Al expresidente peruano Pedro Castillo le ha costado encontrar a un abogado que pueda defenderlo de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública que le imputa la Fiscalía tras intentar alterar el orden constitucional en el país con un golpe de Estado. A casi un mes de su detención -que se cumplirá este 7 de enero- ya suma nueve defensores con gestiones judiciales infructuosas.
El desfile de abogados del exmandatario revela el declive de su figura, considerando que Castillo pasó de contar con profesionales de alto rango a letrados desconocidos para la opinión pública. Hasta ahora, ninguno de sus abogados logra revocar los 18 meses de prisión preventiva, los cuales fueron impuestos por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Sandro Balvin es el último abogado en asumir la responsabilidad de representar al expresidente. Dice que está “reestructurando la defensa técnica”. Su estrategia es suspender los mensajes de Castillo a través de Twitter y la publicación de cartas mediante sus redes sociales. «A partir de ahora no tiene comunicación alguna” porque “la meta es excarcelarlo para que el juicio transcurra en libertad”.
Planes sin éxito
Los planes de Balvin son inútiles porque “la causa de Castillo es casi indefendible. Hubo un absoluto rompimiento del orden legal y constitucional y eso explica la rotación tan alta de abogados en la defensa” afirmó Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional de Perú en entrevista con PanAm Post.
No importa cuántos profesionales contrate el exmandatario. Su panorama es sombrío. “El futuro de Castillo estará signado por una condena entre 15 o 20 años incluso más, si además se comprueba el delito de corrupción que también se le atribuye. Ya hay evidencia aportada por testigos y colaboradores eficaces”.
Es posible que este escenario provocara la estampida de sus abogados que comenzó con el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien después de acompañar a Castillo durante sus primeras horas como detenido en la sede de la Prefectura del Cercado de Lima después optó por la clandestinidad ante su arresto inminente.
Una larga lista
Si bien Torres surfeó su arresto apelando a su edad -80 años- y a una enfermedad -aún sin confirmar- su abandono ha sido total. Wilfredo Robles Rivera y Víctor Pérez Liendo remplazaron a Torres. A ellos se atribuye la gestión de asilo ante el gobierno de México.
Un reporte de La República señala que tras la fallida concreción del asilo, Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) junto a María Esther Adriano tomaron el caso los ataques del entorno político de Castillo los obligó a renunciar.
Lo mismo hicieron Raúl Noblecilla y Ronald Atencio después de recomendar a Castillo que se abstuviera de presentarse en las audiencias, obligando al abogado de oficio Ítalo Díaz a remplazarlos.
Wilfredo Robles perdiese los papeles —a fines de diciembre del 2022 — en un set de televisión tras ser cuestionado en vivo por cumplir 11 años de prisión por el delito de terrorismo. Tras este escándalo, tuvo que alejarse de la defensa del hoy detenido en el penal de Barbadillo del distrito de Ate.
Más complicaciones legales
Volver a la calle es casi imposible a corto plazo para Castillo cuando “hay siete carpetas fiscales que están en curso de investigación por las cuales todavía no se ha pedido prisión preventiva. Es obvio que cuando estén listas, el Poder Judicial va a ratificar la prisión preventiva y probablemente la extenderá más allá de los 18 meses que tiene como límite el delito de rebelión por el cual no actualmente está en prisión preventiva y podría llevarla hasta los 36 meses” indicó el también exmagistrado peruano.
El caso de Castillo está en manos de la Corte Suprema. Desde hace una semana la Sala Penal Permanente revisa la apelación presentada por su penúltimo abogado, Wilfredo Robles.
Desde el exterior hay presión. El presidente de Colombia, Gustavo Petro y del jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador cuestionan públicamente el accionar del Poder Judicial inca pero Urviola los rebate señalando que “es absolutamente falso que Castillo haya sido encarcelado sin juicio. Eso sólo ha salido de la boca de de presidentes que desconocen la situación”.
Indica que la prisión preventiva se mantendrá al ser una medida que se dicta para asegurar el curso de una investigación sin interferencias por parte de quienes están comprometidos, sobre todo si se trata de alguien acusado de liderar a una organización criminal como la que supuestamente encabeza el expresidente Castillo.
En tensa calma
La sucesión presidencial que ahora encarna Dina Boluarte tiene a Perú dentro del orden constitucional pero Urviola admite que es una “es una vergüenza para el país haber tenido más de un presidente involucrado en actos de corrupción durante el último quinquenio”.
Sin embargo, destaca que “la conflictividad política es una paradoja porque entre la ciudadanía genera satisfacción que las instituciones del sistema democrático han funcionado. Ninguna otra nación de América latina puede resaltar que a un presidente en ejercicio, con todo el poder en las manos, se le haya abierto una investigación por corrupción. Eso es prueba de que en el Perú está funcionando el sistema democrático con todos los defectos que pueda tener”.