domingo, diciembre 22, 2024
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Más de 400 médicos denuncian ante la ONU a la Seguridad del Estado de Cuba por esclavitud

«El mundo ha consentido la esclavitud en más de 60 países con las misiones de internacionalización de Cuba. No se puede cambiar salud por esclavitud. El mundo debe reaccionar». Así de contundente se muestra Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, cuando se refiere a la violación de los derechos humanos que sufren los médicos y los profesionales -deportistas, profesores, ingenieros…- que forman parte de las mencionadas misiones creadas por el Gobierno de Cuba en la década de los años 60 del siglo pasado, y que siguen operando en numerosos Estados.
Unas misiones que en los últimos meses se han hecho mundialmente famosas debido al envío, por parte del Gobierno cubano, de brigadas de médicos a países cuyos sistemas sanitarios se han visto superados por la pandemia del Covid-19. Fotos de decenas de médicos, rodeando la imagen de Fidel Castro, fundador de las misiones y también de las brigadas «Henry Reeve», han llenado las páginas del Granma, periódico oficialista de la isla, y los espacios de la televisión estatal; pero también se han hecho eco de ellas medios internacionales que han creído ver en estas brigadas un gesto altruista y de solidaridad del régimen cubano. Algo que, según informes y denuncias de numerosos organismos internacionales defensores de derechos humanos -Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU, Prisoners Defenders-, está muy lejos de ser así.
El año pasado Prisoners Defenders ya denunció ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional los abusos del Gobierno cubano hacia estos colectivos profesionales, que viven bajo un régimen de esclavitud. Meses después, la ONU, tras analizar las pruebas y testimonios presentados, calificaba las actividades de estos profesionales médicos como «trabajos forzosos» al servicio del régimen cubano.

En aquella denuncia se recogían abusos como el reclutamiento casi forzoso de los médicos (un 70% de los testimonios recogidos entonces así lo afirmaba, y los de ahora se ratifican en ello), que no podían rechazar por miedo a las represalias; el control dictatorial de su vida en los países a los que iban a trabajar (retirada del pasaporte, sin contrato o sin tener una copia de él en caso de realizarse, horarios extenuantes, prohibición de relaciones personales con ciudadanos del país anfitrión, obligación de acudir a reuniones del partido comunista y de proselitismo del castrismo en su entorno); la obligación de manipular los datos para mejorar las estadísticas de la atención a pacientes y el uso de medicamentos muy costosos, la prohibición de dejar las misiones, castigado por ley con 8 años de exilio, sin posibilidad de ver a sus familias y de ejercer su profesión…; así como la retención, por parte del Gobierno cubano, de entre el 75 y el 90% de los salarios pagados por las países anfitriones a los médicos.
Ahora, la ONG Prisoners Defenders ha presentado una ampliación de aquella denuncia ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional que incluye «más de 600 testimonios de los que más de 400 han delegado en nosotros para denunciar en su nombre a la Seguridad del Estado de Cuba por la esclavitud a las que les somete. La denuncia es masiva», asegura a ABC Javier Larrondo. «Presentamos más contratos, convenios y pruebas de las barbaridades jurídicas y violaciones de derechos humanos que rubrican tales documentos. Demostramos que ninguna misión de Cuba es solidaria».
El documento recoge 622 testimonios de profesionales sanitarios que han trabajado en 29 países. De ellos, 405 están protegidos por miedo a las represalias contra los familiares que continúan en la isla; mientras que 217 son públicos. El número mayor de testimonios proceden de profesionales que estuvieron en misiones en Venezuela, seguidos de Brasil, donde el presidente Bolsonaro acabó con el programa por el abuso al que eran sometidos; Bolivia, Haití, Arabia Saudí y Guatemala. También se incluye alguno de Sierra Leona, Sudáfrica, Angola, Ecuador e incluso España. En total, han sido monitorizado, a través de estos testimonios la gestión de estas misiones en 29 países. Estos testimonios vuelven a rubricar los abusos denunciados en el primer informe presentado ante la ONU y la CPI.

Países cómplices

En el nuevo texto, de más de 400 páginas, PD desmonta la respuesta que el Gobierno cubano dio la ONU tras la primer denuncia. De manera reiterada, el régimen desmiente el componente económico de sus misiones, que año tras año han sido su principal fuente de ingresos (triplica los del turismo), llegando a ingresar en en 2018 alrededor de 8.500 millones de dólares. Y presume de que su Gobierno es el que asume los gastos en aquellos países anfitriones que no tienen medios para pagar los servicios de las brigadas de médicos cubanos. Algo que no sería realmente así, según la información recabada por PD. «Cuando el país hospedante es pobre, Cuba va sólo si un país tercero, como Noruega, Luxemburgo o Portugal (este último con fondos europeos de cooperación), paga una millonada por los médicos, de lo que Cuba confisca el 85% de media. Hay países en Europa que, sin saberlo y posiblemente con las mejores intenciones, están sufragando la esclavitud. Hemos analizado las violaciones en más de 29 países, con todo detalle, gracias a toda la documentación inédita conseguida», señala Larrondo.
Estos documentos convierten en cómplices de esclavitud a países europeos, sin siquiera saberlo ellos, lo que supone una aberración en el siglo XXI. Un aspecto que la ONG Human Rights Watch denunció el pasado mes de julio, reclamando a los gobiernos de los países anfitriones, que estaban recibiendo brigadas de médicos cubanos con motivo de la pandemia, que exigieran cambios en las condiciones laborales de estos profesionales. «El mundo ha consentido la esclavitud en más de 60 países con las misiones de internacionalización de Cuba. No se puede cambiar salud por esclavitud. El mundo debe reaccionar. Hay que buscar formas solidarias para cubrir la salud, porque hay países que hay que cuidar y ayudar. Sus ciudadanos no viven en estados de bienestar como España. Pero no con esclavitud».
La mayor prueba de esta violación de derechos continuada estaría en las propias leyes cubanas: el artículo 135 del Código Penal, o la Resolución 168 del MINCEX. «Cualquier persona que los lea, sentirá nauseas. Pero, además, Cuba firma Convenios con países, como Guatemala, que dicen explícitamente que Guatemala jamás contratará ni durante ni después del Convenio a ningun colaborador cubano que haya dejado cualquier misión cubana del mundo. Es un mundo orwelliano, dantesco, una persecución draconiana sobre los médicos cubanos», subraya el presidente de PD. Pero son los 622 testimonios del texto remitido a Ginebra y a La Haya «la guinda final necesaria para corroborar que todo el esquema se ejecuta sobre decenas de miles de personas».

