BOGOTÁ (AP) — Al menos 562 defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2021, según un informe sobre violencia divulgado el martes por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los defensores continúan siendo blanco de grupos armados y en lo que va de 2022, la ONU ha verificado 22 asesinatos. La cifra podría aumentar debido a que otros 67 casos se encuentran en proceso de verificación. Los principales responsables de los homicidios son los grupos armados ilegales que buscan el control del territorio para las economías ilícitas, dice el informe.
En los últimos dos años se quebró la transitoria tranquilidad que vivieron los territorios tras la firma de un acuerdo de paz en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La ONU advirtió que la violencia se agudizó con la expansión de grupos armados, especialmente en territorios donde operaba las FARC. Persisten otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.
“En algunos lugares estos grupos parecen suplantar algunas de las funciones propias del Estado y regulan muchos aspectos de la vida comunitaria, incluso tomando decisiones en temas familiares o de justicia local”, aseguró Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada ONU DDHH, durante la presentación del informe.
Dicho control social lo ejercen con medidas coercitivas o amenazas a la población, limitando su movilidad, imponiendo tarjetas de identidad u exigiendo resultados negativos de enfermedades de transmisión sexual. En abril fueron encontrados los cuerpos sin vida de una niña de 15 años y una mujer de 18 en Nariño, al sur del país, junto a un letrero que indicaba que no tenían permiso para transitar en la zona.
Una defensora de derechos humanos le dijo a la ONU bajo anonimato que las disidencias de las FARC solían hacer retenes en las vías con armas largas en la salida de una población de Arauca, departamento fronterizo con Venezuela. “Nos dicen que tenemos que pedir permiso para salir y nos revisan los celulares”, explicó.
La violencia para imponer temor ha provocado un aumento del 200% de las masacres ocurridas entre 2016 y 2021, según el informe. El año pasado fueron perpetradas 78 masacres que dejaron un total de 305 víctimas mortales, entre ellas había 35 mujeres, 20 niños y niñas y 13 miembros de pueblos étnicos. En lo que va de 2022, la ONU ha verificado otras 33 masacres.
El informe concluye que la estrategia militar que ha priorizado el gobierno colombiano en los últimos años no ha logrado detener la expansión de los grupos armados y recomienda al próximo gobierno de Gustavo Petro revisarla y proteger a los civiles.
Para reducir y luego buscar eliminar a los grupos armados ilegales, la ONU recomienda implementar una “política eficaz de desmantelamiento” concertada con la sociedad civil, el desarrollo de una estrategia de sometimiento colectivo y considerar “genuinamente” el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden acuerdos humanitarios o de paz.
Petro, el primer presidente de izquierda que tendrá Colombia, ha dicho que busca una “paz total” con la reanudación de las negociaciones de paz con el ELN y el sometimiento de las bandas criminales, que incluyen al Clan del Golfo, el mayor cártel del país.
De Rivero, como vocera en Colombia, dijo que la Oficina de la ONU saluda la propuesta de una nueva política de paz que propone el gobierno electo y “ofrece su acompañamiento para que se implemente en favor de la protección de los derechos humanos en los territorios”.