CARACAS. – El madurismo sigue recibiendo concesiones para que su delegación regrese formalmente a la mesa de negociación con la oposición venezolana.
La que se había convertido en los últimos meses en la principal excusa del régimen venezolano para no reanudar las conversaciones sobre garantías políticas y electorales ya ha sido subsanada por EEUU.
Desde el mes de diciembre de 2022 el madurismo argumentaba que el retraso en la constitución del fondo humanitario por 3.000 millones de dólares que sería administrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) no les permitía regresar a las conversaciones. La constitución del fondo se había retrasado, entre otras razones, porque EEUU advirtió en diciembre a Naciones Unidas que no podía garantizar la protección de los recursos que serían liberados del intento de los acreedores del régimen venezolano.
No obstante, la semana pasada el gobierno de EEUU informó a Naciones Unidas que las contribuciones a su fondo humanitario para Venezuela estarán a salvo de incautaciones por parte de acreedores. Según la agencia de noticias Bloomberg, en el comunicado de la administración estadounidense se asegura que se permitirá que el fondo opere dentro EEUU sin temor a que sea vulnerable a los prestamistas que buscan el pago de la deuda.
Esta agencia recuerda que “Venezuela incumplió el pago de una abultada deuda de US$60.000 millones en 2017 y debe miles de millones de dólares en préstamos comerciales y laudos arbitrales. Desde entonces, diferentes tipos de acreedores se han centrado en los activos extraterritoriales congelados por las sanciones de EEUU. En su intento por cobrar las deudas del Gobierno y la empresa petrolera estatal PDVSA. El principal activo offshore del país, Citgo Petroleum, está en alto riesgo ya que los acreedores como Crystallex y el gigante petrolero ConocoPhillips presiona a los tribunales para que obliguen a la venta de las acciones de su empresa matriz para que puedan cobrar laudos arbitrales por la expropiación de sus activos en Venezuela”.
Suspendido desde noviembre
Formalmente el proceso de negociación está suspendido desde noviembre de 2022, cuando las partes acordaron “atender la expresión más urgente de la crisis humanitaria compleja de Venezuela: pobreza extrema, desnutrición infantil, falta de acceso a vacunas y salud, crisis eléctrica y ruina de la infraestructura educativa”.
En este acuerdo también se creó “la Mesa Nacional de Atención Social (encargada de la concreción de programas de protección social), el Grupo Especial de Atención del Sobrecumplimiento (para identificar y resolver los casos de sobrecumplimiento de sanciones que impiden el acceso a recursos del Estado) y una Comisión de Seguimiento y Verificación de los acuerdos. En ese momento se acordó crear el Fondo para la Protección Social del Pueblo, con apoyo de la ONU.
Renovación de licencias
Adicionalmente a las garantías de proteger los recursos del fondo social de los acreedores, la administración de Joe Biden anunció la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con PDVSA, a la vez que mantuvo en vigor las restricciones a la producción o comercialización de hidrocarburos del país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizó hasta el 19 de noviembre de 2023 ciertas transacciones de las empresas Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International.
Las transacciones y actividades autorizadas incluyen las necesarias para “el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela y para “garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela”, indicó OFAC en un comunicado.
Asimismo, están autorizadas “la participación en las reuniones de accionistas y de las juntas directivas, el pago de facturas de terceras partes por transacciones y actividades autorizadas, los pagos de impuestos locales y los pagos de salarios a empleados y contratistas en Venezuela”.
Sin embargo, en el comunicado se advierte que esta decisión no autoriza “la perforación, extracción o procesamiento, compra o venta, transporte o embarque de petróleo o cualquier producto de petróleo de origen venezolano”.
Se mantiene también la prohibición a la participación en el diseño, construcción, instalación, reparación o mejoras “de cualquier pozo u otras instalaciones o infraestructura en Venezuela, o “la compra o provisión de cualesquiera bienes o servicios excepto los requeridos para la seguridad”.
En contraprestación, el gobierno de Maduro, a través del ministro de Petróleo y presidente PDVSA confirmó que se otorgarán licencias a las empresas europeas Eni Spa de Italia, y a la española Repsol para que puedan exportar gas natural. Según el ministro se plantea emitir el próximo mes de junio las licencias a las referidas empresas.
Maduro quiere más
Sin embargo, la reanudación de la negociación aún luce lejana. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe del grupo negociador de Maduro mantiene casi intactas sus exigencias.
Según Rodríguez “Venezuela ha sido muy claro con la oposición, con los países que nos han preguntado al respecto”
Para fomentar el diálogo y avanzar en este proceso, el madurismo aspira al levantamiento de todas las sanciones “ilegales e ilegítimas” que desde el 2015 se han impuesto a Venezuela, lograr el acceso a las reservas de oro que se encuentran en Inglaterra, poder movilizar las cuentas que están en bancos europeos, que las utilidades de Citgo sean devueltas y poder acceder a los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional.
En el caso de las reservas de Oro que se encuentran depositadas en Inglaterra, los representantes del gobierno de Maduro evalúan presentar una nueva demanda en la Sala Comercial de las cortes inglesas, para que decida quién puede acceder al oro ahora que el gobierno británico ya no reconoce la existencia del gobierno interino de Juan Guaidó.