Reunificación familiar

El objetivo de esta ampliación de la denuncia presentada en 2019 no sería otro que erradicar la esclavitud en dichas misiones, pero también que Cuba «permita a las 40.000 personas a las que prohibió volver a entrar a la isla, por dejar una misión, hacerlo de forma regular, como turistas, que además generen ingresos en la isla. La reunificación familiar de esos hijos y padres que no se ven desde que los primeros eran muy pequeños». Familias que se quedan en la isla y que también sufren las consecuencias de la represión después de que sus padres hayan abandonado las misiones, ya que el régimen los considera «traidores a la patria». Este exilio forzoso llevó a miles de médicos a crear la plataforma «Nosomosdesertores», desde la que denuncian su dramática situación familiar y personal.
Según el informe, en la actualidad hay entre 5.000 y 10.000 padres que no pueden ver a sus hijos durante un periodo de ocho años.
Esta segunda denuncia presentada por PD llega en un momento en el que la pandemia del coronavirus ha obligado a muchos países a aceptar la ayuda de Cuba y sus misiones médicas. Lo que ha supuesto una campaña de propaganda gratuita y muy beneficiosa para el régimen cubano. Cuestionar estas misiones médicas en un momento tan sensible para la población se presentaba quizá como un obstáculo, que, sin embargo, no ha frenado a PD. «En absoluto. La verdad no admite discusión. Los crímenes de lesa humanidad tampoco. El que quiera enfrentarse a esta denuncia, pasará un mal rato político y humano, hasta consigo mismo, más tarde o más temprano. Es mejor unirse al carro de los derechos humanos. Mire, la ONU ya ha sentenciado oficialmente que en Venezuela se han estado cometiendo los peores crímenes de lesa humanidad desde 2014 por el Gobierno de Maduro… ¿cómo se sentirá ahora Zapatero que defendió, después de 2014, a un perpetrador de crímenes de lesa humanidad, un Hitler…? Hay que ser más responsable, y menos ideológico», sentencia Larrondo. «En la política -continúa-, los derechos humanos son lo primero, y los intereses, partidismos o coyunturas jamás pueden estar por encima, ni se puede trazar un camino por «cercanía» ideológica en contra de los primeros. Son quienes actúan así en política quienes tienen que preocuparse con este asunto. Mi organización y yo nos sentimos fuertes y confiados. La verdad y el amor por el ser humano y un trabajo ingente de dos años sin cesar, y sin dormir, nos dan esa confianza».

Nobel de la Paz

La denuncia también se produce cuando se multiplican las voces, especialmente en las redes sociales -marco que sabe manipular bien el régimen cubano y sus partidarios-, pidiendo el Premio Nobel de la Paz para las brigadas de médicos. «Hay quien se ríe. Pero reírse no es acorde con la gravedad del asunto. Hubo quién se reía del programa Aló Presidente!, y de los discursos de Maduro. Quien pueda decir algo, que estudie el asunto, y tome cartas en él. Noruega no puede blanquear un crímen de lesa humanidad. Sería el fin para el Premio Nobel de la Paz», señala Larrondo.
En cuanto al monto económico que el régimen cubano habría obtenido estos meses de la pandemia con las brigadas de médicos que han viajado a Italia, Andorra, Argentina, México…, Larrondo no tiene una cifra concreta. «Aunque nos hemos centrado mucho más en la parte humana y en la probatoria del esquema de esclavitud, de la parte económica lo que sí hemos analizado con mayor detalle es el global económico de las misiones, no la parte concreta del Covid», reconoce. Aún así se atreve a hacer un cálculo rápido que «admite margen de error»: «3.00o euros/mes, 3000 médicos, cuatro meses. De los 8.500 millones de dólares al año que Cuba obtiene de las misiones cada año, la parte del Covid de este año debe estar entre los 30 y los 50 millones de euros, sólo en lo que llevamos de pandemia, y sólo por los salarios de los médicos, de los cuales el Gobierno cubano se queda con el 85% de beneficio neto. Pero el problema no es el dinero. El problema es la propaganda de un esquema de esclavitud en pleno siglo XXI. Eso sí le reporta más ingresos colaterales y apertura de otros contratos, todos de esclavitud, y que hacen sufrir a decenas de miles de personas. Y eso sí nos preocupa más», concluye.

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