Rosa Cuervas-Mons,
Es posible que a la lectura de estas líneas -comprometidas con el director de Gaceta para el lunes por la mañana- el Gobierno de España haya anunciado ya la militarización y asalto de Castilla y León por lo que se ha considerado, en palabras del Ejecutivo nacional, una «merma de los derechos de la mujer».
«Comunicado del Gobierno en relación al anuncio de la Junta de Castilla y León de restringir los derechos de las mujeres», se titula el texto enviado por Moncloa a los medios de comunicación este domingo por la tarde -con dominguidad y alevosía, podríamos decir- cuando media España está pendiente del Madrid-Barcelona de la Supercopa. En él (en el texto), los habitantes de Moncloa se muestran preocupados por el protocolo «denominado por el Ejecutivo de Castilla y León como antiabortista» y anuncian la utilización de «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho (sic) a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente». No quieren en Moncloa, dicen, «mermas a los derechos fundamentales (sic otra vez) en ninguna circunstancia».
Quien haya estado alejado de la actualidad la última semana no sabrá, quizá, a qué merma, a qué recorte de derechos fundamentales se refiere Moncloa (ya les adelantamos que tanto en Valladolid como en Burgos las mujeres mantienen su derecho al voto, pueden manifestarse todavía y no hay noticia de que se les haya prohibido estudiar ni emprender negocios). Lo que pasa en Castilla y León es que, en cumplimiento con el compromiso de Gobierno alcanzado por VOX con el Partido Popular, inicia su andadura un protocolo para que los médicos ofrezcan a las mujeres embarazadas información. Información en forma de ecografía en cuatro dimensiones y de sonido -el del latido de la vida que llevan en su interior-. Información sobre el soporte psicosocial que tienen a su disposición, e información sobre las ayudas a las que pueden acceder en caso de tener dificultades -económicas o de otra índole- para llevar adelante su embarazo. Completa el protocolo la defensa de los médicos que no quieran practicar abortos. Es decir, que no se obligue a quien ha asumido el juramento hipocrático a llevar a cabo, y en contra de su voluntad, una acción para acabar con la vida de un ser humano no nacido.
No sé ustedes, pero no me atrevería yo a llamar a esto «merma» de derechos. Parece más bien el pasito (pequeño, muy pequeño) en defensa de los más vulnerables entre los vulnerables (los 100.000 bebés que cada año no llegan a nacer) que VOX ha conseguido arrancar a un Partido Popular que se revuelve como gato panza arriba contra el más mínimo gesto que pueda alterar el estable consenso ideológico ‘Génova-progresía’.
Y es que este protocolo ha dejado bien claras las posiciones del espectro político en esta realidad tan frívolamente abordada por casi todos que es el aborto:
1) En poco más de una década la izquierda ha conseguido que la mayoría social asuma como normal la práctica médica por la cual un ser humano adulto e independiente acaba, con el consentimiento de otro ser humano adulto e independiente, con la vida de un ser humano pequeño e indefenso. Antes del aborto había tres corazones humanos latiendo. Después del aborto sólo laten dos. Y todo, con menos papeleo del que necesita usted para adoptar a un perro abandonado. La izquierda celebra la conquista de derechos y la sociedad -la mayor parte- se escandaliza si alguien se atreve a decir que el aborto, de derecho, más bien poco.
2) Y en lo que al Partido Popular respecta… pues hemos pasado del recurso de inconstitucionalidad y el texto alternativo firmado por Sáenz de Santamaria en contra de la Ley Aído; de las promesas de derogación del señor Rajoy y de los esfuerzos del ministro Gallardón por sacar adelante una ley que acabara con la socialista del 2010… al silencio primero, al disimulo después y al «no estamos de acuerdo [con el protocolo de Castilla y León] y no se va a llevar a cabo» y «no vamos a tragar con cualquier cosa» de Gamarra y Sémper estos días atrás.
Así las cosas, y a la vista de las reacciones que suscita en nuestros políticos el anuncio de una ecografía que permita escuchar el latido de un corazón, sólo cabe concluir que en esta España de 2023; en esta España que debate leyes de bienestar animal y cursos de tenencia de mascotas; en esta España que sufre ecoansiedad y divide la basura en tres contenedores en defensa del hermano árbol, el hermano río y la hermana atmósfera, en esta España el problema no es la merma de derechos, sino la merma de humanidad. Y esa, ay, es difícil de recuperar.