MIGUEL ÁNGEL MARTIN,
«Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos». Octavio Paz
El régimen de Maduro no está simplemente preparando un fraude electoral; en realidad, está llevando a cabo un golpe de Estado con el objetivo de instaurar el totalitarismo y perpetuarse en el poder. A través de maniobras antidemocráticas y la manipulación de las instituciones, Maduro y su entorno están erosionado sistemáticamente el Estado de derecho y la separación de poderes, socavando la legitimidad electoral y amenazando con consolidar un régimen autoritario que niega los principios fundamentales de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
¿Qué es un golpe de Estado?
Un golpe de Estado se refiere a la toma ilegal del poder político por parte de un sector o grupo social específico que violenta todas las normas y leyes constitucionales que regulan la transmisión institucional del poder, y puede ocurrir cuando las fuerzas armadas deponen a un presidente legítimamente electo, cuando una élite económica impone un presidente a su conveniencia o cuando el mismo gobierno anula la voluntad ciudadana para mantenerse en el poder mediante un autogolpe.
Sus orígenes y causas
Si bien los primeros episodios que podrían considerarse golpes de estado se remontan a la democracia ateniense en la antigua Grecia y a las intrigas políticas del Imperio Romano por el trono, el término en sí proviene del francés: “coup d’État”. Originalmente, en el contexto del absolutismo, se refería a las acciones repentinas y violentas del monarca, quien infringía las normas legislativas y morales para deshacerse de enemigos que amenazaban el bienestar o la seguridad del Estado. Durante el siglo XIX, el término evolucionó hacia su significado actual, denotando un cambio violento y abrupto en las reglas del juego político y en los poderes que gobiernan el Estado. La connotación moderna lo describe como un evento disruptivo que altera profundamente el orden político establecido.
Las causas que lo impulsan suelen ser diversas y multifacéticas, desde conflictos políticos internos y luchas por el poder hasta crisis económicas, corrupción generalizada o intentos de restaurar el orden en períodos de grave inestabilidad. Esta complejidad en las causas subyacentes refleja cómo los golpes de estado pueden surgir como respuestas extremas a situaciones políticas, económicas y sociales complicadas, donde las elites militares o civiles buscan tomar el control del poder argumentando una necesidad urgente de cambio. Sin embargo, estas intervenciones abruptas en el gobierno suelen tener consecuencias profundas y duraderas para la estabilidad y la legitimidad de las instituciones democráticas.
Tipos de golpe de Estado
Los golpes de estado pueden clasificarse en varios tipos según sus características y métodos empleados, cada uno con características particulares que reflejan su contexto y motivaciones únicas que reflejan una combinación única de factores políticos, sociales y económicos que precipitan estos eventos disruptivos en la historia política mundial.
- Alzamientos militares: Estos golpes pueden incluir a todas las fuerzas armadas, algunas de ellas, o incluso una facción minoritaria. Se alzan en armas contra el Estado que deberían proteger, con el objetivo de tomar el control y establecer nuevas reglas bajo su liderazgo.
- Golpe institucional o de palacio: En este tipo de golpe, una institución del Estado, frecuentemente el poder ejecutivo encabezado por presidentes decide ignorar las normas constitucionales establecidas y usurpar funciones de otros poderes según su conveniencia. Esta forma de golpe busca concentrar el poder de manera unilateral y modificar el equilibrio institucional existente.
- Autogolpe: Este tipo de golpe ocurre cuando el propio gobierno de un país actúa contra el Estado que administra, para alterar las reglas a su favor y generalmente perpetuarse en el poder de manera ilegal. Estos golpes implican acciones directas del gobierno para restringir derechos, suprimir oposición y controlar los procesos políticos y judiciales.
- Golpe «blando»: Conocido por sus acciones conspirativas con sectores internos del país, con el propósito de desestabilizar gradualmente la nación. Esto puede incluir afectaciones a la economía, la imagen internacional y el funcionamiento legal del país, todo con el fin de derrocar ilegalmente al gobierno existente e imponer uno nuevo según sus intereses.
¿Cuándo se rompe con el hilo constitucional?
El término «hilo constitucional» se refiere a la continuidad de las normas legales que regulan un Estado. Su ruptura implica un evento que las viola o incumple, contraviniendo así el pacto legal por el cual una sociedad elige regirse a sí misma, es decir, la Constitución. El caso de un golpe de Estado representa precisamente un evento que desafía las normas e instituciones del Estado, alterando las reglas del juego mediante la interrupción drástica del orden constitucional y democrático establecido, provocando crisis institucionales y desafiando los principios fundamentales de legalidad y legitimidad que sostienen el funcionamiento democrático de un país.
