Teresa Castellanos, una activista social que lleva en pie de lucha más de una década contra la termoeléctrica de Huexca, prepara su viaje a Europa. Junto con activistas y organizaciones de todo el país, fue invitada a participar en la llamada Expedición Zapatista. Organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya está en España un primer grupo, ahora se le sumarán otras 14 personas. Todas están vacunadas y tienen sus papeles listos, y quieren viajar en cuanto las nuevas regulaciones por COVID-19 lo permitan.
La activista es miembro del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y del Concejo Indígena Mexicano, al que pertenece también el EZLN. «Vamos a dar a conocer todos los megaproyectos impulsados en México con capital europeo. Queremos que se den cuenta de que, con sus inversiones, se involucran en actos indebidos. Las violaciones datan de hace más de 500 años, pero no vamos a pelear, es importante que sepan que se están cometiendo muchas violaciones de derechos humanos. Pero también queremos decirles que el planeta es uno, y que, aunque vivamos en distintos países, todos somos seres humanos”, dijo a DW. Los principales accionistas del Proyecto Integral Morelos y de la Termoeléctrica de Huexca son las españolas Abengoa, Elecnor y Enagás.
Termoeléctrica de Huexca
Castellanos y su familia viven en las inmediaciones de la planta termoeléctrica de ciclo combinado en Huexca, corazón del Proyecto Integral Morelos (PIM), cuya construcción comenzó en 2011 con una inversión superior a los 1.100 millones de dólares. El objetivo es industrializar una amplia región en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en la falda del volcán Popocatépetl, con la quema intensiva de gas de lutita (shale) como materia prima para la generación de electricidad, y un sobreconsumo y contaminación de agua.
A ella le indigna, explica, que el gobierno del presidente López Obrador, que llegó con bandera progresista y les prometió en 2004, siendo candidato presidencial, que detendría el megaproyecto impulsado por gobiernos anteriores, se haya desdicho de su promesa y lo quiera ahora imponer a toda costa. El argumento de López Obrador es que el estado de Morelos necesita ser autosuficiente en la producción de energía eléctrica. Sin embargo académicos destacan que el mayor consumo energético de la entidad es del sector industrial (46%), frente al residencial (22.3%) y comercial (16.5%). Los verdaderos beneficiarios serían, según la activista, empresas multinacionales y la canadiense Alamos Gold, que busca abrir una gigantesca mina a cielo abierto para explotar oro y plata en el Cerro del Jumil, Morelos.
Gasoducto Morelos
El Proyecto Integral Morelos, que será administrado por la Comisión Federal de Electricidad, está basado en el llamado Gasoducto Morelos, una red de 172 kilómetros de longitud, que atravesará los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y transportará diariamente 320 millones de pies cúbicos de gas, importado de Estados Unidos, y generado través de fracturación hidráulica (fracking).
López Obrador anunció la creación de una empresa del Estado, Gas Bienestar, encargada de distribuir gas LP (Licuado de Petróleo) a precios competitivos. Pero también propone llevar gas natural a los barrios de las ciudades para así bajar costos y eliminar los excedentes de gas existentes.
En septiembre pasado, López Obrador anunció en una conferencia matutina que la termoeléctrica comenzaría a operar a fines de 2020, y aseguró que se habían resuelto las protestas sociales que se oponían al proyecto. ”Consideramos que todo está resuelto, ya no hay problemas legales. Se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica inicie sus operaciones a finales de este año”, dijo el presidente mexicano, añadiendo que era muy poco lo que faltaba para que entrara en operación el proyecto, después de una millonaria inversión.
«Ahora López Obrador quiere lanzar su Gas Bienestar», dice Teresa Castellanos. «Quiere aparentar que es un buen presidente, que está con los pueblos. Pero no los escucha. Él decide lo que él quiere, y lo avala en una conferencia mañanera, diciendo: ‘Ya hablamos con el campesinado, y ya está de acuerdo, ya no hay amparos, en Morelos va a funcionar la termoeléctrica’, pero nada de eso es cierto”, replica la madre de tres hijas, que se ha visto numerosas veces amenazada por su activismo social. La estrategia clara del gobierno local y federal es la criminalización de la protesta, indica.
