Para nadie es un secreto que el régimen de Nicolás Maduro castiga cada día con mayor represión a la oposición, a cualquiera que se declare disidente o emita una crítica en contra el chavismo. Sin embargo, después de los comicios presidenciales del 28 de julio, la severidad de los ataques aumentó de una manera muy preocupante. Esa es la conclusión principal del informe de la Misión internacional independiente de Naciones Unidas.
El patrón de represión en Venezuela está claro para la organización. El régimen incurre en acoso, persecución, criminalización y detenciones arbitrarias, como parte de “un plan continuo y coordinado para silenciar y desanimar” en el país a cualquier ciudadano u organización ajena al socialismo.
Según el documento del grupo de la ONU, después de la contienda donde Maduro enfrentó al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, se registraron 2000 detenciones, entre las cuales destacaron casos contra menores de edad, y discapacitados.
“El plan y la política de represión de Maduro se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales”, indica Patricia Tappatá, también experta de la misión de la ONU.
Con falsas acusaciones
La instancia subraya las acusaciones de terrorismo e incitación al odio impuestas desde el régimen venezolano contra quienes se manifiesten en contra del fraude comicial que, con la complicidad del Consejo Nacional Electoral abiertamente en manos del chavismo, declaró a Maduro como ganador de la jornada con el 51,9 % de los votos, sin presentar actas o datos que validen tal afirmación.
“Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país”, indica el informe. En el documento también se recalca de manera sistemática que los litigios penales iniciados contra los presuntos implicados “violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso”.
Las cifras confirman que Maduro se radicalizó. De hecho, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU, subraya que “ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato”.
La conclusión deriva también de los datos previos a los comicios de este año. En el informe la organización resalta las 48 detenciones contra personal militar, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política, ocurridas con la falsa teoría de la conspiración entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.
Frente al panorama de represión de Maduro, exhortan a la comunidad internacional a “mantener activamente el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos”, especialmente, los de graves violaciones a los derechos humanos que constituyen delitos internacionales, así como de justicia y reparación para las víctimas.
Tribunal cómplice de la represión
La petición de la misión de la ONU al exterior surge no sólo del negro escenario de represión que el país atraviesa desde 2014, sino también de la falta de independencia del sistema de justicia en Venezuela.
“El Tribunal Supremo está claramente subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo”, indica en el informe, donde además acusa al ente judicial de operar como “un instrumento clave para reprimir de todas las formas a la oposición política y social”.
Al respecto, Francisco Cox, experto de la misión, declaró que las víctimas están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso.
En su opinión, “la severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”.