Una comisión de las Naciones Unidas inició este lunes (15.11.2021) una visita a México para evaluar el trabajo de las autoridades contra la desaparición forzada de personas, que el Gobierno reconoce como una «crisis humanitaria» que suma ya más de 94.000 casos.
La presencia en el país del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) «muestra la voluntad del Estado mexicano (…) de abrir las puertas a ese escrutinio», dijo la jefa de la delegación, Carmen Rosa Villa.
En un acto con personal del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Villa destacó que se trata de una «visita histórica», al ser la primera de este tipo que realiza la CED a un país desde su creación hace 11 años. La comisión llevaba solicitando la visita a México desde 2013.
Según cifras oficiales, el país registra más de 94.000 personas desaparecidas. De ellas, unas 76.000 desde 2006, cuando el Gobierno lanzó un cuestionado operativo militar antidrogas. Desde entonces, se contabilizan además unos 300.000 asesinatos, atribuidos principalmente a los cárteles del narcotráfico y otras bandas del crimen organizado.
Villa informó que el grupo visitará 12 estados y se reunirá con autoridades federales y locales para «identificar medios» que ayuden a la «prevención y lucha contra la impunidad por las desapariciones». También, participarán en exhumaciones que realizan funcionarios judiciales y familiares de víctimas. La visita concluirá el 26 de noviembre y la comisión presentará un informe en marzo próximo ante el pleno de la CED.
En el mismo acto, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, garantizó la cooperación del Gobierno del izquierdista López Obrador. Encinas recordó que, desde su llegada al poder, en 2018, el presidente reconoció las desapariciones como parte de «la crisis humanitaria y de derechos humanos» que afecta al país.
«Estamos abiertos plenamente al escrutinio internacional», aseguró el funcionario, subrayando que esa situación es la «herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno». Encinas afirmó que tras la llamada «guerra sucia» -como se conoce la violencia que ejercieron agentes del Estado contra opositores políticos entre 1965 y 1980- la lucha antidrogas desató el fenómeno de la «desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado».
Fuente: DW