Juan David Vélez,
El fracaso de las políticas públicas de casi todos los países del continente americano en materia migratoria ha sido evidente. Lastimosamente, los líderes gubernamentales no han estado a la altura para solucionar los problemas de aquellos ciudadanos que viven un viacrucis en la búsqueda de mejores oportunidades y libertad. Peor aún, no entienden el beneficio, en diferentes aspectos, que trae la migración regular para el país receptor.
La falta de entendimiento de las dinámicas migratorias, la demagogia de muchos y la politiquería de otros han impedido que se logre una posición unificada y exitosa que le dé dignidad al ciudadano. Son muy pocas las políticas públicas que han garantizado los derechos de los migrantes. En cambio, se les ha exigido el cumplimiento de sus deberes en el país donde llegan y esas políticas han permitido el aprovechamiento de esta población en materia económica y productiva.
Durante el cuatrienio del presidente Iván Duque, Colombia tuvo que enfrentarse a un gran desafío migratorio con la llegada de más de dos millones de ciudadanos procedentes de Venezuela. Retos enormes enfrentaron las autoridades colombianas para la atención de migrantes que huyeron de la dictadura de Nicolás Maduro. Además, el país recibió más de un millón de colombianos que retornaron tras muchos años de haber sido acogidos por la nación vecina.
Con gran acierto, el gobierno de Duque, acompañado del gran liderazgo del Congreso de ese entonces, demostró que se podían generar políticas responsables en materia migratoria. No solamente con un espíritu solidario y respetando los derechos humanos de los migrantes, sino aprovechando la fuerza económica que ellos traían al llegar a Colombia. Fue así como se tomaron decisiones acertadas que permitieron la integración de estos ciudadanos al mercado laboral, a la economía productiva y al desarrollo económico de toda la nación.
Adicionalmente, en materia de protección y garantía de derechos se avanzó en la inserción escolar de niños y jóvenes. La convalidación de títulos profesionales permitió una competencia justa en materia laboral, se les brindaron oportunidades de trabajo y garantías para el acceso a la salud, y se llevaron a cabo campañas en contra de la xenofobia. Colombia abrazó a sus hermanos venezolanos.
El Estatuto Temporal de Protección, la ley de Política Integral Migratoria (PIM), la ley de Fronteras, la ley que evita el riesgo de apátrida de niños migrantes, la inclusión de un capítulo exclusivo para los colombianos en el exterior en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, entre otras normativas, permitieron que Colombia sea reconocida a nivel mundial por sus políticas públicas en favor de los ciudadanos migrantes.
Pero se debe reconocer la raíz del problema que enfrentamos en el continente en el ámbito migratorio. Los gobiernos populistas, radicales, con fracaso en sus programas han obligado a millones de ciudadanos a salir de sus países en busca de mejores oportunidades y en la mayoría de los casos en búsqueda de libertad. Incluso, estos gobiernos son responsables de primera mano en la ausencia de iniciativas para atender a su diáspora, olvidando que los ciudadanos, aun estando en otro país, siguen gozando de los derechos de su país de origen.
Para rematar, los países receptores no sólo han tomado decisiones que vulneran los derechos humanos del ciudadano migrante indefenso, sino que muchas veces son laxos con los provocadores del éxodo migratorio.
Los Estados Unidos, mayor país receptor de migrantes, ha fracasado rotundamente en lograr un acuerdo bipartidista que permita avanzar en la integración de los migrantes que por décadas han estado en este país. Ha faltado liderazgo, carácter e innovación legislativa para lograr las herramientas necesarias que conduzcan a dignificar la vida de millones de migrantes, permitirles su aporte a la economía de la nación, garantizarles sus derechos, exigirles sus deberes y lograr una migración regular, ordenada y segura.
No se puede permitir que previo a una elección general en los Estados Unidos, se radicalicen los discursos en contra de los inmigrantes porque esta actitud termina eliminando la posibilidad de un acuerdo necesario y beneficioso para todos. No solo es urgente proteger la frontera para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas que todos conocemos; también se debe lograr una política acertada para el trato del migrante y generar los caminos a la residencia legal de aquellos que, sin antecedentes judiciales, le aportan a la economía.
Es momento para que las organizaciones civiles, ONGs, sectores económicos, la academia y líderes políticos de ambos partidos se organicen para avanzar en un gran consenso que genere una solución inmediata, efectiva y exitosa.
Estados Unidos debe lograr una solución en los próximos meses en materia migratoria, y así no seguir dándole combustible al discurso populista de los caudillos radicales del continente. Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Daniel Ortega o Miguel Díaz-Canel continuamente señalan al país norteamericano de violador de los derechos humanos de los migrantes, y así ellos tratar de ocultar sus propios fracasos.
Es momento de lograr un gran acuerdo nacional que sirva como ejemplo en todo el continente. Se puede aprender de esos éxitos aislados, como el de Colombia, pero es necesario que se ejerza un liderazgo para avanzar en una migración regular, ordenada y segura que sea realmente productiva para todos.
¿Seremos capaces?