SAN SALVADOR.- Un grupo de expertos de las Naciones Unidas manifestó su inquietud por los efectos de lo que consideran un prolongado estado de excepción en El Salvador, decretado hace más de un año por el presidente Nayib Bukele.
Los expertos advirtieron al Gobierno salvadoreño de que no debe comprometer el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública.
El estado de excepción fue impulsado por Bukele en respuesta a un aumento de la violencia perpetrada por las pandillas, lo que resultó en poderes especiales otorgados a las fuerzas de seguridad y en una nueva estrategia que el presidente defendió como exitosa, a pesar de las críticas de organismos internacionales.
La criminalidad de las pandillas convirtieron a El Salvador uno de los países más violentos del mundo.
En marzo, las autoridades locales informaron que más de 67,000 personas habían sido detenidas por supuesta pertenencia a pandillas. Pero, según los expertos, «muchas» de las detenciones son arbitrarias y algunas incluso constituyen «desapariciones forzadas de corta duración».
Los relatores de las Naciones Unidas encargados de la independencia de los magistrados y abogados, la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, así como las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, temen que el debido proceso no esté siendo garantizado.
«El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y la sentencia, conlleva el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo», enfatizaron los expertos.
Pese a las críticas de los organismos internacionales, más del 90% de los salvadoreños apoyan las medidas de Bukele debido a que logrado reducir sustancialmente la criminalidad.
Bukele señala a los defensores de derechos humanos de abogar por los pandilleros, pero no a favor de la población, y los ha instado a adoptar a un pandillero.