Este encarcelamiento por motivos políticos viola la normativa nicaragüense y los instrumentos jurídicos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Asimismo, la OEA tiene constancia de que «los familiares de los presos políticos sufren constantes amenazas por parte de agentes del Estado, así como el hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias y tratos lesivos a sus personas por parte de los funcionarios de las cárceles».
Ante esta situación, el Gobierno de Nicaragua debe permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) regrese al país para informar sobre la situación actual de Derechos Humanos, mientras que la OEA reitera la exigencia de la liberación «inmediata» de todos los presos políticos.
Por último, la organización insta a que «cese el hostigamiento y persecución para asegurar un proceso de elecciones libres, justas y transparentes».
Fuente: Diario las Américas