MIAMI — El año que recién finaliza fue escenario de la radicalización del régimen de Daniel Ortega a través de métodos represivos, con la participación de la Policía, el Ejército, grupos paramilitares y los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que vigilan a la ciudadanía.
Con juicios rápidos y condenas a sacerdotes y seminaristas de la Iglesia católica por críticas a Ortega, con sentencias a políticos de la oposición, el desmantelamiento de partidos políticos opositores y el éxodo de miles de nicaragüenses que huyen de la pobreza y la represión, así concluye el año 2022 en Nicaragua.
La dictadura de Daniel Ortega intensificó la ola represiva contra los católicos, tras acusarlos de un supuesto “golpe de Estado”, que no fue más que las protestas populares que tuvieron lugar en abril de 2018.
La población demandó la restauración de la democracia y la salida del poder del gobernante sandinista. La respuesta de Ortega fue a sangre y fuego, más de 355 murieron producto de la represión.
En ese contexto represivo y a pocos días de finalizar el año, el obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí y miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Rolando Álvarez, fue acusado por el régimen de Ortega de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
Además, le fue dictado arresto domiciliar, pese a que se encuentra detenido desde inicios de agosto junto a otros seis religiosos, quienes se encuentran en una cárcel en Managua sin que se conozcan los cargos en su contra.
En total, nueve sacerdotes y seminaristas se encuentran tras las rejas, mientras otros siete lograron marchar al exilio. La dictadura sandinista declaró al sacerdote Uriel Antonio Vallejos prófugo de la justicia y pidió a la policía internacional Interpol la captura.
Asimismo, el régimen expulsó al nuncio apostólico Waldemar Sommertag, ilegalizó la Asociación Misioneras de la Caridad, adjunta a la orden de la madre Teresa de Calcuta, y expulsó a una decena de religiosas, cerró medios de comunicación católicos, incluyendo el canal de televisión de la Conferencia Episcopal.
Ortega y su esposa Rosario Murillo han llamado a los sacerdotes “curas hijos del demonio” e “hijos del diablo”.
Condena a presos políticos
De hecho, hay 235 opositores encarcelados, 225 en el contexto de las protestas de 2018 y 10 que fueron apresados antes del estallido social. En 2022 continuaron detenidos más de 40 opositores, entre ellos los entonces siete aspirantes presidenciales que exponían su candidatura contra Ortega en las elecciones generales de noviembre de 2021.
En 2022, el sistema dictatorial de Ortega los condenó a sentencias que oscilan entre los ocho y 13 años. A unos los acusó “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y a otros por “lavado de dinero”.
La comunidad internacional ha demandado la liberación de los presos políticos, pero la respuesta de Ortega ha sido ofender:
“Esos que están presos allí son los hijos de perra de los imperialistas yanqui” … “son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Que se los lleven para allá, para que allá le sirvan como lo que son, esclavos del imperio y traidores de la patria”.
Unipartidismo
Ortega eliminó a los partidos políticos de oposición y avanzó en la instauración del modelo unipartidista como el que existe en los regímenes totalitarios de Cuba, China y Corea del Norte, que funcionan a base de vigilancia, control y la política de terror contra sus ciudadanos.
En noviembre, durante unas elecciones que muchos tildan de manipulada, el Gobierno se adjudicó el 100% de las alcaldías en los comicios municipales. Las 153 comunas del país están bajo el control de la dictadura, incluso en zonas donde el sandinismo nunca ha ganado.
Igual que en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, los comicios se desarrollaron bajo el control de los aparatos de seguridad y de inteligencia del régimen. El abstencionismo fue superior al 80%, de acuerdo con organismos que monitorearon los comicios.
Cierre de sede de la OEA
El régimen sandinista ocupó y ordenó el cierre de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Managua, el 24 de abril. Ese día adelantó el retiro de sus representantes ante ese organismo.
Tras la ocupación de la sede diplomática, Ortega confiscó el edificio que ocupaba la OEA declarándolo de “utilidad pública” y lo convirtió en lo que hoy llama “el museo de la infamia”.
“Esta violación del derecho es lo que sufren los nicaragüenses día a día”, dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que urgió a la comunidad internacional a “aumentar la presión”.
Migración y remesas
La represión y la falta de oportunidades provocó el éxodo de nicaragüenses con destino a Estados Unidos. En el año fiscal 2021-2022 ingresaron 164.600 nicaragüenses al país norteamericano. Desde el inicio del nuevo periodo fiscal en octubre, cerca de 21.000 han cruzado la frontera.
Mientras la gente huye, aumentan las remesas. Hasta octubre alcanzaron 2.578 millones de dólares, un aumento de 47.6% en comparación a 2021, según un informe del Banco Central de Nicaragua. Estos envíos de dinero se han convertido en la segunda fuente de ingreso del exterior.
Ataque a los medios
Nicaragua se quedó sin medios nacionales escritos. Este año ordenó el cierre del diario La Prensa, el más importante y antiguo del país. También cerró el medio Trinchera de la Noticia.
Desde la crisis de 2018, unos 120 comunicadores se encuentran refugiados en distintos países, de acuerdo el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Ortega ha logrado eliminar a los medios críticos del país y los pocos que quedan se autocensuran para sobrevivir.
Ortega se niega a realizar un diálogo para encontrar una salida a su crisis sociopolítica, mientras lleva a la nación a un sistema similar a la dictadura de los Castro en Cuba. Una idea que no pudo consolidar durante el primer período de su régimen dictatorial de 1979 a 1990 por haber perdido el poder en unas elecciones.