La petrolera argentina YPF —Yacimientos Petrolíferos Fiscales—, adquirida en 1999 por la empresa española Repsol y expropiada en 2012 por el gobierno presidido entonces por Cristina Fernández de Kirchner, volverá a ser de titularidad pública casi doce años después de que fuera nacionalizada por orden del exministro de Economía Axel Kicillof, actualmente gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más relevante que mantiene el kirchnerismo actualmente.
Ha sido una de las primeras medidas económicas anunciadas por el que será el próximo presidente de la nación, Javier Milei, que jurará su cargo el 10 de diciembre tras hacerse con el triunfo en las elecciones presidenciales del pasado domingo 19 de noviembre.
En el año 1999, la multinacional energética y pretoquímica Repsol, desembolsó más de 15.000 millones de euros para adquirir el el 97,81% de YPF, constituida en 1922 y hasta entonces pública. Fue el Gobierno de Carlos Menem quien decidió privatizarla, pasando a ser conocida como Repsol-YPF. En los siguientes doce años, Repsol invirtió más de 20.000 millones de dólares en YPF y llegó a dar empleo a más de 16.000 personas. Sin embargo, en abril de 2012, el primer Gobierno de Kirchner, presentó un proyecto de ley declarando YPF de utilidad pública y sujeta a expropiación. De hecho expropió el 51% de la empresa. En 2013 Repsol renunció a cualquier tipo de demanda, a pesar de que sólo recibió una compensación de 3.700 millones de euros.
Actualmente, YPF cotiza un 65% por debajo de su máximo de enero de 2012, y su producción de petróleo es un 50% inferior a lo que era entonces. Tras el aviso de Milei este mismo martes de que «todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado», la petrolera se disparaba en bolsa más de un 33%. Las acciones de YPF en la Bolsa de Buenos Aires experimentaron un incremento del 10,31% en la sesión del lunes, al que se sumaba el martes un incremento del 33,44%, escalando hasta los 12.880 pesos argentinos (33,06 euros) por acción.
En su primera entrevista tras la cita con las urnas, Milei mantuvo su intención de eliminar el Banco Central (BCRA), establecer una estrategia financiera para resolver el problema de los bonos a corto plazo emitidos con la intervención de entidad de crédito extranjera y, privatizar empresas públicas como YPF, la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam «más por motivos simbólicos que presupuestarios».
Además, en septiembre de este año, Argentina fue condenada por el Tribunal del distrito de Manhattan En Nueva York, Estados Unidos), a pagar 16.000 millones de dólares (15.000 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios en una sentencia tras un juicio en el país por la renacionalización y tras ser demandado el país por varios fondos. En concreto, el Gobierno de Alberto Fernández se comprometió a pagar 15.100 millones de dólares (unos 14.150 millones de euros al cambio) de la condena, de los cuales más de 11.000 millones corresponderían al fondo Burford, financiador del pleito, y el resto lo percibirían Repsol (con unos 1.500 millones) y las sociedades de la familia argentina Eskenazi. Estos fondos reclamaban que en el momento de la nacionalización, Argentina debería haber realizado una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no solo por una parte.
La victoria de Milei generaba esta semana una reacción positiva en los mercados, con dos sesiones consecutivas en verde para el S&P Merval —el equivalente al Ibex 35 argentino, compuesto por 25 empresas—, el principal índice bursátil del país. Tras cerrar el lunes con una subida del 7,11%, al inicio de este martes el rebote era ya del 12,41%.