El régimen dictatorial de Nicolás Maduro incumplió con los acuerdos de Barbados y este viernes ratificó que no está dispuesto a ceder. La posibilidad de celebrar unas elecciones libres en Venezuela fue sepultada con la decisión de mantener las inconstitucionales inhabilitaciones contra los dirigentes de la oposición. Desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al servicio de la tiranía primero se declaró improcedente y sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el excandidato presidencial Henrique Capriles contra su inhabilitación, y acto seguido se procedió a anunciar la misma decisión contra la candidata presidencial María Corina Machado.
El caso de Machado tiene particular relevancia por haber sido electa como abanderada de la coalición opositora en las primarias del 22 de octubre y por la larga lista de irregularidades en el documento mediante el cual se le impone esta supuesta sanción administrativa que inicialmente había sido por un periodo de 12 meses, el cual venció hace más de siete años, y luego se usó la misma resolución (N° 01-00-000398) para inhabilitarla por 15 años sin que en ningún momento ella hubiese sido notificada cuando el oficio tiene fecha del 13 de julio de 2015.
Pero ahondar en los sobrados argumentos jurídicos es llover sobre mojado. La razón es meramente política. Se trata de la misma maniobra usada por la dictadura chavista durante más de dos décadas para quitarse del medio a todo el que pueda poner en riesgo su permanencia en el poder. Así, el chavismo una vez más priva a los venezolanos del derecho a elegir, pues será en Miraflores donde se escogerá al supuesto opositor que se enfrentará a Maduro en unas elecciones falsas desde todo punto de vista, comparables con lo que en Cuba, Nicaragua y Corea del Norte llaman “elecciones”, pero que son un mero trámite para “formalizar” la extensión de una tiranía.
Crónica de una muerte anunciada: nada nuevo
El procedimiento mediante el cual se daría cumplimiento al “acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” firmado en Barbados con la observación de Noruega y la participación de Estados Unidos fue otra burla. Era por lo menos ingenuo pensar lo contrario. Todos y cada uno de los procesos de diálogo en los que ha participado el chavismo han sido una oportunidad para ganar tiempo, debilitar a los opositores y engañar a la comunidad internacional. Y este no iba a ser la excepción.
Lo único que el chavismo buscaba era la liberación de Álex Saab, ficha clave del régimen que esperaba juicio en EE. UU. por el delito de lavado activos por unos 350 millones de dólares, y el temor a que pudiera sumarse al programa de testigos protegidos de Washington hacia temblar a más de uno en Miraflores. El gobierno de Joe Biden pecó de ingenuo o cómplice al pensar que podía creer en la palabra de una narcodictadura que no está dispuesta a arriesgar el poder que mantiene por la fuerza. Además de entregarle al hombre señalado por la justicia estadounidense como testaferro de Maduro también otorgó desde finales de octubre un alivio temporal de sanciones al petróleo y el gas venezolano, lo que le ha permitido a la cúpula chavista aumentar su acceso a recursos.
Después de haber recibido todo, la dictadura mostró una vez más su verdadero rostro y no otorgó nada. De inmediato pateó la mesa sacando una vez más el viejo libreto del supuesto magnicidio para llenar nuevamente las celdas de sus calabozos con nuevos presos políticos que vienen a sustituir a los recién liberados hace apenas un mes, activando nuevamente la llamada “puerta giratoria”. Así inició la nueva ola de persecución de la que han sido víctimas en las últimas horas coordinadores regionales de Vente Venezuela, el partido de María Corina, así como periodistas, exmilitares y defensores de derechos humanos.
Se acabó el acuerdo, viene la farsa
“El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados”, dijo María Corina Machado en un mensaje en su cuenta de X, en referencia a lo que era la principal exigencia con la que debía cumplir la delegación del oficialismo: la celebración de elecciones presidenciales libres mediante el levantamiento de las inconstitucionales inhabilitaciones.
Ahora el régimen pretenderá avanzar con una farsa electoral como la de 2018, cuando Maduro se declaró reelecto en un proceso en el que solo participaron un par de candidatos que no representan a la oposición. Henri Falcón y Javier Bertucci hicieron comparsa en un proceso amañado desde el inicio en el que Maduro solo buscaba dar una apariencia de normalidad democrática. Ahora suena el nombre de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, como el candidato a conveniencia que el régimen quiere como “rival”. También está sobre la mesa el nombre del comediante Benjamín Rausseo, que declinó de participar en las primarias opositoras ante el abrumador apoyo con el que contaba María Corina Machado, y su intención es y ha sido clara: dividir el voto opositor para facilitarle el camino a la dictadura.