La respuesta del régimen sandinista a las demandas de un cambio democrático en el país ha sido recrudecer la represión, con ataques a la Iglesia católica, la promulgación de leyes autoritarias y la posible inhabilitación de opositores con miras a los comicios de 2021. Así cierra este año en Nicaragua.
Desde las protestas de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumida en una profunda crisis sociopolítica que ha dejado más de 325 muertos, 2.000 heridos, 100.000 exiliados y un centenar de presos políticos.
El escenario para los próximos comicios es propicio para Daniel Ortega, que no ha cumplido las reformas a la Ley Electoral, una vieja demanda de la oposición y la comunidad internacional.
Las reformas tendrían como propósito fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y la red técnico electoral, en un país en el que hasta los muertos han votado en los comicios pasados ante la falta de actualización del padrón electoral.
Pese a esas condiciones, los grupos de oposición que se han dividido se organizaban para participar en esos comicios, sin embargo, Ortega se prepara para cerrar esa puerta argumentando que los nicaragüenses que “promueven sanciones de otros países contra su régimen han perdido el derecho a participar en las elecciones” de noviembre próximo.
«Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones en contra perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones», dijo Ortega durante un acto público con la Policía.
Estados Unidos ha sancionado a 27 funcionarios y nueve empresas e instituciones del régimen sandinista. A juicio de Daniel Ortega las sanciones individuales contra sus funcionarios e instituciones por violaciones a derechos humanos y corrupción atentan contra el país.
La Unión Europea también ha sancionado a funcionarios de Ortega en el contexto de las protestas.
“A medida que se aproximan las elecciones presidenciales, el margen para que el presidente Ortega y sus partidarios aprueben reformas se va reduciendo. Estados Unidos está preparado para incrementar la presión sobre el régimen de Ortega con el fin de propiciar las reformas electorales que merece el pueblo nicaragüense”, dijo recientemente durante una conferencia de prensa Michael Kozak, subsecretario de Estado Interino para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
Presos políticos
Unos 116 presos políticos permanecen en condiciones inhumanas en las cárceles de Nicaragua. Ellos son el vivo reflejo de que Nicaragua sigue siendo escenario de represión y persecución tras el desmantelamiento de las protestas en 2018.
La abogada Yonarqui Martínez, defensora de derechos humanos que vive en carne propia la persecución es asesora legal del Comité de Madres proliberación de presos políticos.
Martínez dijo que actualmente en las cárceles hay 116 presos políticos registrados, 106 son rehenes del régimen en el contexto de las protestas de abril de 2018 y los otros 10 son los primeros presos políticos antes de la crisis de abril.
“En Nicaragua, todos los días se violentan los derechos humanos y hay denuncias sobre los presos políticos por parte de diferentes organismos y grupos defensores de derechos humanos”, afirmó la abogada.
Las Leyes
El régimen de Ortega aprobó recientemente tres leyes cuyo propósito es cercar a la oposición política en Nicaragua: Regulación de Agentes Extranjeros, cuyo propósito es evitar el financiamiento a los organismos no gubernamentales; la Ley Especial de Ciberdelitos, que persigue censurar a los pocos medios de comunicación críticos al régimen y las plataformas digitales.
También está la Ley de Cadena Perpetua, que estaría dirigida a los opositores, alegando “crímenes de odio”, empleando como argumento el crimen y violación sexual de dos niñas en la localidad de Mulukukú, una “intención” poco creíble porque Ortega ha sido acusado al menos tres veces por abuso sexual y violación contra menores de edad.
Ataques a la iglesia
Tras la crisis de abril de 2018, la Iglesia católica ha sido víctima de más 24 ataques, los últimos incluyen el incendio a la histórica imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, el caso de una mujer que roció con ácido el rostro de un sacerdote cuando oficiaba una misa, golpizas contra sacerdotes, entre otros.
«Todos estos ataques a la Iglesia católica confirman que el régimen de Ortega-Murillo quebranta el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento, y de religión, establecidos en la Constitución de Nicaragua y la Declaración Universal de Derechos Humanos», expresó un informe publicado en agosto por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Oposición
Para Eduardo Amador McCoy, profesional nicaragüense, los acontecimientos del año 2020 deben llamar a la reflexión.
“El 2020 nos deja una lección de la que debemos aprender. El liderazgo opositor no está a la altura de nuestra realidad, mucho manejo de propaganda, muchas redes sociales, mucho figureo. Pero nada concreto, no hay un programa, no hay estrategia política y padecen una suerte de improvisación y torpeza lamentable”, acotó.
Por otra parte, el joven político independiente Leopoldo Gómez sostiene que ir a elecciones bajo las reglas de Ortega es legitimar la dictadura.
En ese sentido, Gómez cuestiona a las cúpulas de oposición que se preparaban para participar en los comicios, pese a que la demanda del pueblo es la salida de Ortega, ya que no existe una reforma electoral que ofrezca garantías, mientras el gobernante mantiene el control de las instituciones del Estado, las fuerzas armadas y paramilitares.
