Daniel Ortega, en el poder desde 2007, quedó reelegido para un quinto mandato de cinco años, el cuarto consecutivo, en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. Su esposa, Rosario Murillo, fue elegida vicepresidenta. Fue una victoria previsible, ya que sus siete aspirantes opositores habían sido encarcelados previamente, mientras tres partidos políticos opositores habían sido ilegalizados. La legitimidad de las elecciones de Nicaragua fue puesta en duda por grupos opositores, organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y otros Estados.
Salida de la OEA
En el mismo mes de su reeleción, después de que la OEA descalificara las elecciones generales por falta de transparencia, el Gobierno de Nicaragua anunció su salida del organismo.
El proceso, de acuerdo a los protocolos, se debía de llevar acabo en un lapso de dos años. Sin embargo, en el mes de abril, el Gobierno anunció su salida de la OEA con efecto inmediato, al tiempo que cerraba su oficina en Managua, al expropiar el edificio que el organismo alquilaba a particulares.
Ilegalización de organizaciones civiles y universidades
Desde el inicio de su quinto mandato, Ortega continuó la ilegalización masiva de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en curso desde diciembre de 2018. En total, son ya 758 las ONG a las que se les ha retirado el estatus de personas jurídicas a petición del presidente.
Entre las últimas organizaciones disueltas están la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta y la Academia Nicaragüense de la Lengua, una entidad con 94 años de existencia.
Además, la Asamblea Nacional canceló los permisos de operación de cinco universidades en febrero. Según la revista centroamericana de periodismo de investigación Expediente Público, hasta ese momento, al menos 18 casas de altos estudios habían perdido ya su personería jurídica.
El Gobierno legitima estos pasos alegando que las organizaciones han incumplido con sus obligaciones legales, por ejemplo, al no reportar estados financieros detallados o no declararse como «agentes extranjeros».