WASHINGTON.- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) extendió por dos años los mandatos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado para investigar crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Daniel Ortega desde 2018.
La decisión fue aprobada por 21 de los 47 miembros del Consejo, con solo cinco votos en contra, y 21 abstenciones. La resolución fue redactada por ocho países americanos, y contó con el apoyo de Argentina y México, con las únicas abstenciones latinoamericanas provenientes de Honduras y Bolivia.
La votación renovó la resolución 49/3 del Consejo, aprobada en marzo de 2022, manteniendo los mandatos del GHREN y la OACNUDH. El GHREN tiene el mandato de identificar las causas de las violaciones de derechos humanos y a sus responsables, así como de preservar las pruebas para apoyar futuros procesos de justicia.
Los principales organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones políticas opositoras de Nicaragua habían instado a la ONU a renovar ambos mandatos, por considerar que el país sigue sufriendo falta de libertad y violaciones a las garantías individuales por parte de la administración sandinista.
A inicios de marzo, el GHREN presentó un informe en el cual concluyó que las “violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos” y que “permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad” por parte del régimen de Nicaragua.
El grupo de expertos de la ONU “tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe”.
La extensión de ambos mandatos ha sido celebrada por activistas y defensores nicaragüenses, quienes consideran que constituyen un “crucial mecanismo de rendición de cuentas”. La resolución del Consejo también amplía el alcance del trabajo del GHREN hacia la vigilancia de sucesos de violencia y abusos denunciados por comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes de Nicaragua, las personas despojadas de su nacionalidad y los actos de violencia sexual .
Nicaragua vive una profunda crisis política y social desde la represión de las protestas de 2018, que dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos y unos 100.000 exiliados.