BUENOS AIRES.- El gobierno argentino publicó este martes un decreto que dispone que no sean renovados unos 5.000 contratos firmados desde enero en la administración del Estado y la apertura de una etapa de evaluación para definir qué puestos asignados antes de esa fecha serán mantenidos.
El Poder Ejecutivo estableció estas medidas con el fin de lograr «un mejor funcionamiento de la administración pública”, señaló el decreto publicado en el Boletín Oficial.
El gobierno había anunciado su decisión de recortar la cantidad de personal público poco después de la asunción del presidente Javier Milei el 10 de diciembre en el marco del plan para reducir el abultado déficit fiscal para enderezar la economía y atajar la inflación que se espera que trepe a 200% a fin de año.
Respecto a la no renovación de las contrataciones, el decreto establece que están exceptuadas aquellas “derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, las del personal que haya estado prestando tareas con fecha previa a enero y haya cambiado su modalidad de contratación y aquel «que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para su funcionamiento”.
Para las contrataciones previas al 1 de enero las autoridades de cada área deberán hacer un relevamiento exhaustivo y, en el caso de que decidan renovarlas, «deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.
Al mencionar la medida que abarca a la administración nacional y a organismos descentralizados, el portavoz presidencial Manuel Adorni señaló que “hay algo más de 5.000 contratos que son altas del año 2023 que no van a ser renovados y el resto de los contratos entra en un proceso de revisión”.
Consensos políticos
Milei debe sortear los obstáculos que previsiblemente tendrá su paquete de reformas en el Congreso, donde su estructura política tiene limitaciones y carece de interlocutores para establecer los consensos necesarios para llevar adelante las transformaciones estructurales que busca implementar durante su mandato.
La semana pasada, Milei anunció un nuevo paquete de medidas que busca desregular la economía, promover las exportaciones y la inversión, y abrir la puerta a la privatización de las empresas públicas con el objetivo de enderezar la crisis de la segunda mayor economía de Sudamérica.
El mandatario dispuso por decreto la eliminación de cientos de normas y anunció un conjunto de reformas legislativas, entre ellas la laboral, las cuales suponen un giro completo a la política económica de los últimos gobiernos liderados por el peronismo.
El gobierno enviará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) al Congreso en los próximos días para que sea tratado por una comisión bicameral, la cual debe emitir un dictamen que sería debatido posteriormente en ambas cámaras.
El DNU puede ser avalado con el respaldo de una sola cámara legislativa, y también quedaría vigente en caso de que el Congreso no se llegue a pronunciar. El decreto permanecerá en vigor mientras las dos cámaras del Congreso no lo rechacen con una mayoría absoluta.
Por estos días, Milei está intentando construir los puentes con los jefes de la oposición en el Congreso. Se prevé que será en marzo de 2024 cuando la Cámara inicie la discusión del DNU que contiene las drásticas reformas de leyes y regulaciones con las que el mandatario pretende lograr un cambio de régimen económico. Desde ahora hasta ese momento, el gobierno tendrá un lapso para negociar y evitar que los sectores más intransigentes de la oposición logren reunir los votos suficientes para declarar nulo el decreto.
De antemano, se sabe que la medida tendrá los rechazos del Partido Justicialista, un sector de la Unión Cívica Radical y de los gremios que integran la CGT, la principal agrupación de trabajadores de Argentina, así como del kirchnerismo. No obstante, el partido Pro, del exmandatario Mauricio Macri, y otra ala de la UCR no se muestran tan reticentes a avalar el decreto de Milei, reseñó La Nación.
El sector de los gobernadores es también clave para Milei, que intentará asegurarse su apoyo, especialmente, de los que saben que tienen que tener una comunicación fluida con la Casa Rosada para garantizarse los fondos que le ayudarán a mantener la gobernabilidad en los territorios que gobiernan. El ministro del Interior, Guillermo Francos, es quien tiene el encargo de iniciar las negociaciones.
Defensa del decreto
El gobierno de Milei defiende el decreto de las reformas alegando que la situación económica argentina es «terminal» y que deben actuar con eficiencia antes de que «se muera el paciente». Argumentan también que si el paquete de reformas se hubiese llevado al Congreso la demora hubiese sido mucha lo que trabaría la puesta en marcha de los cambios. Asimismo, sostienen que darán prioridad al discurso hacia la sociedad argentina en vez de enfocarse en la discusión política.
«Pareciera que algunos por sadismo, y otros por corruptos, quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria”, dijo Milei en su cuenta de X, antes Twitter, en plena jornada navideña.
Milei ha señalado que este y otros paquetes de reformas que piensa impulsar desacelerarán la inflación y mejorarán la economía. El alza de precios es de casi 161% anual y la pobreza alcanza a más del 40% de la población.
Momento histórico
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el país atraviesa «un momento de cambios muy importantes» que «van a reconfigurar la nación» para que el país sea uno «que avance de manera permanente».
«Estamos en un momento de cambios muy importantes para el país, cambios que van a reconfigurar nuestra nación, nuestros trabajos, nuestras familias, para un futuro distinto, para un futuro donde logremos que Argentina no sea un país que retrocede, sino que sea un país que avance de manera permanente», manifestó el pasado domingo en un mensaje a la nación con motivo de la Navidad publicado a través de su cuenta en la red social X.
«Hace muchos años que vivimos en decadencia. Hace muchos años que vivimos con intereses particulares que tapan los intereses del conjunto de la población», dijo.
Subrayó que «se ha comenzado a trabajar para revertir esto, en que el poder sea de la gente y no de minorías que lo que hacen es quedarse con todo para ellos y con poco para la sociedad». «Estamos protagonizando un nuevo momento histórico para Argentina», remarcó.
El DNU cuenta con el apoyo de la Asociación Empresaria Argentina -que reúne a los principales empresarios-, la cual lo calificó como “una oportunidad histórica” porque apunta a combatir “el tamaño excesivo del Estado” y las «muy negativas consecuencias» que han tenido los déficits en cuentas públicas durante décadas.
Los empresarios cuestionaron que el sector privado haya estado sometido «a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior”.
Áreas como el trabajo, la salud, el consumo, el alquiler de viviendas, el turismo, las comunicaciones y hasta el fútbol se verán impactados por el decreto.