BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Javier Milei, se encuentra ante su primer gran desafío desde que asumió el poder hace un mes y medio. La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical del país, convocó para el miércoles una huelga general para expresar su rechazo a las reformas económicas implementadas por el mandatario.
La CGT, de orientación peronista, critica especialmente los cambios en el régimen laboral impulsados por Milei, los cuales limitan el derecho de huelga y afectan la financiación sindical. Facundo Moyano, cosecretario general de la CGT, afirmó que ningún gremio cederá en lo logrado hasta ahora. Además, se opone a la «Ley Ómnibus» de reducción de gastos y desregulación económica, actualmente en discusión en el Congreso.
La convocatoria ganó respaldo de otras organizaciones, como la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), la segunda central sindical, así como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Organizaciones ciudadanas y sindicales internacionales también se movilizan en apoyo a los manifestantes en ciudades como Montevideo, Madrid, Londres, Berlín y París.
Esta huelga, de 12 horas de duración a partir del mediodía, marca el primer desafío nacional contra las medidas de ajuste del gobierno de Milei, diseñadas para contener una inflación anual del 211%, la más alta en 30 años. Datos recientes revelan una contracción del consumo en un 13,7% y una caída del 26,9% en la producción de pequeñas industrias en términos interanuales.
Milei anuncia descuentos
El gobierno, por su parte, anunció que descontará el día a los trabajadores estatales que se sumen al paro, argumentando que es razonable que quienes no trabajen no cobren. Además, se estableció una línea telefónica gratuita y anónima para denuncias de presiones sindicales. El gobierno defiende esta medida como un mecanismo para evitar extorsiones y amenazas a aquellos que deseen trabajar durante la huelga.
La huelga también pone a prueba el «protocolo anti-piquete» del gobierno, que prohíbe el cierre de calles y exige a los manifestantes limitarse a aceras y plazas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró la vigencia de este protocolo y se enfrentó a críticas del sindicato, que lo considera restrictivo.
El controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos implementado por Milei introduce cambios significativos en la legislación laboral, como la exigencia de coberturas mínimas del 75% en servicios esenciales y la posibilidad de despedir a huelguistas con causa. La CGT cuestiona la constitucionalidad de este decreto, logrando una suspensión provisional que el gobierno apeló y que actualmente se encuentra en manos de la Corte Suprema.
Para Milei, estas reformas representan la devolución de libertades a los ciudadanos, la creación de un sistema para hacer los mercados más competitivos y la eliminación de prácticas irregulares. Su postura es clara: «Y ahí tenés por qué están tan enojados».