WASHINGTON.- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó este martes, 3 de septiembre, la orden de captura del régimen de Nicolás Maduro en contra del diplomático Edmundo González Urrutia, electo presidente para el período presidencial 2025-2031, según las actas electorales escrutadas de los comicios celebrados el 28 de julio, y llama a la acción internacional.
Mediante un comunicado, difundido en las redes sociales, la Secretaría General de la OEA afirmó que la persecución política, ahora en forma de orden de aprehensión del «candidato opositor que aparece como ganador en las pasadas elecciones conforme a la única información documental disponible» a más de un mes de las presidenciales, «constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos» en el país suramericano.
El organismo regional arremetió en contra del Poder Judicial al servicio de la dictadura, que en el 22 de agosto emitió un fallo avalando el fraude electoral de Maduro, que algunos expertos tildan de «golpe de Estado», y ahora dicta la orden de captura del dirigente opositor, suscrita por el «juez especial» del Tribunal Primero de Primera Instancia con Competencia en Terrorismo, Edward Miguel Briceño Cisneros.
OEA asegura que el poder judicial administra represión
«Una vez más el poder judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en el país. No es un poder judicial que administra justicia, sino represión y conculcación de libertades fundamentales, y que se erige en agente principal de la impunidad para las violaciones de derechos humanos», señaló.
Para la OEA, esperar que fiscales, magritrados y jueces venezolanos, que dan dado muestra de su sumisión al poder, eventualmente hagan justicia es un «despropósito jurídico» y, «aun mayor, ético y moral».
Esto, en vista de que expone a la población venezolana a «las políticas sistemáticas de crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano» sin que se acciones instrumentos de imputación de cargos y detención de responsables por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que desde 2018 investiga las violaciones de derechos humanos registradas en Venezuela desde 2014.
«El respeto de garantías y condiciones de Estado de Derecho requiere acción y no inacción internacional», aseveró.
El régimen «cruza una nueva línea»
El Tribunal Primero de Primera Instancia con Competencia de Terrorismo dictó la orden de aprehensión en contra de González Urrutia, a resguardo desde el 28 de julio, menos de una horas después de que la Fiscalía chavista, dirigida por el «poeta de la tortura», el fiscal Tarek William Sabb, la solicitara.
La Fiscalía le imputa al diplomático, quien se negó a acudir a las tres citaciones que hiciera el Ministerio Público (MP) al afirmar que no existía garantías de independencia ni del debido proceso, los supuestos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación.
Las citaciones del MP derivaban de una presunta investigación iniciada a principios de agosto en contra de la oposición por la publicación de más del 80% de las actas de votación que demuestran la victoria del diplomático, desmontando la narrativa oficial, que pretende otorgar la reelección a Maduro sin que a más de un mes de la elección se hayan publicado los resultados desglosados, como establecen las leyes y normativas electorales.