“Hoy Ortega pretende inhibir a la oposición que le abrió el espacio al diálogo, con lo que logró desmontar las protestas”, preciso Gómez.
Gómez y Amador no ven un escenario alentador en el 2021. Ambos creen que el país va camino a una mayor polarización.
Fuente: Diario las Américas
Las reformas tendrían como propósito fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y la red técnico electoral, en un país en el que hasta los muertos han votado en los comicios pasados ante la falta de actualización del padrón electoral.
Pese a esas condiciones, los grupos de oposición que se han dividido se organizaban para participar en esos comicios, sin embargo, Ortega se prepara para cerrar esa puerta argumentando que los nicaragüenses que “promueven sanciones de otros países contra su régimen han perdido el derecho a participar en las elecciones” de noviembre próximo.
«Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones en contra perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones», dijo Ortega durante un acto público con la Policía.
Estados Unidos ha sancionado a 27 funcionarios y nueve empresas e instituciones del régimen sandinista. A juicio de Daniel Ortega las sanciones individuales contra sus funcionarios e instituciones por violaciones a derechos humanos y corrupción atentan contra el país.
La Unión Europea también ha sancionado a funcionarios de Ortega en el contexto de las protestas.
“A medida que se aproximan las elecciones presidenciales, el margen para que el presidente Ortega y sus partidarios aprueben reformas se va reduciendo. Estados Unidos está preparado para incrementar la presión sobre el régimen de Ortega con el fin de propiciar las reformas electorales que merece el pueblo nicaragüense”, dijo recientemente durante una conferencia de prensa Michael Kozak, subsecretario de Estado Interino para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
Presos políticos
Unos 116 presos políticos permanecen en condiciones inhumanas en las cárceles de Nicaragua. Ellos son el vivo reflejo de que Nicaragua sigue siendo escenario de represión y persecución tras el desmantelamiento de las protestas en 2018.
La abogada Yonarqui Martínez, defensora de derechos humanos que vive en carne propia la persecución es asesora legal del Comité de Madres proliberación de presos políticos.
Martínez dijo que actualmente en las cárceles hay 116 presos políticos registrados, 106 son rehenes del régimen en el contexto de las protestas de abril de 2018 y los otros 10 son los primeros presos políticos antes de la crisis de abril.
“En Nicaragua, todos los días se violentan los derechos humanos y hay denuncias sobre los presos políticos por parte de diferentes organismos y grupos defensores de derechos humanos”, afirmó la abogada.
Las Leyes
El régimen de Ortega aprobó recientemente tres leyes cuyo propósito es cercar a la oposición política en Nicaragua: Regulación de Agentes Extranjeros, cuyo propósito es evitar el financiamiento a los organismos no gubernamentales; la Ley Especial de Ciberdelitos, que persigue censurar a los pocos medios de comunicación críticos al régimen y las plataformas digitales.
También está la Ley de Cadena Perpetua, que estaría dirigida a los opositores, alegando “crímenes de odio”, empleando como argumento el crimen y violación sexual de dos niñas en la localidad de Mulukukú, una “intención” poco creíble porque Ortega ha sido acusado al menos tres veces por abuso sexual y violación contra menores de edad.
Ataques a la iglesia
Tras la crisis de abril de 2018, la Iglesia católica ha sido víctima de más 24 ataques, los últimos incluyen el incendio a la histórica imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, el caso de una mujer que roció con ácido el rostro de un sacerdote cuando oficiaba una misa, golpizas contra sacerdotes, entre otros.
«Todos estos ataques a la Iglesia católica confirman que el régimen de Ortega-Murillo quebranta el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento, y de religión, establecidos en la Constitución de Nicaragua y la Declaración Universal de Derechos Humanos», expresó un informe publicado en agosto por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Oposición
Para Eduardo Amador McCoy, profesional nicaragüense, los acontecimientos del año 2020 deben llamar a la reflexión.
“El 2020 nos deja una lección de la que debemos aprender. El liderazgo opositor no está a la altura de nuestra realidad, mucho manejo de propaganda, muchas redes sociales, mucho figureo. Pero nada concreto, no hay un programa, no hay estrategia política y padecen una suerte de improvisación y torpeza lamentable”, acotó.
Por otra parte, el joven político independiente Leopoldo Gómez sostiene que ir a elecciones bajo las reglas de Ortega es legitimar la dictadura.
En ese sentido, Gómez cuestiona a las cúpulas de oposición que se preparaban para participar en los comicios, pese a que la demanda del pueblo es la salida de Ortega, ya que no existe una reforma electoral que ofrezca garantías, mientras el gobernante mantiene el control de las instituciones del Estado, las fuerzas armadas y paramilitares.
“Hoy Ortega pretende inhibir a la oposición que le abrió el espacio al diálogo, con lo que logró desmontar las protestas”, preciso Gómez.
Gómez y Amador no ven un escenario alentador en el 2021. Ambos creen que el país va camino a una mayor polarización.
Fuente: Diario las Américas