Desde octubre del año pasado hasta febrero del presente se aprobaron en Nicaragua una serie de leyes y normativas que han modificado el entramado legal del país, convirtiéndolo en un corset cada vez más estrecho para los opositores.
Resulta difícil definir cuál ha tenido mayor impacto: «Son como parte de un solo puzle”, dice a DW la abogada Asunción Moreno, miembro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Y, cuando se arma todo el bloque, el cuadro queda claro: «Todas están dirigidas a restringir y prácticamente a anular el ejercicio de derechos civiles y políticos”, afirma la académica, máster en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, subrayando: «Para mí es una cadena de ilegalidades y arbitrariedades. En el lapso de 22 días hemos visto el mayor atropello al ordenamiento jurídico a nivel constitucional y de tratados internacionales de derechos humanos”.
A juicio de Esteban Cuya, miembro del Centro de Derechos Humanos de Núremberg, «en realidad, esta situación de ruptura con el Estado de derecho, de reducción de la democracia, es algo que ya se está desarrollando especialmente en los últimos tres años, desde que comenzaron las protestas de la ciudadanía en Nicaragua”. El investigador de derechos humanos indica a DW que «solamente están poniendo sobre el papel lo que ya venían practicando, para darle más visos de legalidad a lo que han estado haciendo para restringir más las posibilidades de la disidencia política”.
Precandidatos «secuestrados» en Nicaragua
De todas formas, sobre la base de las nuevas leyes aprobadas desde octubre, se ha desatado una escalada de represión, en el marco de la cual ya han sido detenidos cinco precandidatos a la presidencia de Nicaragua. Asunción Moreno prefiere decir que han sido secuestrados. Y da sus razones: «Están secuestrados porque fueron detenidos, y sus casas han sido allanadas, sin cumplir con las formalidades que la Constitución política nicaragüense establece”.
Explica que en los últimos 20 casos registrados desde el 2 de junio, los afectados han sido sometidos a audiencias «secretas, clandestinas” en las que no se respeta su presunción de inocencia, ni se les permitió en ese momento nombrar a sus defensores.
«Lo cierto es que sus familias no han podido verlos. Y, salvo tres excepciones, tampoco los defensores designados por las familias han tenido acceso a entrevistarse con ellos”, dice. Y subraya que «lo más grave es que esas audiencias dan lugar a una resolución judicial que se traduce en una detención preventiva de 90 días, que realmente violenta todo el marco constitucional nicaragüense, porque nuestra Constitución establece 48 horas como máximo de detención para poner a una persona ante la autoridad competente”.
Las nuevas leyes nicaragüenses
Una ley, aprobada a comienzos de febrero, amplía el plazo de prisión preventiva y se incluye en el arsenal de instrumentos legales que el gobierno ha desplegado contra los opositores. El primero fue la ley de Agentes Extranjeros, aprobada en octubre de 2020, que prácticamente cierra el acceso al financiamiento internacional de las organizaciones no gubernamentales. Si reciben fondos del exterior, deben registrarse como agentes extranjeros. «Esa ley les prohibe a los organismos de la sociedad civil de Nicaragua aceptar donaciones del extranjero, o están obligados a declararlos y a explicar en qué las usan; eso está conculcando las posibilidades de trabajar de las ONG que se preocupan de la defensa de los derechos humanos y la educación en democracia”, señala Esteban Cuya.
En la lista se incluye también la nueva Ley Especial de Ciberdelitos, que en su artículo 30, sobre Propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, indica, entre otros puntos: «Si la publicación o difusión de la información falsa y/o tergiversada, incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa”.
Además, se suma una enmienda constitucional que permitirá la cadena perpetua por «delitos de odio», definidos en términos generales. La Constitución de Nicaragua contemplaba penas máximas de 30 años de cárcel. y la oposición considera que esta modificación apunta igualmente en su contra. Se añade al listado, además, la nueva «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, que inhibe a quienes cometan «traición a la patria” de presentar candidaturas electorales. En esa categoría caen también aquellos «que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
Bloqueo de la oposición
Los analistas concuerdan en la intención del gobierno de Daniel Ortega de bloquear la vía a los opositores para la contienda electoral de noviembre. Esteban Cuya recuerda que en el pasado «los regímenes dictatoriales en América Latina han recurrido a moficiación de leyes, incluso en conflicto con la Constitución misma del Estado; lo hizo, por ejemplo, en Perú, el régimen de Alberto Fujimori, dictando leyes draconianas para castigar a la oposición cuando reclamaba que se respetara la democracia y el Estado de derecho”. Y subraya que «en el caso de Nicaragua, siendo un régimen dictatorial, no respetan el Estado de derecho; no quieren oposición, de ninguna forma”.
Para Asunción Moreno, «estamos viendo que se ponen todos los obstáculos para que los nicaragüenses, o no participemos, o no tengamos la oportunidad de hacer un cambio de gobierno mediante una vía cívica y pacífica, y eso es realmente lamentable”.
Fuente: DW