El Parlamento italiano ha aprobado una nueva normativa que endurece las sanciones contra la okupación ilegal de inmuebles este miércoles, buscando poner fin a una problemática que afecta al país. En concreto, la Cámara de Diputados ha dicho «sí» a las penas de prisión que oscilarán entre los dos y siete años para quienes ocupen arbitrariamente propiedades destinadas al uso residencial de otras personas. Esta medida, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, también agiliza la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.
Desde que Meloni anunciara esta iniciativa en noviembre del año pasado, la oposición se ha mantenido firmemente en contra, tildando la medida de «innecesaria» y acusando al Ejecutivo de crear una ley solo para generar titulares mediáticos. Sin embargo, pese a las críticas, la normativa ha seguido su curso y ahora será una realidad.
Una de las novedades de la legislación es que permitirá a la Policía actuar de manera más rápida y efectiva en el desalojo de los ocupantes, acelerando los tiempos de intervención para que los propietarios recuperen sus viviendas sin largas esperas. Además, se ha introducido un artículo que castiga con penas de cárcel a quienes utilicen la violencia o las amenazas para ocupar o mantener posesión de una vivienda ajena, impidiendo al dueño legítimo su retorno a la propiedad.
Andrea Pellicini, diputado del partido Hermanos de Italia, que forma parte de la coalición gubernamental liderada por Meloni, ha señalado que esta nueva ley es un avance significativo, ya que «castiga severamente a aquellos que ocupan de forma arrogante y desconsiderada las viviendas de los demás». También destacó que la normativa establece un proceso de emergencia diseñado para facilitar el desalojo rápido por parte de las fuerzas del orden y la devolución de las propiedades a sus dueños.