La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se pronunciaron acerca de la nueva política migratoria de los Estados Unidos hacía los venezolanos.
Estados Unidos anunció el miércoles un programa que da estatus legal por dos años a los venezolanos que lleguen en avión y dispongan de un patrocinador. No obstante, en un principio solo repartirá 24.000 visas. Además, están excluidos los deportados de EE.UU. en los últimos cinco años, los que hayan entrado a Panamá o México de manera irregular o los que tengan una residencia permanente o nacionalidad de otro país que no sea Venezuela.
En este sentido, los migrantes que no reciban visas serán devueltos a México. La primera deportación de migrantes venezolanos, por parte del Gobierno de Joe Biden, sorprendió este jueves a cientos de venezolanos que se encuentran varados en la ciudad mexicana de Tapachula, estado de Chiapas, fronteras sur de México.
La OIM, Acnur y Unicef expresaron que siguen profundamente preocupadas por las continuas restricciones de acceso al asilo que sufren personas de muchas nacionalidades diferentes en la frontera entre México y Estados Unidos y reiteraron el llamamiento para que se ponga fin urgentemente a las mismas.
“Cada día que se mantienen estas políticas, se ponen en riesgo a más personas, familias, niñas y niños desesperados muchas personas sujetas a estas medidas han sido enviadas a comunidades fronterizas con importantes desafíos de seguridad, redes de apoyo limitadas y capacidades de alojamiento inadecuadas, lo que hace que su retorno a México sea peligroso e insostenible”, añadieron.
Las agencias aseguraron que es posible lograr sistemas de recepción y procesamiento justos y eficaces en las fronteras nacionales, incluida la frontera entre Estados Unidos y México.
Asimismo, se comprometieron con trabajar con los Estados de todo el hemisferio para reforzar las capacidades de recepción y procesamiento, apoyar la migración regular y ampliar las vías seguras para las personas solicitantes de asilo y migrantes, en consonancia con las normas internacionales y los objetivos de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.
Venezuela está sumida en una larga crisis que ha provocado la huida en los últimos años de 7,1 millones de personas del país, según datos de la ONU.