El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el martes una resolución en la que condenó la represión en Nicaragua y exhortó al régimen de Daniel Ortega a que restablezca los espacios cívicos y asegure elecciones libres en noviembre próximo.
El documento fue presentado por iniciativa de ocho países americanos y aprobado por 20 votos a favor, 18 abstenciones y ocho votos en contra, entre estos de Bolivia, Cuba, Venezuela, Rusia y China.
El texto indicó que el organismo observa “con grave preocupación la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes” el 7 de noviembre.
“Elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, de conformidad con obligaciones y normas internacionales, son esenciales para una solución pacífica y democrática”, agregó la resolución, que además pidió garantizar la “participación sin trabas de los políticos de oposición y observadores electorales nacionales e internacionales independientes”.
El informe también urgió al régimen de Ortega a liberar a las personas detenidas “ilegal o arbitrariamente” por razones políticas y que según la oposición suman más de 100. La mayoría fueron encarceladas durante las protestas sociales que estallaron en 2018.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las protestas sociales que se iniciaron en abril de 2018 fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y más de 100.000 exiliados. El gobierno sólo reconoce 200 fallecidos.
Tras cuestionar el “acoso e intimidación” a activistas de derechos humanos, líderes comunitarios, indígenas, mujeres y periodistas independientes, la resolución instó a las autoridades nicaragüenses a “abandonar inmediatamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica”.
Paralelamente, llamó a Ortega a autorizar “los actos pacíficos y públicos, manifestaciones, derogar o modificar la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y asociación, a la privacidad y a participar en la dirección de los asuntos públicos”.
Presentado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, el texto también amplió el mandato del monitoreo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet, para actualizar la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
En nombre del Estado de Nicaragua, el secretario privado y asesor de Ortega, el estadounidense Paul Oquist, catalogó la resolución de “agresión contra el pueblo de Nicaragua” por estar, a su juicio, “politizada y basada en grandes mentiras que reflejan las posiciones de golpistas”.
El régimen de Nicaragua ha calificado las protestas estudiantiles de 2018, que derivaron en una revuelta cívica, como “un fallido golpe de Estado”.
En un mensaje en Twitter, Julie Chung, secretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, respaldó “firmemente” el llamado de la comunidad internacional a realizar reformas electorales “significativas” en Nicaragua antes de los comicios, en los que elegirán presidente, vicepresidente y 90 miembros del Parlamento.
Fuente: Diario las Américas
“Elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, de conformidad con obligaciones y normas internacionales, son esenciales para una solución pacífica y democrática”, agregó la resolución, que además pidió garantizar la “participación sin trabas de los políticos de oposición y observadores electorales nacionales e internacionales independientes”.
El informe también urgió al régimen de Ortega a liberar a las personas detenidas “ilegal o arbitrariamente” por razones políticas y que según la oposición suman más de 100. La mayoría fueron encarceladas durante las protestas sociales que estallaron en 2018.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las protestas sociales que se iniciaron en abril de 2018 fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares con un saldo de 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y más de 100.000 exiliados. El gobierno sólo reconoce 200 fallecidos.
Tras cuestionar el “acoso e intimidación” a activistas de derechos humanos, líderes comunitarios, indígenas, mujeres y periodistas independientes, la resolución instó a las autoridades nicaragüenses a “abandonar inmediatamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica”.
Paralelamente, llamó a Ortega a autorizar “los actos pacíficos y públicos, manifestaciones, derogar o modificar la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y asociación, a la privacidad y a participar en la dirección de los asuntos públicos”.
Presentado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, el texto también amplió el mandato del monitoreo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet, para actualizar la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
En nombre del Estado de Nicaragua, el secretario privado y asesor de Ortega, el estadounidense Paul Oquist, catalogó la resolución de “agresión contra el pueblo de Nicaragua” por estar, a su juicio, “politizada y basada en grandes mentiras que reflejan las posiciones de golpistas”.
El régimen de Nicaragua ha calificado las protestas estudiantiles de 2018, que derivaron en una revuelta cívica, como “un fallido golpe de Estado”.
En un mensaje en Twitter, Julie Chung, secretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, respaldó “firmemente” el llamado de la comunidad internacional a realizar reformas electorales “significativas” en Nicaragua antes de los comicios, en los que elegirán presidente, vicepresidente y 90 miembros del Parlamento.
Fuente: Diario las Américas