Con el acuerdo de reestructuración de deuda alcanzado con los bonistas, Argentina ha desactivado una bomba, coinciden muchos economistas, pero quedan algunas más. El Gobierno de Alberto Fernández tiene por delante la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que bajo la administración de Mauricio Macri prestó al país suramericano 44.000 millones de dólares, y la tarea de estabilizar una economía destrozada por la pandemia y amenazada por importantes desequilibrios macroeconómicos.
El canje de deuda cambia las expectativas del mercado después de meses de incertidumbre y favorece las futuras conversaciones con otros acreedores como el FMI y el Club de París. “Lograr primero un acuerdo con el sector privado ya es un punto de partida muy favorable. La situación del mundo actual pone claramente sobre la mesa la necesidad de los países de recibir ayuda y el FMI ha dado ayudas cuantiosas a países pobres, con lo cual parecen dadas las condiciones para tener conversaciones razonables”, apunta Cynthia Moskovits, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). “El FMI respaldó la política de negociación de Argentina [con los bonistas] y uno no esperaría que modifique su posición”, agrega Leandro Ottone, del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Ottone recuerda que hoy Argentina es el mayor deudor del FMI y esa carta juega a favor del país suramericano para una reestructuración exitosa de la deuda.
Otra de las consecuencias inmediatas es la eventual descompresión del mercado cambiario, que estaba sometido a controles cada vez mayores por parte del Gobierno y donde la brecha entre la cotización de la divisa estadounidense en el mercado oficial y el paralelo llegó a superar el 80%. Este martes, tras conocerse el acuerdo, el precio oficial se mantuvo sin cambios, a 75,6 pesos por dólar, pero en las cuevas el valor del billete verde cayó un 6% respecto al día anterior.
A mediano plazo, el panorama es complejo. “El acuerdo es un paso necesario pero no es suficiente. Argentina todavía no resolvió la cuestión fiscal, monetaria ni cambiaria y los acreedores no saben cómo van a hacer para cobrar de aquí cinco o diez años porque no saben si va a estar la plata”, advierte Elisabet Bacigalupo, responsable del equipo macroeconómico de la consultora Abeceb.
La pandemia de covid-19 ha golpeado a una Argentina debilitada ya por dos años de recesión económica y la ha hundido en un pozo del que tardará en salir. Como los demás países, el país suramericano ha disparado el gasto público en los últimos meses para intentar minimizar el impacto de la cuarentena obligatoria en los sectores menos favorecidos y en el tejido productivo. El aumento del gasto se ha sufragado con déficit fiscal, pero sin la posibilidad de recibir préstamos la única fuente de financiación para el Gobierno de Fernández es la emisión monetaria.
“Este año nos encaminamos por primera vez a un doble diez: 10% de déficit fiscal y 10% de caída de la economía. En el corazón del programa tiene que estar el ordenamiento fiscal y detrás, como se ha venido financiando con emisión, el ordenamiento monetario”, opina Rodrigo Álvarez, economista de Analytica. “Con este acuerdo Argentina podría encarar lo que es el principal desafío: estabilizar la economía y buscar de aquí a entre 12 y 18 meses una inflación de entre el 20 y el 30%, que para los estándares argentinos es moderada”, destaca.
Además de ordenar la macroeconomía y estabilizar el mercado de cambios, Argentina necesita volver a crecer, subraya Ottone: “Hay que sentar las bases para un crecimiento sostenible en el próximo periodo que sea sostenible en el tiempo. Eso significa alentar los sectores exportadores y aquí hay que ser innovador”. El precio de las materias primas es hoy inferior al que se registró 15 años atrás, cuando Argentina salía de la crisis del corralito.
Según Álvarez, la mayor preocupación es cómo el Gobierno de Fernández gestionará la economía ante la brusca caída sufrida en este 2020. “Pasaste de tener un PIB de 600.000 millones de dólares a uno de menos de 400.000, con un Estado enorme, con empresas que tendrán que ajustarse ante una demanda más chica y una economía que es poco flexible. La gestión de una crisis así no tiene antecedentes”, advierte.