Nicaragüenses que huyeron del régimen de Daniel Ortega y solicitan asilo en Costa Rica reclamaron este jueves al Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR) apoyo para recibir atención médica y obtener empleo durante su exilio.
Los nicaragüenses entregaron al ACNUR una carta con sus peticiones, que incluyen el registro en el seguro social de Costa Rica, que les garantiza atención médica, y documentos de identidad que les permitan obtener empleo.
«ACNUR recibió 4,5 millones de dólares para asegurar a 5.000 o 6.000 solicitantes de asilo en Costa Rica, pero no tenemos seguro», reclamó la enfermera nicaragüense Ana Hernández al llegar a la sede del organismo de la ONU en el oeste de San José.
«Algunas personas han sido aseguradas, pero no sabemos cuáles son los criterios que usa ACNUR para asegurar a unos y a otros no», agregó.
Hernández era conocida por las autoridades nicaragüenses como «la enfermera vandálica de León», y fue quien atendió a los heridos durante las manifestaciones de 2018 contra el gobierno de Ortega. Ella exhibe el sobrenombre con orgullo.
«ACNUR recibió 4,5 millones de dólares para asegurar a 5.000 o 6.000 solicitantes de asilo en Costa Rica, pero no tenemos seguro», reclamó la enfermera nicaragüense Ana Hernández al llegar a la sede del organismo de la ONU en el oeste de San José.
«Algunas personas han sido aseguradas, pero no sabemos cuáles son los criterios que usa ACNUR para asegurar a unos y a otros no», agregó.
Hernández era conocida por las autoridades nicaragüenses como «la enfermera vandálica de León», y fue quien atendió a los heridos durante las manifestaciones de 2018 contra el gobierno de Ortega. Ella exhibe el sobrenombre con orgullo.
En una respuesta enviada a AFP, la oficina de ACNUR en San José dijo que la pandemia del covid-19 agravó «las condiciones de vulnerabilidad de las personas solicitantes de asilo y refugio» en el país, lo que llevó a la organización a reforzar sus programas de asistencia.
Indicó que bajo un convenio con el seguro social costarricense fue posible darle seguro médico a 6.000 refugiados y solicitantes de refugio con financiamiento de ACNUR.
Costa Rica ha tenido las últimas décadas una población de alrededor de 400.000 nicaragüenses, pero la cifra creció tras la persecución desatada por las protestas de 2018 contra Ortega, que llevó a decenas de miles a buscar refugio al sur de la frontera.
Un estudio del año pasado de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano reveló que la gran mayoría de esos exiliados no tienen empleo en Costa Rica.
Fernando Palacios, un promotor de derechos humanos de la ciudad nicaragüense de Jinotega, reclamó que ACNUR tiene la obligación de emitir documentos a los solicitantes de asilo para que puedan obtener empleo.
«No he podido conseguir trabajo porque ACNUR no cumple su obligación de darnos documentos que legalicen nuestra situación», se quejó.
Fuente: Diario las Américas
«Algunas personas han sido aseguradas, pero no sabemos cuáles son los criterios que usa ACNUR para asegurar a unos y a otros no», agregó.
Hernández era conocida por las autoridades nicaragüenses como «la enfermera vandálica de León», y fue quien atendió a los heridos durante las manifestaciones de 2018 contra el gobierno de Ortega. Ella exhibe el sobrenombre con orgullo.
«ACNUR recibió 4,5 millones de dólares para asegurar a 5.000 o 6.000 solicitantes de asilo en Costa Rica, pero no tenemos seguro», reclamó la enfermera nicaragüense Ana Hernández al llegar a la sede del organismo de la ONU en el oeste de San José.
«Algunas personas han sido aseguradas, pero no sabemos cuáles son los criterios que usa ACNUR para asegurar a unos y a otros no», agregó.
Hernández era conocida por las autoridades nicaragüenses como «la enfermera vandálica de León», y fue quien atendió a los heridos durante las manifestaciones de 2018 contra el gobierno de Ortega. Ella exhibe el sobrenombre con orgullo.
En una respuesta enviada a AFP, la oficina de ACNUR en San José dijo que la pandemia del covid-19 agravó «las condiciones de vulnerabilidad de las personas solicitantes de asilo y refugio» en el país, lo que llevó a la organización a reforzar sus programas de asistencia.
Indicó que bajo un convenio con el seguro social costarricense fue posible darle seguro médico a 6.000 refugiados y solicitantes de refugio con financiamiento de ACNUR.
Costa Rica ha tenido las últimas décadas una población de alrededor de 400.000 nicaragüenses, pero la cifra creció tras la persecución desatada por las protestas de 2018 contra Ortega, que llevó a decenas de miles a buscar refugio al sur de la frontera.
Un estudio del año pasado de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano reveló que la gran mayoría de esos exiliados no tienen empleo en Costa Rica.
Fernando Palacios, un promotor de derechos humanos de la ciudad nicaragüense de Jinotega, reclamó que ACNUR tiene la obligación de emitir documentos a los solicitantes de asilo para que puedan obtener empleo.
«No he podido conseguir trabajo porque ACNUR no cumple su obligación de darnos documentos que legalicen nuestra situación», se quejó.
Fuente: Diario las Américas