Hace un par de semanas el régimen de Nicolás Maduro solicitó ayuda técnica a Naciones Unidas para desmantelar las minas que infestan amplias áreas en la frontera entre ambos y que Caracas atribuye a los grupos armados irregulares que proceden de Colombia, que tras Afganistán es el país con mayor número de muertos por minas antipersona.
No obstante, la OEA señaló que tanto éste, como otros hechos denunciados por parte del régimen «son consecuencia directa de las operaciones indiscriminadas del aparato militar del régimen», que actúa, acusa, en «complicidad con actores criminales y terroristas que se encuentran presentes en territorio venezolano gozando de total impunidad».
«La Secretaría General urge a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para atender el presente desplazamiento de población civil en la zona de los departamentos de Arauca y Apure, en Colombia y Venezuela respectivamente», los cuales forman parte, dice, de una «trágica situación humanitaria» que es ya «la más grave crisis de refugiados en toda la historia del continente«.
Los combates entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y los grupos armados irregulares, identificados como disidentes de la desaparecida guerrilla de las FARC, organizaciones del narcotráfico y escuadrones paramilitares, empezaron el 21 de marzo y han dejado ya cerca de una veintena de personas muertas, entre ellas ocho militares venezolanos.
Fuente: Diario las Américas