«Nicaragua no ha logrado demostrar… caso por caso, que Colombia ha violado los derechos soberanos de Nicaragua», declaró el representante del gobierno colombiano, Manuel José Cepeda Espinosa, a los jueces.
«Tan precarias pruebas… tantas distorsiones de lo ocurrido, hacen pensar que ni en 2013, ni ahora Nicaragua tiene un caso serio», destacó Espinosa, exmagistrado de la Corte Constitucional colombiana.
Los abogados de Colombia rechazaron las afirmaciones de que la armada del país impedía el trabajo de barcos pesqueros nicaragüenses, y a su vez acusaron a Managua de interferir con los derechos de pesca de los indígenas.
La pérdida de los caladeros por el fallo de la CIJ de 2012 afectó especialmente a los raizales, una comunidad de habla inglesa y criolla que desciende principalmente de los esclavos secuestrados en África, precisaron los abogados.
No sólo se les «impidió pescar, sino que Nicaragua interceptó sus modestas embarcaciones», dijo Espinosa.
«Dos siglos después de haber encontrado su libertad, Nicaragua pretende restringir el acceso de los raizales a sus caladeros tradicionales, de los que depende su cultura y su subsistencia. La presencia de Bogotá en la región se debe a otros imperativos como la lucha contra el narcotráfico y el salvamento marítimo internacional», añadió Espinosa.
«Colombia está presente en la zona en cumplimiento de sus deberes internacionales (…) y juega un papel destacado contra el narcotráfico», subrayó.
Aunque no hay fronteras terrestres entre Nicaragua, situada en Centroamérica, y Colombia, que está en Sudamérica, las relaciones diplomáticas han sido tensas durante casi un siglo por la disputa de los límites marítimos.
Nicaragua llevó finalmente a Colombia a los tribunales en 2001, y en 2012 ganó varios miles de kilómetros cuadrados de territorio en el Caribe que antes eran colombianos.
Colombia, molesta, se quedó entonces con sólo siete islotes y afirmó que dejaría de reconocer la jurisdicción de la corte sobre disputas fronterizas.
Nicaragua volvió a recurrir a la corte en 2013 alegando violaciones del fallo por parte de Colombia.
Fuente: Diario las Américas