Una misión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, visitará Perú desde el 20 de noviembre para analizar su inestable situación política, dijeron el jueves las autoridades locales.
El canciller peruano César Landa indicó que el grupo compuesto por cinco cancilleres trabajará los dos días siguientes y saldrá del país el miércoles 23 de noviembre.
La misión está conformada por los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Belize, Ecuador, Guatemala y Paraguay. También está integrada por los vicecancilleres de Colombia y Costa Rica y por Eladio Loizaga, excanciller de Paraguay y representante de la Secretaría General de la OEA.
Tras conversar con todos los poderes del Estado peruano, organismos autónomos y miembros claves de la sociedad civil, el grupo de alto nivel elaborará un informe que entregará al Consejo Permanente de la OEA.
El 12 de octubre el presidente peruano Pedro Castillo solicitó a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana para “preservar el legítimo ejercicio del poder” en el país sudamericano.
Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte de la oposición en el Congreso y la fiscal general Patricia Benavides los ha denunciado constitucionalmente ante el Parlamento para poder investigarlo y acusarlo por presuntos delitos de corrupción.
Al mismo tiempo, la fiscal general realiza cinco investigaciones preliminares a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción, así como otra indagación adicional sobre el mandatario por un presunto plagio de su tesis de maestría en psicología educativa en 2012.
El gobierno ha respondido denunciando ante el Congreso a la fiscal general por supuesta infracción a la constitución, abuso de autoridad y prevaricato. Según el gobierno la denuncia contra Castillo es “puramente política” y forma parte de “un plan sistemático para desestabilizar al gobierno”.
En Perú un presidente no puede ser acusado durante su gobierno porque la constitución establece que eso sólo ocurre en caso de traición a la patria, disolución del Parlamento por casos diferentes a los permitidos, no convocar a elecciones o por impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales.
Castillo dijo en una conferencia con la prensa internacional, un día antes de recurrir a la OEA, que la decisión de la fiscal general busca ejecutar “una nueva modalidad de golpe de Estado” para sacarlo del poder al cual llegó mediante elecciones libres y democráticas en 2021.
La fiscalía indicó posteriormente que posee “más de 190 elementos” que sustentan la denuncia contra el mandatario. La hipótesis fiscal afirma que Castillo lidera una organización criminal y habría cometido actos de corrupción.
El gobierno de Castillo empezó en 2021 y está previsto que termine el 28 de julio de 2026.