El lado cool de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es parte del pasado. En sólo dos años a cargo del país centroamericano se embarca en una espiral de autoritarismo que levanta las alertas de la región.
Algunos rasgos de su forma de ejercer el poder ya están a la vista. Entre los más preponderantes figura su repudio al resto de poderes cuando lo contradicen, el manejo de operaciones poco claras para favorecer su imagen y su enfrentamiento con la prensa.
Y el futuro está a su favor de sus intereses. Su partido Nuevas Ideas logró la mayoría absoluta en las elecciones de la Asamblea Nacional —60 de 84 escaños— que le otorga potestad para decidir sobre las cabezas de la Fiscalía, Contraloría y Corte Suprema o también convocar una constituyente para ampliar su mandato.
Con los dos tercios de las curules bajo su mando no necesitará negociar con sus adversarios. Al contrario, su confianza recae sobre sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef Bukele Ortez. Ellos componen “el anillo de poder más influyente alrededor del presidente salvadoreño y aunque no tienen cargos públicos oficiales son los principales estrategas y los hombres que hablan al oído del presidente” revela El País.
Decidido a todo
“Cambiar la historia” es la promesa de Bukele. ¿Cómo? es una respuesta en desarrollo con antecedentes desalentadores al recordar que en menos de un año, Nayib Bukele se inscribió en tres partidos políticos para burlar los obstáculos a su postulación a la presidencia de El Salvador.
Expulsado en 2017 del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se unió al Cambio Democrático de centroizquierda, que fue clausurado por el Tribunal Electoral, dejándole como última alternativa, al derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) del que ya salió para formar su propio partido.
Así es Bukele: ambicioso, pero no le interesa esconderlo ni busca mostrarse simpático. Las pocas veces que lo ha intentado deja una extraña sensación de frivolidad más propia de un millennial que de un jefe de Estado.
En su vida pública esquiva aclarar si es católico, musulmán o evangélico respondiendo que simplemente “cree en Dios” pero eso no cambia que su gobierno “incluye nepotismo” indica el medio español.
El mismo Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) reconoce este perfil de Nayib Bukele y admite que “está instaurando en los hechos un régimen que puede terminar restableciendo un gobierno dictatorial, como las dictaduras militares del siglo XX”.
Negocios a discreción
Ese «nepotismo» del mandatario aficionado a los videojuegos, amante de los lujos y los autos caros lo tiene inmerso en una investigación penal, a causa del gasto del gobierno durante la pandemia del coronavirus que constituye la acción legal más seria en su contra, por el manejo discrecional de los recursos de la nación.
La Fiscalía General de la República allanó ya 20 oficinas desde los ministerios de Salud hasta el de Hacienda para recabar pruebas de las irregularidades de los fondos de emergencia de la pandemia, entre ellas, un contrato de 225.000 dólares para la adquisición de botas de caucho a una empresa de repuestos automotrices de la que es propietaria una tía del actual ministro de salud, Francisco Alabí, según Gato Encerrado.
Ese no es el fin ni lo único. El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) maneja 124 denuncias de gestión indebida y alrededor del 90 % de las denuncias involucran al Poder Ejecutivo.
Clan a la vista
Las acusaciones de corrupción tocan además a varios funcionarios de la administración de Bukele, entre ellos José Alejandro Zelaya, su ministro de Hacienda, señalado por tener vínculos con una compañía que le vendió 300.000 mascarillas al gobierno por 750.000 dólares —un costo de$2.50 dólares por unidad equivalente al doble del precio de fábrica— afirma una investigación de El Diario De Hoy.
La empresa, que solo tenía siete meses de existencia cuando recibió el contrato, es propiedad de dos socios que también ocupan puestos de alto nivel en una empresa fundada por Zelaya.
La interpretación de estos hechos por InSight Crime es que “la administración Bukele ha hecho todo lo posible para ocultar el gasto público durante la pandemia, a medida que han proliferado las acusaciones de especulación por parte de su administración”.
Para Transparencia Internacional “el alto flujo de efectivo ofrecido a la administración de Bukele para hacer frente a la pandemia y la negativa a la supervisión de sus gastos son caldo de cultivo para la corrupción”.
Su exministro de hacienda, Nelson Fuente, confesó que un año después de incorporarse al Gobierno dejó el cargo por presiones del mandatario para utilizar la Hacienda Pública en contra de sus enemigos políticos y además reconoció que tenían visiones distintas de cómo lograr la estabilidad del país.
De la misma forma, el analista de seguridad de Estados Unidos, Douglas Farah, experto en temas latinoamericanos, divulga en un informe los nexos del tesorero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), José Luis Merino —inmerso en una investigación por narcotráfico y lavado de dinero— con Bukele.
Merino funge como una “autoridad oculto” y “tiene un poder real dentro del gobierno de Bukele. Él maneja muy de cerca muchas de las arcas económicas oscuras y es una influencia política en la administración de Bukele a través del asesor presidencial, Érick Vega”, afirma Farah.
La Casa Blanca frente a un híbrido
El gobierno de Joe Biden ha marcado distancias con Bukele. El demócrata aún no le abre las puertas de la Casa Blanca en Washington y ello significa que será un desafío redefinir la relación con El Salvador considerando por un lado, que es un país importante para la política del demócrata en la región.
Mientras Estados Unidos trata de descifrar el proceder de Bukele, las distancias y el enfriamiento diplomático parecen inevitable. Más cuando el índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist degradó a El Salvador de una “democracia defectuosa a un régimen híbrido” con una calificación de 5.9 que representa la peor desde 2006, año en el que se creó la medición.
De 167 países, El Salvador se ubica en el puesto 77 tras reprobar la evaluación de cinco categorías: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política; y cultura política.
El “régimen híbrido” es la tercera, de cuatro categorías, en la que el medio califica a las naciones que forman parte del estudio, y se usa para definir gobiernos con una “notoria inclinación al autoritarismo”.
Un año de peligros
Así fue el último año en el poder del mandatario de origen musulmán. En un apartado titulado “Autoritarismo en El Salvador: ¿un dictador en ciernes?” se señala que Bukele ignora los controles y equilibrios de su gobierno y cita como evidencia cuando en abril de 2020 desobedeció sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que pidió respetar derechos fundamentales en las medidas de cuarentena, ante las detenciones por circular en las calles.
El informe también menciona que rodeó a la Asamblea Legislativa de militares y policías para presionar la aprobación de un préstamo de 100 millones de dólares, una acción, en conjunto con otras de sus políticas, que fue objeto de análisis en el PanAm Post.
“Su comportamiento antidemocrático y contra las normas y principios del estado de derecho muestran señales preocupantes que durante todo el tiempo cuando estaban en el poder tanto ARENA como el FMLN, nunca fueron como con Bukele, a pesar las tensiones y conflictos” asegura el presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter.
Sin claridad en su acciones ni transparencia, la cooperación del Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador está en jaque, como los cuatro millones de dólares que le aporta Estados Unidos para invertir en mejores condiciones sociales.
Ese sería parte del precio por su autoritarismo, debilitamiento de las instituciones y la evasión de los controles que rigen la silla del Palacio Nacional.
Fuente: PanamPost