Naciones Unidas, y por violaciones graves de los derechos huamanos que procesa el fiscal ante la CPI, Karim Khan.