CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Mientras el Senado debatía el jueves la incorporación definitiva de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas, que quedó aprobada pasada la medianoche, una familia pedía justicia por la muerte de una niña de 4 años presuntamente bajo fuego del ejército, en el ejemplo más reciente de las consecuencias de tener a los militares en labores de seguridad en México.
La pequeña, Heidi Mariana Pérez Rodríguez, se sintió mal el 31 de agosto por la noche y una familiar, Griselda Zamora, optó por llevarla a ella y a su hermano de 7 años a un hospital de Nuevo Laredo, una ciudad del noreste de la frontera mexicana con una gran actividad del crimen organizado.
Poco antes de llegar, el vehículo en el que iban fue tiroteado. La pequeña quedó bañada en sangre. Al centro sanitario, donde su madre trabajaba esa noche, ya llegó sin vida.
Según el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se trató de un enfrentamiento entre militares y una banda criminal en el que “se asesinó a una niña en la balacera”. El mandatario dijo el lunes que la Secretaría de la Defensa ya investigaba el caso.
Pero el activista Raymundo Ramos, que ofreció el jueves una conferencia de prensa en la Ciudad de México junto a la familia de la niña y sus abogados, apuntó que “en ese lugar no hubo un enfrentamiento” porque no hay impactos de bala en fachadas u otros vehículos, ni videos ni otras evidencias de una persecución o tiroteo.
La mujer que manejaba el coche solo vio que una patrulla de militares cortaba la calle en un cruce y, al girar allí, escuchó los disparos a sus espaldas. Poco después, el niño alertó que su hermana estaba herida, contó Ramos.
El abogado Edgar Netro agregó que las balas impactaron en el techo y en el vidrio trasero del vehículo.
Este tipo de situaciones, en las que las fuerzas de seguridad disparan a civiles, incluyendo niños y adolescentes, por error o al quedar en medio de un fuego cruzado, han sido relativamente habituales en México en los últimos 15 años. También los casos de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Naciones Unidas, han insistido durante más de una década de los peligros de la militarización de las labores policiales porque, según dicen, las fuerzas armadas no están entrenadas para esos fines y no tienen sistemas de rendición de cuentas adecuados en casos de abusos, con lo que si comenten algún crimen suele imperar la impunidad.
Sin embargo, el gobierno actual ha decidido mantener a los militares en esas tareas, tanto con la ley que quedó definitivamente aprobada el jueves como con su intención de prolongar la labor de las fuerzas armadas en seguridad pública más allá de 2024, como establece la Constitución ahora.
A pocas calles de donde la familia de Heidi pedía justicia y denunciaba la falta de atención por parte de las instituciones oficiales, el Senado guardó un minuto de silencio por la niña pero después sacó adelante la propuesta del ejecutivo que traslada el mando formal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, es decir, al jefe del Ejército.
La Guardia nació como un cuerpo de carácter civil, como quedó establecido en la Constitución, pero aunque casi el 80% de sus efectivos y sus mandos operativos son militares, hasta ahora su control formal estaba en manos de un funcionario civil, el titular de Seguridad Pública.
Para los senadores que apoyaron el cambio — el oficialismo y sus aliados — , éste la hará más eficiente y no supondrá un cheque en blanco para sus integrantes. Miembros de la oposición ya adelantaron que llevarán la ley a los tribunales por considerarla inconstitucional.
Los colectivos sociales temen que este cambio consolide la militarización de un país en el que las fuerzas armadas han recibido muchas más tareas en los últimos años, y que haya menos transparencia en sus actuaciones, por mucho que el presidente insista en que su gobierno no permite ni las violaciones de los derechos humanos ni la impunidad.
Esta semana, López Obrador reiteró que el caso de Heidi “es la excepción, no es la regla” porque el Ejército tiene una actuación “responsable”.
Pero las investigaciones contra militares suelen perpetuarse sin respuesta, pese a los llamamientos sociales, y en algunos casos han llegado a instancias internacionales ante la inacción de la justicia en México.
La familia de la niña, las ONG y la oficina de la ONU en México pidieron una investigación urgente, exhaustiva e imparcial sobre el ataque y que no la hagan los militares, sino civiles, es decir, la Fiscalía General de la República.
“Tamaulipas (un estado del noreste) es la evidencia más clara de que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no funciona”, dijo el activista Ramos. Ahí se ha desplegado el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional, pero la inseguridad sigue, igual que en otros puntos del país.
Antes de la votación del Senado, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez mencionó en un largo hilo de Twitter, con nombres y apellidos, a víctimas de abusos militares, algunas de este mismo año. “La crisis de violencia continúa”, aseguró. “No es herencia del pasado”.