Trino Márquez,
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia contra María Corina Machado es ilegal, inconstitucional y, según los mejores abogados del país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), constituye un adefesio plagado de errores y arbitrariedades.
Los jerarcas del gobierno dicen que la sentencia no la revertirán, y ni siquiera la revisarán, porque se trata de «cosa juzgada». ¿Juzgada por quién? ¿Por cuál tribunal? El dictamen lo emitió la Sala Político Administrativa del TSJ, que carece de competencias para dictar condenas como la aplicada a MCM. Nunca se constituyó un tribunal en el cual se evacuaran las pruebas que incriminaban a MCM; y que, además, le permitieran defenderse de sus acusadores. En ese «juicio» a la víctima jamás se le notificó que había sido sancionada por la Contraloría General de la República y, una vez que el expediente fue enviado a la Sala Político Administrativa, jamás se les permitió a sus abogados defensores conocer lo que allí se le imputaba.
No hay que ser jurisconsulto para darse cuenta de que, en el dictamen publicado en las redes, los miembros de la SPA mezclan acusaciones que nada tienen que ver con las razones por las cuales MCM fue inhabilitada por la CGR. Representa esa una sentencia a la medida del terror que Nicolás Maduro le tiene a medirse en unas elecciones competitivas y transparentes con MCM; y del odio que la casta en el poder siente por ella y por lo que representa: el descontento frente a tanta incompetencia, corrupción y abusos, y los deseos de cambio.
A pesar de los Acuerdos de Barbados, muchos esperaban que el dictamen del TSJ ratificase la sanción contra MCM. Su ventaja en las encuestas sobre Maduro es demasiado amplia. Sin embargo, ha desconcertado el descaro con la cual se tomó. Ni siquiera preservaron las normas jurídicas básicas. En Venezuela, desde hace un cuarto de siglo desapareció el Estado de derecho. Los gobernantes les tienen pánico a las elecciones libres. Las instituciones solo les sirven para maquillar los continuos excesos que cometen.
Ciertamente –ya lo han dicho Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello- resulta poco probable que la decisión sea revertida. El mecanismo construido por el régimen a lo largo de estos 25 años, opera como una maquinaria ensamblada con la finalidad de mantener indefinidamente a los jerarcas en el poder. Poco antes de ratificar la inhabilitación de MCM, el régimen advirtió de unas supuestas «conspiraciones», que le sirvieron para degradar de forma humillante a más de treinta oficiales de la Fuerza Armada, de esa forma enviarle una advertencia al resto de los oficiales y, de paso, anunciar la «Furia Bolivariana», cuyo propósito era intimidar a los partidarios de MCM y paralizarlos cuando el dictamen fuese anunciado.
La reacción de MCM frente al atropello ha sido la adecuada. Ha mantenido su discurso sin amedrentarse. Con firmeza. Constituye una forma de evitar que dentro de sus filas se instale el desánimo y la frustración. Utiliza su legitimidad y popularidad para reafirmar su condición de líder de la oposición. Esa fuerza le permitirá negociar en mejores condiciones y transformarse en la gran electora.
El próximo paso del régimen será adelantar lo máximo posible la fecha de los comicios. Tratará de sorprender a la oposición, descolocada luego de la decisión del TSJ contra MCM. Ya Maduro dijo que convocó para el 5 de febrero una reunión con todos los partidos con el fin de delinear el calendario electoral. En este anuncio –que debió haber sido emitido por el CNE y Elvis Amoroso- el organismo electoral no fue tomado en cuenta. Ese vejamen indica la relevancia que el régimen les concede a sus amanuenses de la cúpula del «Poder Electoral».
Uno de los retos más exigentes que confronta MCM consiste en mantener cohesionado el frente interno, integrado, además de sus asesores más cercanos, por los integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática –a la cual ella no pertenece- y de otras coaliciones. Las declaraciones de Sergio Garrido, gobernador de Barinas, indican que existen grupos opositores que están pensando en un candidato distinto a MCM. Probablemente, se han convencido de la imposibilidad de lograr que el gobierno rectifique la medida contra la candidata electa en la Primaria de octubre.
Sería muy dañino para la oposición que se resquebraje su unidad interna y se debiliten las posibilidades de que MCM actúe como la gran electora. Como la principal voz en la selección de otro candidato, en el caso en el cual hubiese que optar por esa alternativa. Si esa circunstancia se diese, alentaría el desánimo y la abstención entre los electores opositores, uno de los objetivos del régimen. Entonces, existiría la posibilidad de que Maduro triunfe en unas elecciones «inclusivas», como él proclamó en días recientes.
MCM tendrá que actuar a partir de ahora movilizando las emociones de su gente y evaluando con pragmatismo el terreno minado en el cual la obligan a moverse. El enorme desprestigio e impopularidad de Maduro, representan una ventaja que MCM debe aprovechar para hacer valer su condición de líder, aunque esté inhabilitada.