Peces muertos en vaciados de aguas
Un acueducto de 132 kilómetros de longitud transportará 240 litros de agua por segundo. Se requieren grandes cantidades de agua para el enfriamiento de las turbinas de la termoeléctrica. Se prevé utilizar aguas residuales tratadas, que tras ser utilizadas se verterán al Río Cuautla, para que puedan ser utilizadas por los campesinos. Unos 5.000 ejidatarios cultivan en la zona, y son los principales proveedores de frutas y hortalizas del Estado de Morelos.
Dependen del caudal del río para cultivar sus productos. Pero los pobladores ya han denunciado la muerte de peces en grandes cantidades, tras el vaciado de aguas de la termoeléctrica.
Desde 2016 los ejidatarios de la zona mantuvieron una guardia en el río Cuautla, para evitar que acabaran entubando sus aguas, pero Teresa Castellanos señala que ya entubaron el último tramo que faltaba: «Pese a que Conagua (Comisión Nacional del Agua) sentenció que el agua del río Cuautla es de las comunidades, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya entubó el río”.
Expertos advierten sobre el riesgo que supone un gasoducto a los pies de un volcán activo, y de la destrucción medioambiental que provocará un proyecto extractivista, y hay una férrea oposición por parte de las comunidades indígenas que viven en la zona, que temen daños a la salud y que desaparezcan sus fuentes de sustento.
A pesar de eso, el gobierno de López Obrador se desdijo de su promesa inicial siendo candidato, cuando calificó el proyecto de «ecocidio», según Teresa Castellanos. «López Obrador volvió siendo presidente el 11 de febrero de 2020, y entonces fue cuando nos llamó ‘conservadores radicales’. Nosotros le decíamos que no queríamos una consulta porque sabíamos que venía amañada y que favorecería a la termoeléctrica”, indica por su parte Jorge Velázquez, también miembro del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
¿Quien asesinó a Samir Flores?
Jorge Velázquez es originario de Amilcingo, Morelos, donde fue asesinado Samir Flores Soberanes, fundador de la radio comunitaria de Amilcingo, y un firme opositor a la termoeléctrica y al Proyecto Integral Morelos. El activista fue asesinado el 20 de febrero de 2019, un día antes de la consulta popular convocada por López Obrador. «Ya son más de dos años desde su asesinato y aún no se sabe nada sobre los autores intelectuales y materiales”, afirma Velázquez.
Los compañeros de lucha de Samir Flores pidieron al Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, que esclarezca el homicidio del líder social, o que reconozca que no puede hacerlo y que permita que la Fiscalía General de la República (FGR) se haga cargo del caso. El gobernador del Estado de Morelos, Cuahutémoc Blanco, dijo en septiembre pasado que el fiscal ya sabe quien mató al activista, pero que no ha detenido a esas personas por temor.
«Inexplicable» apuesta por hidrocarburos
El físico-matemático de la Universidad Nacional Autónoma de México Antonio Sarmiento acompaña desde hace años la lucha de estas comunidades en contra de los megaproyectos. «Es inexplicable la apuesta de López Obrador por los hidrocarburos, primero, destinando grandes cantidades de inversión a Pemex, y ahora a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No entendemos cómo dos industrias que van de salida se pudieron colar en el presupuesto”, dice con conversación con DW.
El investigador recuerda que el precio del petróleo se encuentra en picada en los mercados internacionales. «Y la Comisión Federal de Electricidad utiliza en gran medida energías fósiles para generar corriente eléctrica. Son las dos grandes empresas que han sido los pilares económicos del país, pero a las que ya deberíamos decir adiós ahora, cuando están caducando las maquinarias. Son obsoletas, y justo es el momento en el que deberíamos abandonarlas. Sin embargo este gobierno está les está inyectando grandes cantidades de dinero para rescatarlas. No se entiende para qué».
Fuente: DW