MIAMI.- La Corte Suprema mantiene el estatus en revisión de la constitucionalidad de la Ley SB4 de Texas, en contra de la migración irregular en esa jurisdicción, mientras un nuevo texto jurídico entra en la escena, esta vez de la mano de la gobernadora del estado de Iowa, Kim Reynolds.
Cuando entre en vigencia la ley, prevista para el 1 de julio, la policía puede arrestar a ciertos migrantes que se encuentren indocumentados.
Según esta normativa cualquier persona que se encuentre dentro del estado y que se le haya prohibido previamente la entrada al país, o cuente con un registro previo de deportación, estaría cometiendo un delito estatal.
Es decir, los migrantes que tengan órdenes de deportación pendientes, que hayan sido previamente expulsados de EEUU o se les haya negado anteriormente la entrada serán los principales afectados.
Con la aprobación de esta medida estatal SF 2340, Iowa se une a otros estados republicanos como Texas, donde se le otorga el poder a los funcionarios estatales de detener a presuntos migrantes ilegales, como también a los jueces estatales de ordenar su deportación. Actualmente esta norma del estado de la estrella solitaria se encuentra bloqueada mientras un tribunal federal de apelaciones considera su constitucionalidad.
Salir del país o ser procesado
En la norma de Iowa una vez que los migrantes sean arrestados tendrán dos opciones: aceptar la orden de un juez para salir del país o ser procesados. En la primera opción, el juez está obligado a presentar un método de transporte para que la persona detenida abandone el país, así como proporcionar un agente policial o una agencia del estado que supervise la salida de los migrantes del país. Aquellos que se resistan a salir, podrían enfrentar acusaciones más graves.
Si bien la nueva ley obliga al estado a identificar el transporte de partida y brindar supervisión de un agente policial, la deportación no deja de ser un proceso federal, por lo que la nueva legislación en Iowa podría presentar diversos desafíos legales, al igual que la SB4 de Texas, que se encuentra estancada en la Corte Suprema tras ser impugnada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La ley de Texas está estancada en los tribunales tras ser impugnada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que considera que entra en conflicto con la autoridad de inmigración del gobierno federal, precisó AP.
En Iowa y en todo el país, líderes republicanos han acusado al presidente Joe Biden de desatender su responsabilidad de hacer cumplir la ley federal de inmigración, ante lo cual algunos gobernadores han propuesto diversas estrategias en el ámbito estatal.
Dado que el proyecto ya fue aprobado y firmado por la gobernadora Kim Reynolds, la ley entrará en vigor en Iowa a partir del próximo 1 de julio, a menos que el Departamento de Justicia se pronuncie al respecto y solicite una revisión ante el máximo tribunal de los Estados Unidos, pues la ley en sí representa un conflicto con la autoridad de inmigración del gobierno federal.
Grupos locales protestan
Grupos locales de derechos de los inmigrantes en Iowa, como por ejemplo el Movimiento de Migrantes por la Justicia, han estado protestando durante todo el año en contra de esta medida estatal. Ellos han aclamado: “Sabemos que todos pertenecemos aquí, Iowa es nuestro hogar y nos mantendremos unidos como trabajadores, familias y aliados para defendernos unos a otros”.
Lamentan la elección que tomó la gobernadora porque con la rubrica de esta normativa “está fallando a los habitantes de Iowa recién llegados y a los de toda la vida”.
El Gobierno de México reaccionó a la ley y manifestó que no se quedará de brazos cruzados. Planea explorar recursos legales y asesoramiento para poder ayudar a aquellos mexicanos que se encuentren desprotegidos por el gobierno de Iowa.
La ley de Iowa reitera que, al igual que la de Texas, podría derivar en acusaciones penales a personas que tengan órdenes de deportación pendientes o que previamente hayan sido expulsadas de Estados Unidos o se les haya negado la entrada. Una vez bajo arresto, los migrantes podrían aceptar la orden de un juez de salir del país o ser procesados, no hay alternativa ante estos dos escenarios.