WASHINGTON.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó para este miércoles una reunión extraordinaria en la que estudiará «los actos antidemocráticos contra las sedes de los tres poderes del Gobierno brasileño» ocurridos el domingo.
La organización explicó que la cita arrancará a las 10.00 (hora local de Washington), con los últimos acontecimientos de Brasil como único punto en el orden del día.
Varios líderes de la región habían solicitado la intervención de la OEA en esta crisis. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mostró especialmente crítico con el papel de esta organización, a la que reclamó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Castigo a quienes participaron en el asalto
El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes prometió este martes castigar a todos los responsables del asalto a las instituciones del Estado el pasado domingo en Brasilia, tanto a quienes participaron directamente como a aquellos que lo hicieron por omisión o a través de financiación.
«Las instituciones castigarán a todos los responsables. A aquellos que realizaron los actos, aquellos que los financiaron, aquellos que los alentaron, por acción o por omisión», recalcó durante la toma de posesión del nuevo director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.
«Tenemos que combatir firmemente a los antidemócratas, a los golpistas y a quienes quieren un régimen de excepción», enfatizó De Moraes, histórico objetivo de los ataques del bolsonarismo, que ha visto reforzado su figura tras la crisis política liderando algunas de las primeras medidas punitivas.
Poco después de los ataques las sedes de los tres poderes del Estado brasileño, el magistrado ordenó el cese temporal del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, así como del secretario de Seguridad, Anderson Torres, por «omisión» de sus funciones y «connivencia» con los asaltantes.
A su vez, el lunes ordenó desmantelar los campamentos que se habían levantado por todo el país frente a los cuarteles del Ejército para reclamar un golpe de Estado, decretando prisión para todos aquellos que se negaran a marcharse, además de los cerca de 1.500 que ya fueron arrestados.
Por su parte, el nuevo jefe de la Policía prometió que actuarán «con firmeza» contra aquellos que participaron en las revueltas del domingo y lamentó que «las palabras de odio» que se esparcieron durante semanas acabaran por concretarse «en acciones tangibles que amenazaron el Estado democrático».