CIUDAD DE MÉXICO — Naciones Unidas acusó el jueves al gobierno de Nicaragua de cometer “graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes contra la humanidad” en una investigación sobre la creciente represión a la disidencia política en la nación centroamericana.
El Ejecutivo de Daniel Ortega ha perseguido a sus opositores durante años en una campaña que alcanzó su punto de inflexión en las protestas antigubernamentales de 2018, que resultaron en una represión violenta por parte de las autoridades.
Pero en el último año la represión se ha extendido a grandes sectores de la sociedad con el objetivo de “incapacitar cualquier tipo de oposición en el largo plazo”, según un grupo independiente de expertos de la ONU que investigan la situación desde marzo de 2022.
“Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, ya sea real o percibida», indicó Jan Simon, un experto que dirigió la investigación, en un comunicado. “El gobierno ha solidificado una espiral de silencio que incapacita cualquier posible oposición».
El régimen sandinista de Daniel Ortega ha repetido que las multitudinarias manifestaciones de 2018 fueron un golpe de Estado fallido orquestado por Estados Unidos y suele responder con el mismo argumento a las críticas.
El Estado ha atacado a civiles, incluyendo estudiantes universitarios, indígenas, negros así como a miembros de la Iglesia católica. Ahora persigue a menores y familiares por el simple hecho de estar relacionados con personas que alzaron su voz contra las autoridades.
En diciembre, la policía acusó a la directora del concurso de belleza Miss Nicaragua de un complot por el que habría manipulado la competencia contra las aspirantes partidarias del régimen. En febrero, la dictadura cerró más grupos sociales, incluyendo la organización de scouts del país y un club rotario.
De acuerdo con el reporte, la represión ha traspasado las fronteras del país y alcanzó a los cientos de miles de personas que huyeron de él, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica. Cientos de nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y ahora son apátridas, por lo que no pueden acceder a los derechos fundamentales.
El informe de la ONU instó al régimen de Ortega a poner en libertad a los ciudadanos detenidos “de forma arbitraria” y pidió a los líderes mundiales que amplíen las sanciones a “individuos e instituciones implicados en violaciones de los derechos humanos”.
Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, opina que el informe “le pone nombre y apellido, no sólo a la pareja de tiranos Daniel Ortega y (la vicepresidenta) Rosario Murillo, sino a todos los perpetradores” y esto “va en la línea del acceso a la justicia, de que los crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad”.
Carrión agregó que los delitos cometidos incluyen el desplazamiento forzado de “cientos de miles de nicaragüenses” que han sido “obligados al exilio y al destierro” y los efectos que esto tiene sobre miles de niños “que han sido separados de sus padres” al no permitirles entrar o salir del país o que han sido privados de sus documentos de identidad.
Por su lado, el régimen sandinista rechazó el documento y señaló que no acepta informes “manipulados” y escritos bajo un criterio “irreal” e “irracional”, siguiendo “directrices de potencias imperiales”.
“No aceptaremos a estos autoproclamados expertos en derechos humanos, para que mediante sus reportes unilaterales y sesgados, emitan un criterio irreal e irracional sobre la realidad del pueblo” nicaragüense, dijo la procuradora general del régimen Wendy Morales en un video.
Agregó que estos reportes se basan en “criterios manipulados por un grupo de personas, que son financiadas precisamente para tergiversar la realidad de nuestro país”, según la funcionaria.