La Contraloría General de Chile tiene mucho trabajo por delante. La instancia fiscalizadora ya no sólo tendrá que investigar la entrega directa de 400 millones de pesos a la organización Democracia Viva, aliada del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino también el desembolso de 3000 millones de pesos (equivalentes a 3,7 millones de dólares) a otras cinco fundaciones cercanas a la Administración del mandatario.
Si ya el escándalo por el primer caso provocó la renuncia de la vicepresidente de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, por su pareja y exjefe de gabinete estar involucrados en las transacciones que salieron de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta (al norte del país), es muy probable un caos mayor, considerando que la novia del jefe de Estado, Irina Karamanos, trabajó para una de las fundaciones que está bajo la lupa.
Según la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, existen documentos que constatan el depósito de millonarios montos desde Seremi a cuentas de fundaciones que tienen en común ser pro gobierno.
El reporte de la cadena asegura que los líderes de las fundaciones apoyaron la campaña presidencial de Boric, así como también la desplegada a favor de la opción del “Apruebo” para el plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre, que terminó con una dura derrota para el oficialismo.
Irregularidades al descubierto
Es una caja de pandora que abrió la diputada independiente Yovana Ahumada, quien ofició a Catalina Pérez por presunto tráfico de influencias.
Sin embargo, ya hay evidencia de las advertencias hechas por escrito por funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización (Seviu) de Antofagasta sobre la asignación de recursos de forma directa con el pretexto de impulsar iniciativas de “habitabilidad primaria” para enfrentar los campamentos en Antofagasta (usurpaciones de predio). El problema es que estas fundaciones no tienen como fin erradicar los campamentos, sino entregar medidas transitorias a lugares usurpados. Los trabajadores señalan amenazas por los señalamientos.
Desembolsos sin rendición
La Asociación Campamento de Ideas, Fundación ProCultura, Fundación Urbanismo Social, Fundación Cultural TomArte, Educación Arte y Cultura Movimiento Fibra son las otras cinco fundaciones que registran ingresos en sus cuentas desde el año pasado.
De ellas, la Fundación ProCultura es popular en el Palacio de La Moneda tras haber sido conformada por Irina Karamanos, pareja del mandatario, que trabajó por cerca de un año en esta institución como encargada del área de educación, específicamente de un proyecto que desarrolló en Rapa Nui.
ProCultura recibió en el mismo periodo que Democracia Viva la asignación de 500 millones de pesos. Al igual que en los otros casos, el objetivo del contrato fue para “la implementación y ejecución de una intervención socio-territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven”, consigna el documento.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, no puede esquivar la situación de las fundaciones vinculadas al gobierno de Gabriel Boric. Su despacho recibió en mayo un correo de la Asociación de funcionarios Públicos, la cual está presidida por Carla Olivares, donde acusa “la incorrecta utilización de los recursos en convenios con fundaciones”.
“Es grave”, señala el especialista en desarrollo urbano, Iván Poduje, en su cuenta de Twitter, al señalar que “los funcionarios del Serviu no fueron convocados a reuniones de Seremi-fundaciones”.
“Lucrar con la pobreza de los campamentos no tiene nombre. Urge investigarlos a todos”, indica el también arquitecto en la red social, alegando que “la Seremi Minvu- controlada políticamente por Revolución Democrática, no sumó en trabajo con fundaciones, el servicio que tiene a cargo los campamentos (Serviu), pese a que el trabajo era con campamentos”. Por esta razón, el Serviu levanta las alertas. “Esto huele a podrido por todas partes”, dice. Refutarlo es imposible.