¿Por qué el régimen de Maduro está cometiendo un Autogolpe?
Recordemos que el autogolpe se refiere a la violación de la legalidad vigente en un país por parte de quien está en el poder, con el objetivo de afianzarse en él. En otras palabras, es cuando una autoridad o líder político toma medidas ilegales para consolidar su posición y mantenerse en el cargo.
Precisamente, el régimen de Maduro está llevando a cabo un golpe de Estado en Venezuela mediante una serie de acciones que socavan el orden constitucional del país, que forma parte de una estrategia para mantenerse en el poder, a pesar de la clara voluntad del pueblo de que abandone el gobierno y se produzca un cambio de régimen. A saber:
- La realización de un Referéndum sobre el tema del Esequibo con un resultado absurdo, donde se afirmó que participaron más de 10 millones de personas en centros electorales vacíos, y el anunció de la creación de un Estado de la Guyana Esequiba sin control efectivo del territorio.
- La inhabilitación de partidos políticos para presentar candidaturas, así como la inhabilitación selectiva de candidatos, incluyendo el caso emblemático de María Corina Machado, donde se le impide su candidatura por la vía de hechos sin existir una sentencia judicial de inhabilitación.
- La aprobación de un padrón electoral con graves insuficiencias, que excluye a más de 7 millones de venezolanos que residen fuera del país, así como la manipulación de la reubicación de aproximadamente 2.5 millones de venezolanos dentro del país, que impiden manifestar su voluntad en las elecciones.
- La creación de 1595 nuevos centros electorales sospechosos con una mesa en zonas controladas por partidarios del régimen, como lo es el caso de «la piedrita», donde se habilitan 4.9 millones de electores.
- La detención arbitraria de diversos líderes políticos durante el proceso electoral, así como el control sumiso del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General, la Contraloría General y el órgano electoral, todos bajo la influencia y órdenes de Maduro y sus cómplices.
- Las recientes inhabilitaciones y detenciones de varios alcaldes que han dado su apoyo a una candidatura democrática.
El régimen de Maduro está socavando sistemáticamente la voluntad popular y las normas constitucionales establecidas para perpetuar su control sobre el poder. Estas acciones incluyen represión contra la oposición, manipulación de los procesos electorales y restricción de las libertades civiles. Esta erosión de la estabilidad institucional y la legalidad democrática refleja un claro intento de mantenerse en el poder a pesar de la oposición generalizada y del deterioro económico y social del país. Esta situación en Venezuela destaca cómo los golpes de Estado pueden manifestarse no solo a través de acciones militares directas, sino también mediante estrategias políticas y manipulaciones institucionales que amenazan los principios fundamentales de la democracia.
¿Qué debe hacer la Comunidad Internacional?
La comunidad internacional enfrenta un desafío significativo frente a la situación en Venezuela, donde el régimen de Maduro está llevando a cabo acciones que socavan gravemente la democracia y los derechos humanos. Ante esta crisis, es crucial que actúe de manera decidida y coordinada para proteger los principios democráticos y apoyar al pueblo venezolano en la restauración de su soberanía y libertades fundamentales.
Primero, organismos como la ONU, la OEA y la Unión Europea deben condenar enérgicamente las acciones del régimen de Maduro como un golpe de estado flagrante contra la voluntad popular. La Declaración del Grupo Idea (Declaración sobre las Elecciones Presidenciales en Venezuela. Junio, 19.2024) que destaca la necesidad de respetar la soberanía popular y los derechos electorales en Venezuela, proporciona un marco claro para esta condena internacional.
Segundo, la comunidad internacional debe imponer sanciones económicas y políticas dirigidas a Maduro y a todo su entorno, como medida para presionar por un cambio de comportamiento y el restablecimiento de la democracia. Estas sanciones deben ser efectivas y dirigidas estratégicamente para minimizar el impacto negativo en la población venezolana.
Tercero, es fundamental que los países democráticos y las organizaciones internacionales apoyen activamente los esfuerzos de la sociedad civil venezolana y la oposición democrática para proteger los derechos humanos, fortalecer las instituciones democráticas y promover una salida pacífica y constitucional a la crisis.
En resumen, la comunidad internacional tiene la responsabilidad moral y legal de defender los principios democráticos y los derechos humanos en Venezuela frente a la amenaza representada por el régimen de Maduro. Esto requiere acciones decisivas y coordinadas para presionar por un cambio político que respete la voluntad del pueblo venezolano y restaure la democracia en el país.
Por Miguel Angel Martin Tortabu